36 organizaciones de la sociedad civil expresaron su profunda preocupación por una nueva escalada de hechos que entrañan graves violaciones a los derechos humanos, una mayor reducción del espacio cívico y un deterioro de garantías y derechos fundamentales para la vigencia de un orden democrático en Bolivia.
Fuente: lostiempos.com
Las entidades suscribieron un pronunciamiento en el que citan seis hechos que muestran que se han incrementado las condiciones de riesgo para el trabajo de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Hicieron un repaso de esos hechos que marcan hitos respecto a la violación de derechos y garantías constitucionales.
1. Hostigamiento y amedrentamiento a legisladora que lideriza acción popular por el Parque Madidi
El pasado 10 de agosto, en el contexto de la suspensión de la audiencia de tratamiento de la acción popular para proteger el Parque Nacional Madidi, la senadora Cecilia Requena denunció actos de hostigamiento y amedrentamiento por grupos de mineros cooperativistas. El hecho se constituye en un ataque al ejercicio de la defensa de derechos humanos y el medio ambiente.
Recordaron al gobierno nacional y a sus aliados, los cooperativistas mineros, que en el país rigen garantías constitucionales para el ejercicio de la defensa de derechos, y de manera específica rige la ley 1182 que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 protege a los defensores y defensoras de derechos, particularmente el derecho a un medio ambiente sano, seguro y sostenible.
2. Ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios independientes
Sostienen que se han producido ataques y campañas de desprestigio en contra de periodistas y medios de comunicación durante los bloqueos en Santa Cruz y en el conflicto por el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) La Paz. Advierten que estas acciones en contra de periodistas son cada vez más frecuentes.
Al respecto, no podemos dejar de denunciar las acciones que se encuentra ejecutando el gobierno para asfixiar, acallar y controlar al reconocido periódico Los Tiempos.
3. Mecanismos administrativos para tomar y subordinar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)
Consideran inaceptable que el Gobierno utilice mecanismos administrativos con el objeto de cooptar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia con militantes del partido oficialista.
Afirman que recientemente se ha denunciado que la APDHB ha sufrido un nuevo ataque, esta vez sutilmente por la vía administrativa por el Servicio de Impuestos Internos, que arbitrariamente ha otorgado el NIT de la APDHB al grupo oficialista elegido al margen de las normas de esta organización, desconociendo la representación de Amparo Carvajal.
4. Graves violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto de Adepcoca
En sintonía con la preocupación expresada por la Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denunciamos las innumerables violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto con campesinos de ADEPCOCA, violaciones que han sido alertadas ya por la prensa, se lee en el manifiesto.
Aseguran que han podido observar a través de información de prensa un evidente uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, al igual que un uso irregular de armamentos no aprobados conforme al estándar internacional de derechos humanos.
«De igual manera, denunciamos: las detenciones arbitrarias; el ingreso a domicilios particulares sin requerimiento de ley; exhibición de los detenidos en plena vulneración al principio de presunción de inocencia y acciones irregulares de altas autoridades del gobierno. Es deplorable que el propio director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuenta, haya actuado como «infiltrado» entre periodistas».
5. Uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos violentos de civiles durante las movilizaciones de Santa Cruz por el Censo
Las instituciones y organizaciones sostienen que se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza y la presencia de grupos irregulares que actuaron generando violencia en el contexto de medidas de protesta en el Departamento de Santa Cruz por la postergación del Censo.
Más allá de estar o no de acuerdo con estas medidas, es evidente que ellas se enmarcan en el ejercicio del derecho a la protesta. Por ello, es deplorable que desde el partido gobernante y la alcaldía de Santa Cruz se hayan alentado acciones de grupos de choque. Y es más preocupante aún que el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, haya liderado alguno de estos grupos irregulares que provocaron violencia y enfrentamientos en los bloqueos.
6. Dos hechos particularmente preocupantes: participación de altas autoridades en acciones de grupos irregulares de choque, e infiltración de militares y policías en organizaciones civiles
Consideran sumamente preocupante que altas autoridades de gobierno participen en actividades de grupos irregulares violentos en contra de la población civil. Y la gravedad de estos hechos se agranda cuando el Ministerio Público ratifica y naturaliza la impunidad de estos hechos al desestimar realizar acciones que le corresponde asumir.
Otro hecho que reviste alta gravedad es el incremento y naturalización de la infiltración de militares y policías en espacios y acciones de organizaciones de la sociedad civil. Se ha evidenciado que esta infiltración viene junto con perversas prácticas de «sembrado de pruebas» para inculpar a civiles y ejercer persecución política. Estas prácticas traducen una actuación del Estado abusiva y abiertamente violatoria de los derechos fundamentales. Se enmarcan ya en acciones de total abuso de poder y persecución política, constituyéndose en mayor evidencia del deterioro del Estado de derecho y las garantías democráticas.
Las 36 organizaciones firmantes ante todos los hechos mencionados exigen al gobierno boliviano «resolver los conflictos respetando la dignidad y todos los derechos humanos de los distintos sectores en conflicto. Le exigimos asumir un compromiso efectivo para impulsar una reconciliación nacional».
Alertan a la «Comunidad Internacional, particularmente a organismos de protección de derechos humanos, sobre estos hechos, y le instamos a hacer seguimiento a estas denuncias, para evitar una deriva autoritaria en el ejercicio del Poder Político en Bolivia y un mayor deterioro del Estado de derecho», manifestaron.
Organizaciones firmantes:
1. Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB 2. Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP 3. Asociación Nacional de la Prensa – ANP 4. Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia – APDHB 5. Asamblea Permanente de Derechos Humanos Oruro – APDHO 6. Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Paz – APDHLP 7. Asamblea Permanente de Derechos Humanos Tarija – APDHT 8. Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba – FSTPC 9. Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia – FODHJ 10. Liga de Defensa del Medio Ambiente – LIDEMA 11. Fundación TIERRA 12. Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE, Potosí. 13. Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey – MCIRBTQ 14. Coordinadora en Defensa de la Amazonía – CODA 15. Subcentral de Comunidades Campesinas Tariquía, Tarija 16. Resistencia Tucabaca, Roboré, Santa Cruz 17. Comité Cívico de Roboré, Santa Cruz 18. Cáritas Pastoral Social Tarija 19. Productividad Biósfera y Medio Ambiente – PROBIOMA 20. Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente – CODAPMA 21. Asociación Productiva Integral Peñas, Oruro. 22. Red Chimpu Warmi 23. Colectivo Suma Sartawi Wasi 24. Colectivo Sin Límites 25. Colectivo Consumidores Conscientes 26. Fundación Hábitat Verde 27. AYNISUYU 28. Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – CASA 29. Sociedad Potosina de Ecología – SOPE 30. Asociación Sucrense de Ecología – ASE 31. Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija – CERDET 32. Vida Verde Tarija – VIVE 33. INFANTE – Promoción Integral de la Mujer y la Infancia 34. SOMOS SUR – Espacio Alternativo de (In) formación, Cochabamba 35. Comité Nacional de Defensa de la Democracia CONADE 36. Observatorio Jurídico Electoral «Del Revés al Derecho».