En un contexto de crisis energética, el gobierno francés anunció que creará dos decretos antiderroche para que se apaguen en todo el país los carteles publicitarios luminosos entre la 1 y las 6 de la mañana. También para obligar a los comercios que tienen aire acondicionado a mantener las puertas de entrada cerradas. Dejarlas abiertas «supone un 20% más de consumo» dijo la ministra de la cartera energética. Multas de hasta 750 euros.
La ministra francesa de Transición Energética, Agnes Pannier-Runacher, anunció los decretos para obligar a los comercios con aire acondicionado a cerrar sus puertas y reducir la publicidad luminosa para ahorrar energía.
«En los próximos días publicaré dos decretos: el primero prohibirá la publicidad luminosa en todas las ciudades entre la 1 y las 6 de la mañana», con excepción de los aeropuertos y las estaciones de tren, y «el segundo prohibirá que los comercios tengan las puertas abiertas mientras funcionen el aire acondicionado y la calefacción», declaró el ministro al Journal du Dimanche.
Dejar las puertas abiertas «supone un 20% más de consumo y (…) es absurdo», justificó la funcionaria.
Ciudades como Lyon, Besançon y París dictan desde mediados de julio, cuando Francia vivió una excepcional ola de calor, ordenanzas municipales para que los comercios con aire acondicionado cierren sus puertas, bajo pena de multa.
El Gobierno tiene previsto extenderlo a todo el país, con una multa de hasta 750 euros, pero inicialmente se centrará en informar a los comerciantes.
En cuanto a la publicidad luminosa, la normativa actual distingue entre ciudades de más o menos de 800.000 habitantes: en Francia está prohibida entre la 1 y las 6 de la mañana en las ciudades de menos de 800.000 habitantes. En zonas más pobladas, las normas dependen de la normativa local sobre publicidad, si existe.
La ley actual también exige que los letreros luminosos y los escaparates se apaguen después de la 1 de la madrugada.
En la actualidad, el incumplimiento de la normativa, vigente desde 2013, rara vez se sanciona. «El reto sigue siendo conseguir que estos textos sean aplicados por quienes tienen responsabilidad pública sobre ellos: las autoridades locales y el Estado», comentó recientemente la asociación ANPCEN, que lucha contra la contaminación lumínica.