Una mesa de técnicos no convenció a los comunarios de Porongo que piden la abrogación de la ley que impide la construcción de la carretera, entre otras cosas, y no descartan bloqueos en los próximos días.
Por Camilo Urquizu
Fuente: https://eldeber.com.bo
El conflicto de tierras y agua es cada vez menos sigiloso en el departamento de Santa Cruz. Una mesa de diálogo entre técnicos no logró desinflar la exigencia de abrogación de la Ley 208.
Se sentaron técnicos de la Gobernación de un lado, y del otro: el equipo técnico y jurídico de Santa Fe, el equipo técnico de Porongo y el Comité de Tierras y Trabajo que representa a los manifestantes. La Gobernación no cambió su postura de no abrogar la Ley Departamental 208 de la creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) – Paisaje Protegido Departamental Güendá – Urubó, que impide, entre otras cuestiones, la construcción de una carretera que atraviese la reserva.
David Landívar, de la comunidad El Magué, reclama que esta ley «fue hecha en marzo del 2021, por conferencia Zoom, en plena pandemia, ¿en qué momento fueron a consensuar la ley? De repente nos enteramos que estamos en una reserva y no podemos ni construir un baño en nuestro terreno, ni hacer una sucesión a nuestros hijos», reclama.
«La carretera que vinimos trabajando, tiene 12 años en socialización, presentamos dos fichas ambientales, hicimos un diseño final con ocho pozos para que no se dañen los acuíferos. El agua que tenemos ahí está a 140 metros de profundidad, osea que la carretera no daña esa agua«, asegura Landívar.
«La ruta que ellos plantean (la Gobernación) sale a Portachuelo y beneficia a grupos empresariales de urbanizaciones grandes. Que es donde se encuentran los acuíferos que de verdad proveen agua a Santa Cruz. Además, se trata de una carretera internacional que no le compete a la Gobernación. Es más, Camacho ya firmó por los $us 78 millones que aportará la Gobernación, pero ahora no quiere homologar esa firma. Esto no tiene color político, a nosotros nos importa el futuro de nuestras casas», insistió Landívar.
Los comunarios avisaron que seguirán en la puerta de la Gobernación y no descartan bloqueos. Horas antes, Antonio Talamás, representante de la Gobernación advirtió: «pudimos percatarnos de que existe una movilización política y una especulación comercial con el precio de los terrenos. Se está trabajando en un plan de manejo de la UCPN que contempla la industrialización del achachairú, de los cítricos, un tema de eco-turismo y deporte. Incluso trabajamos cuatro alternativas más económicas que no vulneran el área donde están los acuíferos«, argumentó el funcionario.
El tema del agua y la tierra se hace cada vez más evidente en zonas sensibles por la filtración y retención de agua, donde las urbanizaciones de toda índole siguen expandiéndose y vulnerando estas condiciones.