Caso terrorismo: proceso de Zvonko contra el Estado ingresa a etapa de fondo en la CIDH

Matkovic fue recluido durante casi 10 años por un proceso extinto y donde se advirtieron una serie de vulneraciones a los derechos humanos durante el gobierno de Evo Morales.

Alvaro Rosales Melgar



Fuente: El Deber

La denuncia internacional por la violación a los derechos humanos de Zvonko Matkovic por parte del Estado boliviano ingresa a una nueva etapa en la instancia que corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vieja herida que será sometida a un periodo de análisis de fondo con los argumentos que fueron presentados por ambas partes en conflicto.

Matkovic, quien actualmente funge como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, fue recluido durante casi 10 años de manera preventiva (8 de ellos tras las rejas y dos con detención domiciliaria) por una no demostrada presunta implicación en el extinto ‘caso terrorismo’ y en su búsqueda de justicia empieza a haber una luz al final del túnel.

El tiempo de reclusión fue solo un ejemplo del abuso y violación de derechos humanos, según explicó Gary Prado, abogado de la víctima (Matkovic), en un contacto con EL DEBER.

La demanda de Zvonko data del año 2015, donde se expuso que en varias ocasiones se le fue negado el cese de tención preventiva y ahora el caso se amplió por los casi 11 años que duró el denominado ‘caso terrorismo’, por lo que se valoró abrir esta contestación de análisis de fondo.

Un informe de Admisibilidad firmado por Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, reseña todo el periplo de Matkovic en torno a este caso y las veces que se tocó las puertas de la justicia boliviana donde se hicieron notar las irregularidades y violaciones a los derecho humanos de Zvonko.

Zvonko Matkovic pasó más de diez años recluido preventivamente.

«En este periodo, Zvonko va a alegar y fundamentar con otras pruebas entregadas que las vulneraciones existieron, frente a la visión del Estado -como denunciado- que considera que con haber sido absuelto Zvonko en 2020 ya no hay vulneraciones y no hay nada que reclamar», puntualizó el abogado.

Prado agregó que lo que se busca es que haya una serie de reparaciones que van desde lo moral hasta lo material, por lo que no se descarta abordar el tema de una indemnización, no solo por los años de reclusión, sino también por otras violaciones a los derechos que serán expuestas líneas adelante.

«Vamos a probar que las vulneraciones han existido. Por ejemplo, no hay que negar que estuvo preso preventivamente un tiempo mayor que el que establece la ley, que no se suelte a los acusados por terrorismo fue una consigna política«, apuntó Prado.

A esto se suma las veces que Zvonko fue presentado ante la opinión pública como parte de una célula terrorista, no solo a través de los medios de comunicación, sino también usando su imagen en otros escenarios, tanto dentro como fuera de Bolivia con libros, publicaciones y otros elementos propagandísticos utilizados por el Gobierno de Juan Evo Morales. En resumen, se violó el principio de presunción de inocencia y es muy fácil probarlo, según Prado.

Por otro lado, quien llevó adelante el proceso fue un tribunal en La Paz, cuando todo de lo que se acusó Zvonko sucedió en Santa Cruz. «Es otra vulneración que fue reclamada y el Gobierno se impuso», se viola la norma del juez natural. A esto se suma que Zvonko estuvo recluido en una cárcel de La Paz.

Otra prueba es el caso del exfiscal Marcelo Sosa, quien «se dedicó a extorsionar a la familia» de Zvonko, tema por el que fue investigado y sancionado, pero no purga pena porque se encuentra en Brasil, lo que Prado ve como otra prueba irrebatible, ya que la exautoridad del Ministerio Público no dio garantías a una investigación imparcial y cayó en hechos de corrupción.

«Solo hay que ver el efecto político que esto tiene. Con el caso de Zvonko, la CIDH le da un mensaje al Movimiento Al Socialismo (MAS): que tarde o temprano los que usan política para hacer justicia pagan las consecuencias«, apuntó Prado.

Matkovic espera justicia ante la demanda vigente. Foto de archivo (EL DEBER).

No obstante, todavía queda camino por recorrer en este periplo de la parte denunciante, que si bien logró en su momento ser postergado por el Estado, ahora no se puede dilatar más y lo que toca es mostrar que los bolivianos merecen una seguridad jurídica al ser acusados, de acuerdo con Prado.

Lo próximo será que la parte denunciante presente sus alegatos, al igual que la parte denunciada (el Estado), así como las respectivas réplicas y contraargumentaciones, que pueden dilatar el proceso entre uno y dos años, incluso puede abrirse una etapa para conciliar y lo siguiente sería ir hasta la Corte, según la explicación de Gary Prado.

«Esto ha sido un montaje abusivo, no quisieron conciliar cuando tuvieron la oportunidad y van a seguir obstinados diciendo que el Estado es libre y soberano y no va a dejar que haya interferencia de nadie (la CIDH). Nunca se quieren hacer responsables de sus actos y nos vamos a ver en la Corte Interamericana», señaló el jurista.

A estos se suman otras denuncias a las que debe hacer frente el Estado por el mismo caso extinto, mismas que son impulsadas por otras víctimas como Elöd Tóásó y Mario Tadic, al igual que los bolivianos Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, solo por mencionar a alguno de los afectados de la lista.

«Esta una alerta a una práctica abusiva que debe cesar. Creyeron que podían quebrar a las personas con la detención preventiva con proceso largos, tediosos e insulsos y no lo lograron. Ahora se enfrentan a una justicia que no admite presión ni lobby y que a la larga los va a condenar», concluyó Prado.