La Comisión Mixta de Planificación lleva adelante el proceso de selección y designación de la futura autoridad de la Contraloría General del Estado. ANF revisó las hojas de vida de los aspirantes.
Fuente: ANF
Los profesionales postulantes al cargo de Contralor General del Estado en su mayoría son auditores financieros y economistas, solo hay tres de profesión abogados. De los 21 aspirantes al cargo, la mayoría son funcionarios públicos de el nivel central del Estado y otros de gobiernos subnacionales.
La ANF revisó las hojas de vida de los 21 candidatos que pasaron a la etapa de entrevistas del proceso de selección y designación de la nueva autoridad y evidenció que la gran mayoría son funcionarios departamentales y nacionales de la misma Contraloría; otros forman parte de gobiernos subnacionales de las unidades de auditoría y muy pocos son profesionales independientes.
El proceso de elección y designación se encuentra en la etapa de entrevista personales cuyo periodo inició este miércoles y concluirá el viernes. La siguiente fase es la publicación de los postulantes habilitados que pasarán a la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser elegidos por dos tercios de votos de los parlamentarios de las tres fuerzas políticas.
Primer grupo de entrevistados (miércoles)
Carlos Javier Garrón cuenta con experiencia académica en pregrado y postgrado en las áreas financieras y económicas y dicta clases en el departamento de Chuquisaca. Además, fue gerente general (2008-2010) en el Consejo de la Judicatura del Órgano Judicial, fue jefe administrativo de la Corporación Regional del Desarrollo (1990-1994) y jefe de la institución de Técnicos Asociados de Auditoría (1985-1990), entre otros.
En relación a sus títulos profesionales, el candidato obtuvo dos licenciaturas, uno en Contaduría Pública y otro en Ciencias Financieras de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca; además tiene una maestría en Educación Superior y una especialización en el área económica.
En su hoja de vida no señala si habla o no dos idiomas, aunque en la entrevista hablo en quechua. Cumplió con el servicio premilitar.
Según su currículum, Gerard Pablo Rojas Aliaga trabajó como responsable nacional de Tesorería y Presupuestos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (2020-2021); sin embargo, en su declaración jurada, de junio de 2021, todavía funge como funcionario de esa institución. Declaró que tiene activos por Bs 22.000, deudas pasivas por Bs 44.500 y rentas por Bs 124.619.
También trabajó en el Colegio de Auditores de La Paz (2018-2020); fue auditor externo en una cooperativa; se desempeñó como auditor externo en el Ministerio de Medio ambiente y Agua (MMAyA) (2016-2017); y ocupó otros puestos laborales en empresas privadas en el área administrativa.
El profesional cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública (2007), una maestría en Administración de Empresas (2011) y varias especializaciones en el ámbito aduanero y tributario y en educación superior. No mostró experiencia en investigación sobre recuperación de bienes del Estado.
Desde febrero de 2021, la candidata Olga Edith Suárez Jiménez trabaja en la Contraloría General del Estado como subcontralora del nivel central y según su declaración jurada tiene cuatro bienes en su poder y un total de rentas recibidas de Bs 373.537.
Su hoja de vida develó que su vida laboral inició en la Contraloría Departamental de Trinidad (1990-1993) y con el tiempo pasó a trabajar en la misma institución del Estado, pero esta vez en la departamental de Santa Cruz (1993-2009). Posteriormente, durante 10 años y 27 días, se desempeñó como Subcontralora de Auditoría Externa en la Contraloría General del Estado.
La postulante cuenta con un título de Auditora Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); además, cuenta con una maestría en Educación Superior de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA). También optó por diferentes cursos y seminarios internacionales de especialización.
Según su perfil académico, no habla dos idiomas.
De acuerdo a la hoja de vida de Ángel Quisbert Blanco, tiene 16 años de experiencia laboral y actualmente es socio principal de Consultoras Anquisbert y Anderen S.R.L.
Durante su vida profesional asumió cargos jerárquicos en el servicio público y en áreas relacionadas al control interno de las instituciones (2012-2019), por ejemplo, Safi Unión, Valores Unión, Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
De 2011 a 2021, dictó clases universitarias sobre áreas financieras en pregrado y postgrado. Actualmente es licenciado en Auditoria y tiene maestrías en Auditoría y Control Financiero y Educación Superior.
El postulante Roy Cecilio Ancasi Colque tiene ocho años de experiencia como Auditor Financiero, según su currículum vitae. Su declaración jurada, de noviembre de 2021, devela que tiene cinco bienes en su poder, activos por Bs 462.945, cero deudas y rentas por Bs 3.157.
El profesional trabaja como Jefe de la Unidad de Auditoría Interna en la alcaldía de El Alto (2021-2022). Asimismo, de 2007 a 2011 ejerció tres cargos diferentes en la Contraloría Departamental de Pando y posteriormente trabajó en la gobernación de Pando en las áreas de Asesoría Legal, Relaciones Interinstitucionales y Coordinador Administrativo.
Luego ingresó de Consultor Individual de Auditoría al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y participó en procesos de investigación de recuperación de bienes del Estado.
