Oposición observa falta de transparencia en postergación del Censo y advierte cálculos electorales

Ante la decisión del  Consejo Nacional de Autonomías, de postergar hasta el año 2024 el Censo de Población y Vivienda, que estaba previsto para el 16 de noviembre de este año, la oposición observa falta de transparencia en la decisión que ha motivado esta determinación, pero también en el uso de créditos destinados a financiar el evento nacional, así como la intencionalidad electoral.

Oposición observa falta de transparencia en postergación del Censo y advierte cálculos electorales

Fuente: Brújula Digital 

“El cálculo de la fecha (año 2024), con miras a las próximas elecciones nacionales el 2025 deja entrever todo lo contrario a la transparencia y despolitización del censo mencionados por el presidente Luis Arce Catacora”,  advirtió la diputada María René Álvarez.



En criterio de Álvarez, el aplazamiento de la fecha censal, puso en evidencia la “inoperancia e irresponsabilidad” de la ex ministra de Planificación Gabriela Mendoza, y Humberto Arandia, ambos alejados del operativo nacional, situación que desde el departamento de Santa Cruz fue manifestada en reiteradas oportunidades.
“El país no está preparado para realizar un operativo nacional de la magnitud de un censo general”, enfatizó tras señalar que este resultado es atribuible al Ejecutivo Central que rechazó la propuesta de trabajo conjunto y oportuno ofrecido por el departamento de Santa Cruz.
El senador Ricardo Paz de Comunidad Ciudadana por su parte ratificó su pedido de que el Censo se realiace durante el primer semestre del 2023 e indicó que para el 2024 sería un “censo electoral”.
“Bolivia quiere la verdad para trabajar con la verdad para identificar y resolver la crisis por la falta de trabajo y eso es distribuyendo de buena manera los recursos, no centralizando los recursos como ahora el Gobierno central administra un 85% y los gobiernos subnacionales un 15%, eso significa un buen pacto fiscal 50 y 50, por eso el Censo debe realizarse el primer semestre de 2023”, manifestó.
Por su parte la jefa de bancada de Creemos, la senadora Centa Rek  dijo que la falta de transparencia con que se adquieren los créditos y con que se está manejando la ruta censal, son más que preocupantes para el país.
“Según datos oficiales, que tampoco son transparentes, se van a gastar $us 68  millones en el Censo, tenemos $us 72 millones volando de estos créditos ($us 140 millones) que no sabemos en qué se van a aplicar en el país, a qué van a ser destinados”, cuestionó la legisladora.
La legisladora informó que en la Asamblea Legislativa se han aprobado dos créditos para la concreción del Censo, uno del Fonplata por $us 40 millones y otro del BID por $us 100 millones, sumando un total de $us 140 millones que en definitiva son nuevas deudas para el país y que sobrepasan ampliamente el dinero que el Gobierno señaló como necesarios para concretar la encuesta, que era de $us 68 millones.
Rek dijo que la “sugerencia” del Consejo Nacional de Autonomías para postergar el Censo, fue advertida por Creemos hace meses atrás; sin embargo, hoy el Gobierno ajustó la reunión con los gobernadores y alcaldes que le son afines para luego señalar que el pedido de postergación del Censo partió desde los gobiernos subnacionales y no así del Ejecutivo.
El diputado José Carlos Gutiérrez, consideró que las mentiras del Gobierno con relación al Censo 2022 quedaron develadas con la suspensión de la actividad censal hasta 2024. Responsabilizó al presidente Luis Arce, al Ministerio de Planificación y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) por manejar el tema de forma poco transparente y exigió la conformación de un Comité Nacional Impulsor del Censo en Bolivia.