Desconfianza y temor por el traspaso de las pensiones a la Gestora Pública

Mineros, maestros urbanos y rurales, jubilados y ahora fabriles piden que los trabajadores formen parte del directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GPSS) para tener mayor control de las inversiones que se realizan con los aportes.

El ejecutivo de los fabriles de Bolivia, Mario Segundo, se refirió ayer a la Gestora Pública y rechazó que la institución sea administrada sólo por el Gobierno.

“En un ampliado, el 21 de septiembre hemos planteado que nuestro aporte de cada uno debe ser garantizado; (por eso) debemos ser parte del directorio, no sólo fiscalizadores. Año tras año hemos aportado; incluso, nuestro planteamiento es que debe ser un aporte tripartito: el Estado, trabajadores y empleador”, explicó.

Con la postura de los fabriles en este tema, ya son cuatro los sectores que exigen que la institución pública no sea administrada tan sólo por el Gobierno.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos las garantías en este momento de que nuestros aportes van a estar seguros. Por eso estamos pidiendo la paralización inmediata de las Gestoras Públicas hasta que haya un consenso real con los trabajadores”, manifestó el martes el dirigente de los trabajadores mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Semanas antes, los mineros de Colquiri presentaron el mismo planteamiento, al cuestionar la idoneidad de los funcionarios que, a partir de mayo del próximo año, se harán cargo de la administración del Sistema Integral de Pensiones, en la actualidad en manos las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

El ejecutivo nacional del magisterio rural de Bolivia, Andrés Huayta, también planteó sus dudas de que la Gestora se haga cargo de los aportes de los trabajadores para su jubilación. Dijo que su sector está en emergencia.

“No quedaron claras todas las explicaciones que nos han hecho, sobre las inversiones, sobre la forma de administración. Hemos consultado sobre el directorio laboral, ellos no saben absolutamente nada (…). El magisterio nacional, en el mismo sentido, rechaza que el Estado administre nuestros recursos”, manifestó.

Cuestionó que en esa institución se paguen salarios elevados de hasta 35.000 bolivianos, mientras los que aportan reciben rentas “míseras de jubilación”, después de sus años de servicio.

De la misma manera la Confederación de Jubilados de Bolivia también rechazó que la Gestora administre sus aportes, porque cree que el Estado no garantiza un buen manejo de sus recursos.

“El Gobierno tiene que hacer caso, los trabajadores mineros tienen razón, tenemos que consensuar cualquier decreto o cualquier ley con los trabajadores, con los aportantes y con los jubilados”, manifestó el secretario general de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala.

Desconfianza

En una publicación en sus redes sociales, el analista económico Gonzalo Chávez señaló que no sólo los mineros, maestros , fabriles y jubilados expresaron su desconfianza en la Gestora Pública, sino que se trata de una preocupación de toda la población.

“La desconfianza con la Gestora Pública de pensiones no es sólo de los mineros de Huanuni. Creo que todos los aportantes estamos preocupados del gobierno interno de Gestora”, manifestó Chávez en su cuenta de Twitter.

En un punteo, Chávez explicó que al hablar de la Gestora se debe tomar en cuenta varios criterios que todavía no fueron explicados por el Gobierno.

Añadió que hay criterios importantes que deben ser tomados en cuenta al hablar de la Gestora Pública, como la calidad del personal que trabaja en la institución, el control que se llevará a cabo en su operación y los mecanismos de fiscalización que se aplicarán, además de otros temas como rentabilidad y transparencia.

“Calidad del capital humano, control, supervisión, transparencia, rentabilidad no se da sólo con cambio de propiedad de privada a pública. Ni tampoco con normativa que actuaría como candado de nuestros recursos, en teoría. En la práctica con similares leyes e institucionalidad, manejada con criterios políticos, la empresa estatal YPFB hizo desaparecer el gas natural. Un patrimonio colectivo que debería durar por lo menos seis generaciones”, sostuvo el economista.

Por su parte, el analista Andrés Gómez manifestó que el rechazo a la nueva administradora de pensiones es resultado de la desconfianza que está gestándose hacia el partido gobernante.

“El rechazo popular a la Gestora Pública es la expresión de desconfianza al partido de Gobierno. La gente sabe que para ser funcionario de la Gestora no pesa la capacidad, sino por la simple militancia en el MAS. Los ‘hermanos masistas’ no confían ni entre ellos. Su imagen se deteriora”, comentó el analista.