Al menos 8 autoridades «clave» que favorecieron al MAS fueron acomodadas en el Gobierno

La más reciente es la posesión de Nadia Cruz como Viceministra de Igualdad de Oportunidades.

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Nadia Cruz fue posesionada como viceministra por el ministro Lima. Foto: Ministerio.

Fuente: ANF

Al menos ocho autoridades en cargos «clave» como en el Tribunal Constitucional Plurinacional y en la Defensoría del Pueblo que realizaron acciones, manifestaciones o decisiones a favor del partido gobernante durante la gestión de Evo Morales y Luis Arce aparecieron en diferentes puestos de Gobierno.



Uno de los eventos más criticados en el país y por los que hubo problemas en 2019 fue la autorización a la reelección del expresidente Evo Morales. Esto se hizo mediante la sentencia 84/2017del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que autorizaba a Morales a acceder a las elecciones presidenciales de 2019.

A pesar de que ya contaba con tres gestiones presidenciales: la primera desde 2006 a 2009 con la antigua Constitución Política del Estado (CPE); la segunda, de 2009 a 2014; la tercera de 20015 a 2019, estos dos últimos con la nueva CPE.

Morales intentó reformar la CPE para ser habilitado para las elecciones presidenciales a través de un referéndum el 21 de febrero de 2016. La mayoría de los bolivianos votó en contra, dejando frustradas las intenciones del líder del MAS.

No obstante, el 29 de noviembre de 2017 Evo saludaba la decisión del TCP a través de un tuit. “Una de las vías constitucionales planteadas por movimientos sociales en diciembre pasado ha sido reconocida: estamos habilitados para que el voto del pueblo defina darnos su apoyo para una nueva gestión. La Revolución Democrática y Cultural sigue. ¡Hasta la victoria siempre!”, escribió.

Los magistrados que autorizaron esa decisión -por unanimidad fueron Macario Cortez Chávez, Osvaldo Valencia, Rudy Flores, Virginia Andrade, Zenón Bacarreza y Mirtha Camacho. Solo hubo uno que no firmó la resolución, Efren Choque.

Tras este fallo cada uno de ellos se alejó del TCP, pero aparecieron en otros cargos gubernamentales. Esto generó observación y descontento de parte no solo de miembros de oposición, sino también de activistas.

Es el caso del expresidente del TCP, Mario Lahor Cortez, quien tras ocupar ese cargo apareció en octubre de 2018 como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Institución dependiente del entonces ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico. Sin embargo, el cargo le duró poco hasta diciembre del mismo año.

El 31 de enero de 2019 pasó a ser director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. Y ahora tras una búsqueda en la página oficial de la Contraloría General del Estado (CGE) se encontró que Cortez es funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico desde el 1 de julio de 2021.

En su declaración jurada aparece con 30.386,00 de bienes y con un total de rentas recibidas de 16.761,00.

Un destino similar tuvo Bacarreza, otro exmagistrado. Actualmente, también figura como funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico desde el 17 de febrero de este año. Según su declaración jurada tiene 3.771,00 del total de rentas.

Asimismo, la exmagistrada Virginia Andrade Martínez apareció como la nueva Autoridad Jurisdiccional Administración Minería (AJAM) regional Potosí, en mayo de 2018. La búsqueda en la CGE no tiene registros actuales como funcionaria.

Flores, tras su alejamiento del TCP, fue director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería del Estado en 2018. Luego obtuvo el cargo de ministro consejero de la representación diplomática boliviana ante organismos internacionales en Ginebra, Suiza. Su esposa fue enviada como cónsul en Bruselas.

Y en 2021 fue el jefe de gabinete de la Vicepresidencia en 2021. Según la búsqueda en la página de la CGE, no hay datos actuales sobre Flores.

Sobre la exmagistrada Camacho, si bien se alejó del TCP, apareció como funcionaria de la Dirección Departamental de Educación de Oruro hace dos años. A la fecha tampoco figura como funcionaria pública.

Camacho fue muy cuestionada por sus decisiones y declaraciones. Por ejemplo, en 2015 sugirió declarar estado de sitio en Potosí por los conflictos impulsados por los cívicos en ese departamento.

En el caso de Valencia, el 13 de junio de 2019 fue relacionado con Pedro Montenegro, extraditado por narcotráfico, por una foto que circuló en redes sociales, en la que aparecen abrazados. En aquella oportunidad la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) informó que un inmueble en Santa Cruz, donde se hizo la requisa por el caso Montenegro, pertenecía a Valencia.

En febrero de 2021 los exmagistrados quedaron sin responsabilidad por el caso Morales. Porque el Juzgado Anticorrupción segundo de Sucre archivó obrados de la demanda penal –iniciada en 2020- por los delitos de resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes.

Este año la Fiscalía y Defensa Legal del Estado de Diputados hicieron lo mismo favoreciendo a los exmagistrados.

Otros funcionarios

Otro es el caso del exdelegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba (del 8 de agosto de 2016 al 18 de abril de 2018; y del 1 de agosto de 2018 al 4 de diciembre de 2020), Nelson Cox, durante su permanencia en este puesto en 2019 fue objeto de críticas por su inclinación hacia organizaciones afines al MAS. Debido a que solo hacía énfasis en los hechos en Sacaba.

Luego postuló para la alcaldía de Cochabamba por el MAS, y durante su campaña política fue criticado por la ciudadanía por su lema. “La palabra masista debe dejar de ser una especie de insulto y pasar a ser símbolo de orgullo nacional”, se leía en un folleto. Cox perdió las elecciones.

Fue viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia en el gobierno de Arce, pero fue destituido por el ministro Eduardo Del Castillo. Actualmente, está como funcionario del Ministerio de Culturas, según su declaración del 17 de agosto de este año.

Además, está la exdefensora del Pueblo regional La Paz, Teresa Zubieta, quien también estuvo vinculada al partido gobernante. En 2014 fue cuestionada por irrumpir en el XX congreso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y acusó de que este evento esté realizado con afanes políticos.

Luego en 2015 Zubieta participó en un acto de campaña a favor del MAS. Apareció con el puño izquierdo levantado junto a la diputada Sonia Brito. El 21 de enero de este año asumió el cargo de embajadora de Bolivia en la Santa Sede del Vaticano.

Nadia Cruz también pasó de la Defensoría del Pueblo, como interina, a ser Viceministra de Igualdad de Oportunidades recientemente.