Tras la crisis postelectoral y durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, el máximo dirigente de los interculturales, Henry Nina, protagonizó bloqueos y movilizaciones en contra de ese régimen, hizo campaña por el entonces candidato Luis Arce y, cuando el MAS retornó al poder, en julio de 2020, fue nombrado presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Nina, ingeniero agrónomo de profesión, entre 2018 y 2019, fungió como ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, y desde ese cargo fortaleció las movilizaciones y bloqueos que realizó el Pacto de Unidad (que aglutina a sectores afines al MAS), en seis departamentos.

Su principal demanda era que el Órgano Electoral adelante la fecha para las Elecciones Generales de 2020, que al final fueron programadas para el 18 de octubre de ese año.

Definido el calendario para esos comicios, Nina movilizó a sus bases y a otros sectores sociales para respaldar la candidatura de Arce, uno de los principales “méritos” que derivó en que luego fuera nombrado presidente de la ABC, así lo aseguró Gerardo García, vicepresidente del MAS.

“Como dirigente, ha hecho la campaña por el MAS para que nuestro hermano Lucho (Arce) sea presidente. Orgánicamente, todos los sectores sociales hemos hecho campaña y, por esa razón, seguramente nuestro Presidente ha confiado en su persona para que le colabore en su gestión”, afirmó García.

No obstante, una exautoridad afín al Gobierno reveló a La Razón que el dirigente intercultural, tras la victoria de Arce, demandó el control del Ministerio de Obras Públicas, pero como ese cargo recayó en el exlegislador Édgar Montaño, “compensaron” a Nina, y a esa organización, con la ABC.

Ahora, el actual Presidente de la administradora de carreteras, se vio envuelto en un caso de presunta una coima en la adjudicación de un proyecto vial en esa entidad estatal.

El Ministerio Público investiga un supuesto pago/cobro irregular, de Bs 18,6 millones, por la adjudicación, el 1 de julio de 2022, de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez a la empresa china Harbour Engineering Company (Chec).

El hecho fue denunciado por Héctor Arce, diputado del propio partido oficialista, que denunció a Nina y otros funcionarios de estar involucrados en este hecho de presunta corrupción.

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Para el politólogo José de la Fuente, el sector intercultural “siempre buscó tomar ventaja” en ese tipo de situaciones, pues una vez que asumió la Presidencia del país, exigieron una cuota de poder, que según ellos “les correspondía”, por haber apoyado la candidatura de Arce.

En ese marco, comparó este caso con el escándalo del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, quien, en abril de 2021, fue denunciado por recibir un soborno de $us 20.000, para favorecer a un sector con un proceso de saneamiento, titulación y entrega de tierras.

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Characayo también fue dirigente intercultural y fue capturado tras esa denuncia; las autoridades judiciales determinaron detenerlo preventivamente en Palmasola.

“Están cortados por la misma tijera”, lamentó De la Fuente, en referencia a los dirigentes de ese sector.

Para el diputado Jerjes Mercado (MAS), el caso debe ser indagado de forma exhaustiva, “apegado al debido proceso, para que se dé con la verdad material de los hechos y, si hay culpables, que asuman sus responsabilidades”.

“Ya es una decisión personal, si es que él (Nina) renuncia para defenderse”, enfatizó.

En tanto, el diputado opositor Henry Montero (CC) pidió que Nina y el ministro Montaño “deberían dar un paso al costado y renunciar a sus cargos (…). Ambos deben someterse a un proceso de investigación”.