El MAS acusa a ejecutivos de ABC de recibir Bs 18,6 millones para adjudicar obra

La denuncia fue presentada el 26 de agosto por el diputado Héctor Arce (MAS). Asegura que el monto fue cobrado a una empresa china para la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez. El ministro Montaño dijo que se sumó a la querella

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Fuente: El Deber



Luis Marcelo Tedesqui Vargas

El diputado Héctor Arce, del MAS, acudió el 26 de agosto a la Fiscalía de Sucre para denunciar al presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, que depende directamente del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y otros funcionarios de recibir una presunta coima de Bs 18,6 millones de la empresa china Harbour Engeneering Company (Chec), para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez, en el departamento de Chuquisaca.

En la denuncia, a la que tuvo acceso este medio, se califica este hecho como un “grave hecho de corrupción” y sindica como autores de cuatro presuntos delitos a Henry Nina, que también es dirigente del sector de los interculturales, y al secretario general de la ABC, Freddy Mamani, quien trabajó como asesor de Edgar Montaño cuando ejercía como diputado por el MAS.

El ministro Montaño y Henry Nina salieron a responder esta denuncia, en dos conferencias de prensa. Ambos se abrieron, por separado, a someterse a cualquier investigación.

Nina compareció primero. “Si hubiera alguna denuncia, nuestra gestión va a coadyuvar con cualquier investigación para determinar la verdad de los hechos”.

Además, acotó que “si hay funcionarios que utilizaron el nombre de la institución y, peor, mi nombre como presidente de la ABC, se los sancionará. Si se demuestra que las denuncias son falsas, seguiré las acciones que correspondan. No se hagan sorprender con personas inescrupulosas que ofertan contratos con instituciones del Estado”, dijo.

Más tarde, en otra conferencia de prensa, el ministro Montaño informó que ayer tomó conocimiento de esta denuncia. “Soy duro en contra de los corruptos. No taparemos absolutamente a nadie. Por eso, informo que mi persona se adhiere a la denuncia. Puertas abiertas a quienes creen que hubo casos de corrupción en la licitación de la carretera Sucre-Yamparáez”.

En febrero de 2021, Jin Zhengyuan, en representación de la empresa Chec, se presentó en las oficinas de John Milton, pseudónimo de un testigo protegido conforme al numeral 1 del artículo 8 de la ley 458 de Protección de testigos, para solicitar “apoyo profesional en la preparación, presentación y posible consecución de proyectos de infraestructura caminera con empresas estatales y privadas.

John Milton concretó reuniones de trabajo con diferentes instituciones. La denuncia establece que Henry Nina, como presidente de la ABC, “bajo una participación criminal” conjunta con nueve funcionarios de la ABC “materializaron todas las acciones planificadas con el ciudadano Zhengyuan, representante de Chec para beneficiarla con la construcción de la carretera.

La denuncia

Según el documento, el 18 de noviembre de 2021, la ABC regional Chuquisaca publicó en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), a través de una convocatoria pública internacional la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, bajo el método de selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo. El precio referencial de la obra era Bs 499,4 millones, equivalente a $us 65,6 millones.

A fines de noviembre de 2021, el documento relata que “Freddy Mamani, secretario general de la ABC, y exasesor legal del exdiputado y ahora ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en nombre del presidente de la ABC, Henry Nina Calle, se contactó directamente y concretó con el representante de la empresa Chec una reunión presencial para definir el monto de la comisión (soborno, cohecho pasivo y activo) que requería Henry Nina para adjudicar el proyecto”.

Como contexto, la ABC depende del ministerio de Obras Públicas. De hecho, el 13 de noviembre de 2020, Montaño posesionó al hasta entonces ejecutivo de los interculturales, Henry Nina, como presidente de esa entidad.

Según el documento, que se basa en la declaración del testigo protegido, el presidente de ABC, Henry Nina, requería un monto inicial del 4% del total del valor de la obra a ser cancelado en efectivo. “Debiendo pagarse el 50% del total al momento de recibir el anticipo de ejecución de obra, y el restante 50%, conforme al avance y aprobación de planillas pendientes en la ejecución total de la obra, lo cual ascendería a un monto total de Bs 18,6 millones, lo que equivale a $us 2,6 millones.

El documento advierte que concretados los montos y modalidades de las acciones de corrupción respecto al pago de beneficios ilegales, el 8 de diciembre de 2021 se aprobó el documento base de contratación (DBC) para la construcción.

El 27 de diciembre en las oficinas de la ABC Sucre, se efectuó el cierre de la recepción de propuestas de seis empresas. Más tarde, el mismo día, se procedió a la apertura de cartas y la empresa Asociación Accidental China Harbour, presentó la oferta más baja de Bs 456,8 millones.

El 6 de enero el gerente técnico de ABC, Cristian Mendieta, se comunicó con el empresario chino Jin Zhengyuan y le hizo conocer que de la revisión de la propuesta económica de Chec por parte de la comisión de calificación se detectó que la propuesta contenía errores técnicos de cálculo que resultarían en la eliminación o pérdida de la adjudicación. Sin embargo, dice el documento, los informes de la comisión de calificación y resolución de adjudicación ya habían sido emitidos. Por lo que fue necesario “modificar y reemplazar algunas hojas de la propuesta presentada. Tres páginas y dos formularios debían ser cambiados. Por eso le solicitó que lleve la impresora, el foliador y los sellos utilizados en la presentación de su propuesta.

Mendieta concretó luego, según la acusación, una reunión con la comisión de calificación, en la mañana del 6 de enero en la Residencial Bolivia, Sucre, para intercambiar las hojas modificadas y subsanadas. Pero, el documento señala que la empresa Chec imprimió la propuesta económica y técnica en La Paz, por lo que se vio imposibilitada de cumplir con el requerimiento de tener a la mano la impresora utilizada, llevó el mismo foliador y los sellos.

El ciudadano chino se instaló en una de las habitaciones donde estaba alojado uno de los funcionarios de la comisión de calificación. Allí le mostraron los errores, realizaron las modificaciones y reemplazaron en la propuesta de Chec, y de esta forma, el documento quedó como si lo hubieran presentado originalmente el 27 de diciembre de 2021.

El documento describe como segundo acto de corrupción, que el viernes 4 de marzo de 2022, una vez realizado el pago del anticipo de la ABC a la empresa Chec, Jin Zhengyuan procedió a cumplir con el pago iniciado acordado del 4%.

Por ello, el documento establece que Henry Nina cometió varios delitos: cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Primero, el documento sustenta que como presidente de la ABC tomó contacto con la empresa china y solicitó a través de Freddy Mamani, una ganancia ilícita del 4% del total del monto adjudicado, lo que justifica el cohecho y uso indebido de influencias.

El delito de contratos lesivos contra el Estado, porque como presidente de la ABC, conociendo que la empresa Chec no cumplía con los requisitos establecidos en el DBC, y para obtener beneficios económicos, ordenó y autorizó la elaboración pre datada y pre elaborada del informe de la comisión de calificación, para luego corregir y reemplazar la documentación.

Incumplimiento de deberes, porque se rehusó a llevar un proceso transparente de contratación bajo la modalidad de licitación pública, buscó obtener un monto económico ilegal solicitado al representante chino, el mismo que fue efectivizado tras el pago del anticipo.

Conducta antieconómica, porque dirigió la adjudicación a una empresa que no cumplía los requisitos del DBC, favoreciendo a la empresa con un informe de calificación direccionado. No permitió que el Estado adjudique la construcción de la vía a la empresa con la mejor propuesta, ocasionando un daño patrimonial y a los intereses del Estado.