Las mujeres golpeadas y las niñas violadas solo son noticia y un caso más. Cuando ocurre un hecho, las cámaras y los micrófonos invaden vidas privadas, dañan dignidades, dedican minutos y páginas al hecho y con detalles incluidos.
Las autoridades también aprovechan la ocasión para mostrar caras tristes y prometer que están trabajando. Visitan a los familiares, les prometen abogados, apoyo, etc.
Las organizaciones feministas salen gritando “ni una menos”. Hacen marchas, pintan paredes, se hacen escuchar.
Pero nadie se para a pensar seriamente y preguntarnos qué está pasando en el Estado Plurinacional para que desde el 1 de enero al 30 de junio se hayan producido 24.918 casos de violencia a mujeres, niñas y adolescentes, desde agresiones, abusos sexuales, violaciones, estupro, abandonos.
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En este primer semestre de 2022, cada día se han dado 139 casos de estos delitos. Es el informe oficial de la fiscalía general, que detalla que en Santa Cruz es donde se concentra la mayor cantidad de estos casos. Grave, demasiado.
Santa Cruz lleva la delantera en todos esos hechos de violencia hacia la mujer y violencia sexual. Es la locomotora de la violencia, no solo del desarrollo. Es el modelo de vulneración de los derechos humanos, no solo es el modelo del motor de la economía.
Un informe que debe servir de análisis y de reorientar las políticas y los planes de la lucha contra la violencia hacia la mujer y violencia sexual hacia niñas y adolescentes.