La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió ayer el cierre de industrias y el incremento de los precios de las bebidas no alcohólicas (gaseosas) y alcohólicas (incluida la cerveza), si se elevan las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, indicó que el sector industrial se declaró en estado de emergencia ante una eventual discrecionalidad para fijar la alícuota del ICE a través del Proyecto de Ley 354/2021-2022 “Modificaciones al Presupuesto General del Estadogestión 2022” que establece bandas de alícuotas específicas y alícuotas porcentuales para bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

“La aprobación de la medida representa una inminente subida de los precios en todos los productos afectados por el ICE, afectando a la economía de las familias bolivianas (…). Las industrias bolivianas no podrán resistir un eventual incremento en las alícuotas del ICE, por lo que muchas de ellas se verán obligadas a cerrar sus unidades de producción”, establecen los puntos 3 y 4 del pronunciamiento.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado el proyecto de Ley 354/2021-2022, que modifica el Presupuesto General del Estado 2022, en la cual se plantea modificar el Parágrafo II del Anexo al Artículo 79 de la Ley 843 para establecer rangos para el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).

No obstante, el domingo, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, indicó que las modificaciones al PGE 2022 no incrementan las alícuotas del ICE a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas de producción nacional, por el contrario, el Gobierno trabaja en la aplicación de medidas que beneficien a la industria nacional y fortalezcan la sustitución de importaciones.

“En este proyecto de norma hemos establecido rangos para el Impuesto al Consumo Específico (ICE) donde hemos determinado bandas de las alícuotas, pero en ningún momento se ha modificado, se ha incrementado las alícuotas que vaya en detrimento de la industria nacional, no hay ningún incremento sobre el tema de las alícuotas del ICE a las bebidas alcohólicas”, aclaró el viceministro en contacto con la prensa nacional.

Además, la CNI advirtió que la norma ocasionará un efecto multiplicador en toda la cadena logística y de valor a nivel nacional: la producción industrial, los productores, transporte, almacenaje, los comerciantes formales y miles de familias bolivianas.

Esto derivaría en una escalada inflacionaria no solo en el sector, sino en la economía boliviana en su conjunto y se generaría el aumento del desempleo a nivel nacional y en la caída de la generación y la calidad del empleo formal en Bolivia, señala la CNI.

Añade que también habrá el incremento del contrabando, “aumentando el impacto negativo que esta actividad ilícita genera en los industriales bolivianos”.

Para evitar aquello, el sector industrial demanda una reunión con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, para hacer conocer el impacto de esta medida en el sector productivo boliviano.

“La unidad, la familia industrial llama a las autoridades nacionales a proteger la industria y a precautelar por el empleo formal en Bolivia anulando el Proyecto de Ley 354/2021-2022 que amenaza la sostenibilidad de la Producción de lo Hecho en Bolivia”, señala el pronunciamiento de la CNI.

Por su parte, el senador Félix Ajpi, luego de que algunos legisladores de oposición se pronunciaran en contra de un supuesto “impuestazo a las bebidas”, pidió no adelantar criterios sobre una modificación específica, mediante un proyecto de ley que fue aprobado la madrugada del sábado en la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara de Senadores.

“Hoy (ayer) vamos a recepcionar (el proyecto de ley), está en el orden del día y seguramente pasaremos a la comisión correspondiente; ya en plenaria trataremos si es viable o no es viable la propuesta de ley”, sostuvo Ajpi.

Se trata del Proyecto de Ley 354/2021-2022, que modifica el PGE 2022, para adicionar más de 1.720 millones bolivianos que serán distribuidos entre 127 entidades del sector público para la ejecución de programas y proyectos en el territorio nacional.