Gonzalo Chávez: «El presidente Arce se ha distanciado del sector empresarial tradicional y formal”

El economista Gonzalo Chávez dice que Bolivia dejó de ser una potencia gasífera para convertirse en un importador neto de hidrocarburos. A la par, indica que el motor financiero del modelo del Gobierno está sin recursos y que la crisis del censo impactará en el cumplimiento de las proyecciones de crecimiento económico y de inflación.

_A dos años de gestión, el Gobierno habla de logros y lo atribuye al Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, ¿usted cree que es exitoso, ¿que cumplió su ciclo? o ¿hacia dónde debe reencauzarse?
Más allá de la propaganda del Gobierno es necesario ponderar y evaluar los indicadores económicos de los dos años de gestión del presidente Luis Arce. La inflación estuvo baja hasta antes de la crisis del Censo. En la actualidad, a 12 meses, los precios subieron al 2,89%. Con el salto inflacionario debido a los paros y los bloqueos es altamente probable que lleguemos al 3,5% o 4% este año. Según la propaganda del Gobierno, la más baja de América Latina, pero también debería decir que se trata de un resultado con el mayor subsidio de la región a los hidrocarburos y algunos alimentos, como el pan.

Los precios son bajos en Bolivia debido a la importación legal e ilegal de productos muy baratos de los vecinos y China por la fijación de un tipo de cambio real apreciado. El haber mantenido el tipo de cambio fijo por más de 12 años tuvo un costo medido en pérdidas de reservas internacionales significativo. En 2014, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia llegaban a $us 15.000 millones. A septiembre de este año $us 3.853 millones. Parte significativa de estos recursos fueron utilizados para mantener un tipo de cambio real apreciado y fomentar las importaciones baratas.

En lo que respecta a la tasa de crecimiento, la economía boliviana viene decreciendo desde 2014, cuando alcanzamos un 6,8%. En 2019, fue del 2,2% antes de la crisis política, la pandemia y el desorden internacional. Ya veníamos desacelerados. En 2020, la economía decreció un – 8,8%. En 2021 llegamos al 6,1%. En el año que transcurre, el crecimiento a seis meses es del 4,1%. Ahora bien, debido a la crisis del Censo es probable que hasta fin de año registremos un valor similar, lejos de lo proyectado por el Gobierno, un 5,1%. La recuperación económica se muestra desigual. Construcción, transporte, logística, creciendo a dos dígitos, pero sectores como turismo y gastronomía creciendo a un dígito, muy bajo. Lo más preocupante, tanto en 2020 como 2021, fue una caída muy fuerte del sector hidrocarburos. Aquí estamos frente a un problema estructural.

El Gobierno presenta una tasa de desempleo baja del 4,1%. Sin embargo, de esta cifra, el 80% del empleo está en el sector informal de la economía. Es un exceso conceptual llamar empleo a estas estrategias de sobrevivencia y ocupaciones precarias de muy mala calidad y peor productividad. Sólo el 20% tiene un trabajo en Bolivia, con todos los derechos laborales.

Gran parte de estos resultados macroeconómicos se deben en gran medida a la bonanza externa de los últimos años y a las políticas de sustentación adoptadas y no así a las virtudes del modelo del Gobierno. El modelo primario exportador, rentista y comerciante que impulsa el presidente Arce está en un proceso de agotamiento que comenzó en 2014 y que se ha profundizado en los últimos años con el fin del ciclo del gas natural. Este sector brindó ingresos y tributos a la economía boliviana durante varios años. Sin embargo, el gas se está haciendo gas. En 2014, Bolivia exportaba $us 6.600 millones de este energético, el año pasado se llegó a $us 2.269 millones, un tercio de 2014. En el año que transcurre es probable que lleguemos a $us 2.900 millones. Bolivia ha dejado de ser una potencia gasífera para convertirse en un importador neto de hidrocarburos: gasolina y diésel. Por lo tanto, el motor financiero del modelo del gobierno está sin recursos. La política hidrocarburífera de Evo Morales y Arce, de poca exploración de pozos, ha matado a la gallina de los huevos de oro: YPFB. En el mediano plazo, no se vislumbra algún otro sector que sustente a la economía boliviana.

_El Gobierno dice que Bolivia transita el camino de la reconstrucción de la economía ¿usted advierte avances en este ámbito?
El Gobierno -en su propaganda- habla de la reconstrucción de la economía. Esta consigna política parte del supuesto de que el modelo económico, presentado en el pasado como una enorme fortaleza blindada a los shocks internacionales, habría sido destruida en 11 meses del gobierno de Áñez. Se propone una industrialización con sustitución de importaciones. Es muy difícil reconstruir algo que está muriendo más aún con un anacronismo intelectual, como la sustitución de importaciones. Lo que está en crisis estructural es el modelo primario-exportador, comerciante rentista de la mano del agotamiento del sector gas, que ya no puede generar los recursos suficientes para sostener la economía.
El salto de exportaciones en el año que transcurre como oro y estaño metálico y torta de soya tienen un fuerte componente de precios y no generan los recursos impositivos necesarios para sustituir lo que brindaba el sector gas.
Una recuperación de la economía pasa por pavimentar al mismo tiempo el futuro y eso tiene que ver con la educación, la transformación digital y el medioambiente en un nuevo contexto de enorme complementariedad entre el Estado emprendedor y el sector privado dinámico. No va a ser repitiendo la vieja receta del capitalismo estatal de amiguetes, que apuesta a una enorme economía informal, que vamos a seguir adelante. El desafío está en el sector privado productivo nacional que en gran medida se asienta en Santa Cruz.