El profesional cuenta con una licenciatura de Auditor Financiero y tiene diplomados en Formación de Líderes y Administración Municipal.
El auditor Alfredo Lorenzo Villca Cari declaró, en agosto de 2022, que trabaja en FONABOSQUES del MMAyA y cuenta con dos bienes, activos por Bs 79.000, deudas pasivas por Bs 200.000 y rentas por Bs 132.961.
Según su hoja de vida, trabajó como encargado de almacenes de una importadora de bebidas alcohólicas y gaseosas (2019-2021), ofreció sus servicios de profesional independiente (2016-2018), fue gerente de la Contraloría Departamental de Santa Cruz (2010-2014) y jefe de la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT (2009-2010).
También ejerció cargos sindicales en empresas privadas y fue docente invitado en universidades privadas. No estuvo en ninguna actividad relacionada a la recuperación de los bienes del Estado.
El candidato Javier Vega Viza es excontralor Departamental de La Paz y fue el último en presentar su postulación. Según su hoja de vida cuenta con 23 años de experiencia en el área de auditoría. También fue Contralor en el Beni (2009-2010), gerente nacional de Auditoría Externa (2010-2011), y subcontralor de Auditoría Externa (2010-2011).
En 2006 obtuvo su licenciatura de Contador Público de la UMSA.
Segundo grupo de entrevistados (jueves)
La postulante Sandra Quiroga Solano es auditora financiera y asegura que tiene más de 28 años de experiencia profesional en cargos jerárquicos y operativos. Actualmente figura como funcionaria de la Contraloría General del Estado. En febrero de este año declaró que tiene ocho bienes, activos por Bs 10.729, pasivos por Bs 1.034.001 y rentas por Bs 236.616.
En su hoja de vida precisó que tiene 19 años de experiencia en cargos jerárquicos, por ejemplo, en la subcontraloría departamental y cargo similar en el nivel central, además fue gerente principal del Control Interno de la misma institución, entre otros cargos.
La profesional aclaró que dicta clases de pregrado y postgrado en diferentes universidades públicas y privadas en temas relacionadas a la auditoría.
Según su hoja de vida, Benedicto Marcos Apaza Vargas actualmente es jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Bolivia TV y está en el cargo desde julio de 2021. Según su declaración jurada cuenta con tres bienes, activos por Bs 106.800, cero deudas y rentas por Bs 79.250.
Trabajó en la Contraloría General del Estado durante 24 años: Auditor (1990-1995), Supervisor de Auditoría (1995-1998), gerente de Auditoría (1998-2007), gerente de Auditoría en la contraloría de La Paz (2010-2012) y subcontralor de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales (2012-2017).
Además, ejerció labores en el Ministerio de Gobierno durante tres años (2007-2010) en el cargo de Jefe Auditor y en la Vicepresidencia del Estado (2018-2021) en el mismo cargo.
Es licenciado en Auditoría Financiera, Técnico Superior en Contaduría y tiene un diplomado en Educación Superior.
El postulante Armando Arce Balcazar es Auditor Financiero y Contador Público. Durante los últimos 18 años (2004-2022) realizó auditorías internas en la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. En 2003, supervisó auditorías en el Ministerio de Servicios de Obras Públicas y de 2002 a 2003 fue tesorero del Servicio de Aeropuertos Bolivianos. Además, de 1997 al 2000 ofreció diferentes servicios de auditoría en instituciones públicas y privadas.
En su hoja de vida no demostró tener experiencia en recuperación de bienes del Estado, pero ofreció asesoramiento a empresas como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio X, Colegio Departamental de Auditores de Cochabamba.
Hasta el 2002 dictó clases en la Universidad de Chuquisaca, Universidad Adventista de Bolivia y la Universidad del Valle en temas relacionados a la auditoría financiera.
El postulante Sixto Cecilio Mendoza Patty es titulado en Derecho de la UPEA y egresado en Comercio Internacional.
Durante los últimos 10 años apoyó en “trámites en personalidades jurídicas obtenidas de organizaciones sociales, territoriales, asociaciones, fundaciones”. Del 2012 a 2021 también fue el presidente de la Federación Departamental de Productores Agropecuarios de La Paz.
Si bien en la convocatoria señala que para el cargo pueden presentarse profesionales de las áreas de Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas y Comerciales, Auditoria, Contaduría Pública o Derecho, Mendoza no mostró tener experiencia en casos de auditorías públicas.
El candidato Gustavo Morejón Ignacio actualmente es docente emérito (1994-2022) de tiempo completo en la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y fue director de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativa (2015-2017). Antes de dar cátedra universitaria, ejerció diferentes cargos en al área municipal.
En 1986 se tituló de Auditor Financiero, en 1999 obtuvo una maestría en Auditoría y Control Financiero y es candidato a un doctorado en Contabilidad y Auditoría.
Habla los idiomas además del español, quechua e inglés.
El candidato Edgar Luis Cayujra Barreto también se tituló en Derecho de la UMSA en 1996 y se especializó en Derecho Empresarial y Lucha Contra la Corrupción. En la actualidad trabaja en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
En 2019 trabajó en la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), además pasó por el Ministerio de Justicia (2017-2018) casi con el mismo cargo, así como por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (2009). De 2004 a 2005 ejerció la abogacía libre.
