Saliendo adelante desde las cenizas

El 31 de julio de 2022 se produjo un terrible incendio en el populoso «Mercado Mutualista» de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, afectando a comerciantes minoristas, vivanderos, productores y artesanos, entre otros sectores, siniestro que no fue atendido oportunamente por parte de las autoridades regionales, dejando en la incertidumbre a varias familias afectadas principalmente del sector gremial.

Esta desavenencia generó la atención del gobierno nacional, que mediante Decreto Supremo N.º 4775, estableció que las entidades de intermediación financiera, a solicitud de los prestatarios afectados y en función a su situación económica y capacidad de pago, deben acordar la reprogramación de las operaciones de crédito, señalando además que se podrán considerar en el proceso de análisis la incorporación de periodos de gracia, entre otras medidas que se ajusten a la nueva realidad financiera de los mismos y que permita la reactivación económica de sus actividades.



Adicionalmente, el mencionado Decreto, establece que las entidades financieras, en el plazo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la publicación del mismo, deberán contar con un registro de los prestatarios afectados por el incendio suscitado en el citado «Mercado Mutualista», que al presente mantengan deudas con dichas entidades; información sobre la cual procederán a la reprogramación de créditos conforme lo dispone la citada norma.

Sumado a lo anterior, se establece que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, estará encargada de controlar y verificar, el cumplimiento del mencionado Decreto Supremo que viabiliza la reprogramación de operaciones para las familias afectadas por el incendio.

Sin duda alguna, la reprogramación de créditos, se constituye en una medida adecuada, misma que permitirá reactivar las actividades económicas de dichas familias en el corto y mediano plazo, permitiéndoles contar con plazos para que nuevamente retomen sus actividades laborales y generen los recursos necesarios que les permita contar con el sustento adecuado.

Por su parte, llama la atención el poco interés y dejadez de las autoridades regionales que no asumieron medidas concretas para apoyar a las familias que perdieron su capital de trabajo, desconociendo los principios de apoyo necesario para este tipo de contingencias.

Es de destacar el apoyo del Estado que protege a la familia boliviana como el núcleo fundamental de la sociedad, garantizando las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo íntegro bajo el principio de solidaridad ante tal siniestro.

Este tipo de eventos debe llamar a la reflexión de la población en general, pero principalmente de las autoridades de turno, mientras existe desinterés de parte de la autoridad regional, el gobierno nacional brinda un rocío de esperanza entre las cenizas del infortunio.

 

Franz Apaza es Administrador de Empresas