Hasta las 16:00 de este miércoles 30 de noviembre la Ley del Censo aún no había sido promulgada. El presidente tiene de 10 días para firmar la ley desde su recepción.
Fuente: Unitel
Ni el presidente Luis Arce Catacora ni su personal de confianza que intervino en el conflicto registrado en Bolivia en el último mes se han manifestado tras la sanción de la ‘Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral’ en el Senado.
Hasta las 16:00 de este miércoles 30 de noviembre, a más de 24 horas de haber sido sancionada, la norma no aparecía en la Gaceta Oficial del Estado.
Según el procedimiento legislativo establecido en la Constitución, la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Órgano Ejecutivo, podrá ser observada por el presidente del Estado en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción, al igual que reseña que las observaciones del Órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea.
En este sentido, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna, el mandatario está dentro de los límites para dar una respuesta sobre la norma, pero no ha realizado referencias sobre la actividad del Senado, la cual también estuvo matizada por la pugna interna del oficialismo que fue puesta en evidencia en el análisis de la ley en curso.
Durante el estallido del conflicto intervinieron principalmente el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pero personalmente ninguno salió a la palestra para referirse a la coyuntura actual.
En las redes sociales de estas tres oficinas del Ejecutivo, solo Planificación hizo referencia a la sanción de la ley. Con una publicación exhiben que la aplicación de esta norma “dará certidumbre a lo ya determinado por el Ejecutivo con el DS 4824, que recoge los acuerdos del diálogo técnico en Trinidad”.
Adicionalmente, Planificación recordó que tres órganos del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Electoral- ya avalaron un trabajo conjunto para que se cumpla el cronograma censal y se concrete entrega de resultados oficiales al Tribunal Supremo Electoral en el mismo mes de septiembre de 2024, para que sean utilizados en la asignación de escaños parlamentarios.
Otro de los que intervino durante el conflicto fue el portavoz presidencial Jorge Richter, quien en las últimas horas sostuvo que la aprobación de una ley del censo no se trata de “un premio” para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sino que es la respuesta a una necesidad de la población cruceña de “tener tranquilidad y certidumbre”.
Richter sostuvo que es importante que se hayan recuperado las actividades económicas en la capital cruceña y que, con la conclusión del paro, la gente recuperó la seguridad, en un reporte expuesto por el aparato de comunicación estatal, más no hace referencia a la promulgación que depende netamente de Arce Catacora.
Las declaraciones que sí resaltan en torno a la Ley son las de los asambleístas del oficialismo, desde donde se acusan y surgen denuncias que ponen en evidencia la pugna interna del partido de Gobierno. Tras la aprobación de la ley por parte del ‘ala renovadora’.
Mientras que la oposición se limitó, principalmente, a celebrar que la aplicación electoral y económica del Censo ya está aprobada desde la Asamblea Legislativa.