El postulante Rómulo Cahuana Choque figura como funcionario de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, declaró en enero de 2021 que tiene activos por Bs 106.921, cero deudas, y rentas por Bs 2.879.
Fue responsable de Contabilidad y Tesorería del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (2017), vicecónsul de Bolivia en Cuzco, Perú (2016), encargado de Tesorería del Ministerio de Justicia (2012), director general de Planificación de la Cancillería de Bolivia (2009-2010) entre otros cargos públicos.
Se tituló de la carrera de Auditoría Financiera de la UMSA y es magister en Administración de Empresas.
Tercer grupo de entrevistados (viernes)
La candidata Ana María Chuquimia Quispe se tituló de la UMSA como Auditora Financiera en 1994 e ingresó a la Contralaría General de la República como becaria en 1995 y prácticamente desarrolló su vida laboral y especialización en esa institución del Estado durante los últimos 27 años, actualmente ocupa el cargo de gerente de Auditoría.
Declaró en marzo de 2022 que tiene activos por Bs 560.672 y rentas por Bs 150.488.
El postulante Jaime Loayza Tapia ofreció sus servicios de Auditor Financiero a las diferentes instituciones públicas y privadas bajo la firma de AconsulM, Auditores&Consultores Multidisciplinarios (1996-2022), por ejemplo, su último cargo fue gerente de auditoría en la alcaldía de San Juan y antes de eso estuvo con el mismo cargo en el Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas en Santa Cruz.
El profesional es licenciado en Contaduría Pública, tiene una maestría en Auditoría y Control de Gestión y obtuvo otras especialidades y certificados de participación en el área financiera.
Gran parte de su vida profesional, Miguel Ángel Marañon Urquidi la dedicó al Ministerio de Economía, de 2007 a 2021 fue analista presupuestario de Entidades Territoriales Autónomas. En octubre de 2021 declaró que tiene dos bienes en su poder, activos por Bs 750 y deudas por 54.200.
Es licenciado en Economía y tiene varios diplomados en el campo de la Economía y la Evaluación de Proyectos.
La candidata María Teresa Valdez De Candia es directora nacional de Administración y Finanzas del SEGIP (2021-2022), fue vicecónsul de Bolivia en Washington DC (2018-2020), directora general de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia (2012-2016), gerente principal de Auditoria Externa de la Contraloría General de la República (2001-2006). Inició su profesión como oficinista y pasó por diferentes cargos públicos.
En su declaración jurada, de abril de 2022, reveló que tiene cinco bienes, activos por Bs 62.402 y rentas por Bs 299.632. Se tituló como Auditora Financiera de la UMSA y prepara su tesis de maestría en desarrollo humano sostenible.
Edino Claudio Clavijo Ponce es el tercer abogado que se presentó a la elección y designación de la Contraloría General del Estado. Según su declaración jurada, de junio de 2022, tiene tres bienes en su poder, activos por Bs 12.000, cero deudas y rentas por Bs 239.000.
Durante los últimos 10 años trabajó en la Contraloría y actualmente está con el cargo de subcontralor de Servicios Legales. En la misma institución también ocupó el cargo de gerente principal de Servicios Legales (2011-2012), otra vez en Servicios Legales y Supervisor (2007-2010).
Participó en procesos de investigación que facilitaron la recuperación de bienes o recursos del Estado, por ejemplo, en uno de los casos se rescató $us 16 millones para el país que quedó establecido en el Decreto Supremo 1255 (2012).
Entre tanto, Mary Emilia Morales Velásquez es licenciada en Auditoría, master en Educación Superior y cuenta con diplomas académicas obtenidas de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.
La profesional actualmente figura como parte del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y según su declaración jurada, de enero de 2022, tiene un bien en su poder, activos por Bs 106.262, deudas por Bs 875.571 y rentas por Bs 284.424. Sin embargo, en su hoja de vida dijo que su cargo actual es docente titular de la carrera de Auditoría de la Tomás Frías.
Los cargos que desempeñó en el sector público, entre 1977 y 2021 son: Auxiliar de Contabilidad en Servicios Eléctricos de Potosí (1977); Contadora en la empresa Volatilizadora Careaga Hermanos (1979); Auditora en la Contraloría Departamental de Potosí (1988-1994); auditora interna en la gobernación potosina (1999-2006 y 2010-2015); y directora de auditoría interna de la Alcaldía de Potosí (2015-2021).
Por último, Filomena Ingala Callex actualmente funge como jefa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2020-2022). En su hoja de vida precisó que tiene 19 años de experiencia en el campo de la auditoría; sin embargo, renunció a 10 de 13 puestos de trabajo que ocupó en las instituciones del Estado.
Durante su declaración jurada, de marzo de 2022, dijo que tiene en su poder dos bienes, cero activos, pasivos por Bs 72.000 y rentas por Bs 220.454.
Ella es licenciada en Auditoría Financiera y cuenta con tres diplomados en Derecho Administrativo, Educación Superior y Auditoría Operacional.