El paro indefinido por el censo en Santa Cruz parece ser inevitable por falta de diálogo.
A pocos días del inicio del paro indefinido por el censo en el departamento de Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo se suma a la Iglesia Católica para pedir al Gobierno y a los sectores movilizados dejar sus posiciones intransigentes y entablar un diálogo.
El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho emplazó al presidente Luis Arce a abrogar el decreto 4760, como alternativa para frenar la medida, mientras que desde el gabinete le exigen dejar a un lado los condicionamientos, al cabo nadie cede.
“La Defensoría del Pueblo llama a todos los actores sociales e instituciones públicas involucradas en el conflicto, cumplan con la predisposición de buscar la resolución de los problemas y demandas planteadas relacionadas al Censo Nacional de Población y Vivienda, posibilitando el inicio del diálogo”, señala en su comunicado.
El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, René Leigue, recientemente expresó su pedido al Comité Interinstitucional y el Gobierno dejen la intransigencia, en sus posiciones sobre la fecha del censo en el país. “El diálogo debe ser sin condiciones porque no se puede hablar de algo que ya está decidido”, insistió.
El gobernador Luis Fernando Camacho, manifestó que los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, serán responsables por la violencia que pueda generarse en el paro indefinido que acatarán a partir del 22 de octubre porque anunciaron que saldrán a desbloquear.
Por otro lado, la diputada por Comunidad Ciudadana (MAS), Luisa Nayar Sosa, rechazó las manifestaciones de grupos afines al oficialismo anunciadas para el día viernes con el fin de contrarrestar el paro indefinido, señalando que se trata de generar espacios de violencia y confrontación entre ciudadanos.