_Pasaron dos años de mandato y cada vez se advierte un divorcio del Gobierno con el sector empresarial, ¿Es posible avanzar en la reconstrucción de la economía del país sin el concurso del tejido empresarial nacional?
Evidentemente las políticas públicas de la gestión del presidente Arce se han distanciado del sector empresarial tradicional y formal de Bolivia. Sin embargo, en el intercambio de favores políticos, el Gobierno tiene una relación muy fluida con el sector empresarial que trabaja en la economía informal. Llámese cocaleros, comerciantes grandes y cooperativistas mineros.
Un ejemplo de la relación perversa entre el Estado y sectores empresariales informales es el caso de los cooperativistas mineros. Quienes en los últimos años han generado muchos recursos para la economía y han pagado pocos impuestos.
Es el caso de la exportación de oro que el año pasado llegó a $us 2.600 millones y dicho por el propio Gobierno sólo pagó $us 100.000 de impuestos. Ahora se ha renegociado el tema de los tributos y pagarán, sobre ventas brutas, el 4,8%, valor que sigue siendo bajo, en especial a un sector que, vía el uso de mercurio sin control, contamina el medioambiente.
El desafío que tiene el Estado es tener relaciones más amplias, complementarias y amigables entre un sector dinámico formal, altamente productivo, como por ejemplo existe en Santa Cruz y otras regiones del país. Hay que reformular las relaciones con los sectores privados informales atrayéndolos a una economía legal.

_¿De qué forma cree usted que impactará la falta de decisión del Gobierno a la demanda de Censo 2023 en la reconstrucción de la economía nacional?
En el corto plazo, se está produciendo una mayor inflación, en especial en el mercado de alimentos que será difícil controlarla hasta fin de año porque noviembre y diciembre son meses donde la gente gasta mucho y hay aguinaldo.
En términos de producción, según los cálculos del Gobierno, ya se habían perdido como $us 714 millones. Eso podría comprometer entre el 1 y 1,5% el PIB, golpeando la recuperación económica. Los bloqueos y las prohibiciones gubernamentales también tendrán un impacto muy duro sobre las exportaciones, especialmente de la agroindustria. Estaban creciendo de manera muy interesante debido a mejores precios internacionales y que ahora se verán afectados. Habrá mayor presión sobre el sector financiero porque muchas empresas, grandes y pequeñas, aducirán, con razón, que el paro y los bloqueos les impidió realizar sus operaciones y tendrán que renegociar sus deudas.
Todos estos problemas en el mediano y largo plazo podrían subsanarse si vuelve cierta estabilidad política. La crisis del Censo podría producir un quiebre estructural de la cohesión social en Bolivia, que es fundamental para el desarrollo económico de largo plazo. Están produciendo heridas económicas y políticas, caso de Santa Cruz, muy profundas que afectarán el clima de inversión y el desarrollo.

_El Gobierno proyectó un crecimiento del PIB del 5,% y una inflación de fin de periodo del 3,3%, ¿Cuál su visión al respecto?
Es poco factible que el Gobierno alcance en 2022 su proyección de crecimiento del 5,1%. Estimo que estemos entorno del 3,8 o un 4%. Es probable que la tasa de inflación se ubique del 3,5 al 3,8%.

_En el tema de la deuda externa, ¿usted cree que está en niveles adecuados o hay riesgo?
A raíz de la caída de las exportaciones de materias primas en 2014, el Gobierno ha financiado la demanda interna aceptando un mayor déficit público y endeudándose. La deuda externa después del perdonazo de 2007, por parte de países amigos y organismos internacionales, llegaba al 17% del PIB. En la actualidad subió al 28%.
La deuda interna está subiendo de manera significativa, se sitúa en torno del 30% del PIB, siendo que los principales acreedores somos los aportantes a las AFP. Solo en este sector superan los $us 7.000 millones. También hay que incluir, en la deuda del Estado, los créditos dados por el Banco Central de Bolivia a las empresas estatales. Esto está en torno del 20%.
Sumando todos los ítems, el endeudamiento total se aproxima al 80% del PIB, como lo señala el FMI en su último Staff Report. Desde una perspectiva integral, estamos al límite del endeudamiento. Sin embargo, si sólo consideramos la deuda externa Bolivia tendría todavía un espacio de un 20% de capacidad endeudamiento en el mercado privado internacional o con la cooperación externa.

_En un entorno de incertidumbre global, ¿cuáles son las proyecciones de la economía boliviana para 2023?
Las proyecciones no son muy alentadoras porque sabemos que el Censo, tanto si se realiza en 2023 o 2024, es un divisor de aguas en el debate sobre el modelo económico en el país.
A partir de esta información sobre la población y sus condiciones de vivienda, además de la distribución de los recursos y del poder político a través de los escaños de los diputados en las regiones, estaríamos frente al desafío de repensar el modelo económico en el país.
El instrumento debería ser el pacto fiscal, entendido como un mecanismo que es capaz de ver ingresos y distribución de gastos e inversiones, de manera equilibrada, compensando a los departamentos y municipios perdedores, pero colocando los desafíos del desarrollo en base a lo local y buscando misiones nacionales.
Con respecto a las proyecciones del PIB, creo que creceremos, no más del 3%, si se restablece la confianza y cierto equilibrio político.