El informe destaca un escaso o nulo acceso a la información pública, lo que afecta directamente a la población «dado que no pueden acceder a datos o estadísticas que permitan dimensionar la realidad en la que vive».
Fuente: dw.com
Un ambiente hostil vivió la prensa salvadoreña en 2021 con ataques, espionaje y desacreditación a la labor periodística, lo que pone en riesgo derechos fundamentales en un sistema democrático como la libertad de prensa y el acceso a la información, según señala un informe presentado este martes (26.07.2022).
El documento Libertad de prensa y acceso a la información pública en El Salvador, elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), identifica vulneraciones y dificultades experimentadas por periodistas en 2021.
Ataques a la prensa, progresivo ocultamiento de la información pública, espionaje e intimidación son las principales situaciones documentadas en ese informe. Funcionarios del Gobierno y el propio órgano Ejecutivo son los señalados, según el documento, por cometer la mayoría de dichos ataques.
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El informe indica que el ejercicio de la libertad de prensa enfrentó restricciones durante 2021, «caracterizándose por ataques a la labor periodística, la falta de acceso a la información pública y el espionaje». El ataque a periodistas «ha sido una constante durante el periodo de estudio», apunta la fuente. De igual modo, asegura el documento, «ha sido recurrente la desacreditación a periodistas y medios de comunicación que cuestionan de manera crítica la gestión gubernamental».
Según información de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre 2019 -año en que tomó posesión la actual Administración del presidente Nayib Bukele- y 2021 se registraron 421 agresiones en contra del sector periodístico. La APES reporta, según el informe, que al cierre de 2019 se registraron 77 casos de agresiones a periodistas, en 2020 se contabilizaron 125 vulneraciones y en 2021 el número de casos ascendió a 219. Así, el incremento porcentual de 2019 a 2021 fue de un 184 %. «Esta amalgama de sucesos permite evidenciar que existen graves afectaciones a la libertad de prensa», subraya el texto de OUDH.
La investigadora Carla Quinteros dijo que El Salvador está en una «fase crítica» porque existe una «criminalización y persecución» a la labor periodística, a través de «discursos de odio y estigmas», y ataques digitales provenientes, principalmente, de un «aparato gubernamental».
El informe también destaca un escaso o nulo acceso a la información pública, lo que afecta directamente a la población «dado que no pueden acceder a datos o estadísticas que permitan dimensionar la realidad en la que vive», afirmó Quinteros. «No hay acceso a la información, por ende, los periodistas no pueden generar notas periodísticas o de investigación y la población no está realmente consciente de lo que está sucediendo en el país y no pueden ejercer su derecho a informarse», expuso.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, argumentó que «sencillamente, sin información no hay participación ciudadana efectiva (…) el acceso a la información pública también permite examinar las acciones del Gobierno y constituye una base necesaria para el debate». Además, destacó que el acceso a la información «desempeña un papel importante en la reducción de la corrupción».
ama (efe, el noticiero)