EXPERTOS PREVÉN QUE EN BOLIVIA LA EJECUCIÓN CERRARÁ ESTE AÑO ENTRE UN 50% Y UN 60%
Analistas señalan que la inversión estatal es uno de los pilares de la economía boliviana. Identificaron que su ejecución se fue reduciendo porque cayeron los ingresos por hidrocarburos y el financiamiento externo.
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Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante su exposición sobre el PGE 2023.
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Construcción de carreteras en el departamento de Pando.
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Construcción de la carretera a Huarina, en el departamento de La Paz.
El Gobierno comprometió para 2023 una inversión pública de 4.006 millones de dólares pero expertos advierten que desde 2014 el porcentaje de ejecución fue en descenso hasta llegar a aproximadamente un 65% el año pasado. Advierten que la caída se debe a la reducción de los ingresos por la venta de hidrocarburos y la imposibilidad de conseguir mayores recursos externos.
“La inversión pública fue el pilar, la locomotora que logró el crecimiento del país en los últimos años. En 2005 (antes de que el MAS ingrese al Gobierno) este indicador llegaba a alrededor de 629 millones de dólares. Esa cifra -en el 2016 cuando fue el momento de mayor auge- llegó a programar una inversión de 5.000 millones de dólares. Desde esa gestión se comienza a ver una caída”, declaró el analista económico Gonzalo Chávez.
Por su parte, el economista Jaime Dunn explicó que el Gobierno emplea dos variables para crecer: el consumo y la inversión o gasto público. “El componente más importante es este último. Se puede ver, estadísticamente, que cuando la inversión pública crece, también crece el Producto Interno Bruto (PIB). Su ejecución necesita de grandes cantidades de recursos. En los pasados años había una programación de 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales”.
El Gobierno da una amplia importancia a este indicador porque, según el Ministerio de Economía, desde 2006 Bolivia aplica un Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp). Éste prioriza el mercado interno, la inversión pública, la redistribución de ingresos en beneficio de la población más vulnerable y la aplicación de medidas económicas en el marco de la soberanía de política monetaria.
Dunn dijo que entre 2011 y 2014, “cuando el país atravesaba por el boom de ingresos por los hidrocarburos”, la inversión pública tenía una ejecución por encima del 90%. “Es más, en 2013 y en 2014, la ejecución fue del 100%. Luego, ese porcentaje fue cayendo de forma dramática. En 2015 se ejecutó menos del 80%; entre 2018 y 2019 ya bajó cerca del 70%”.
Entre tanto, Gonzalo Chávez advirtió que en 2020 este indicador cayó “de forma muy fuerte” a 1.784 millones de dólares. Esto se debe, en gran parte, a la pandemia causada por el covid. “En los siguientes años se produjo lo mismo: se anunciaron grandes inversiones que no pudieron cumplir. Por ejemplo, en 2021 se dijo que se iba a invertir 4.000 millones de dólares, pero eso está en el papel y eso aguanta todo. Pero ese año sólo se ejecutaron 2.600 millones de dólares. Es decir, el 65%”.
Para el experto, esta gestión cerrará con una ejecución aún menor. “Con todos los problemas que vimos, terminaremos el año entre un 50% a 60% de los 5.000 millones de dólares de inversión pública comprometida para este 2022. Ahora, el presupuesto del 2023 tiene una cifra más baja, pero la situación se repetirá”.
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa da cuenta de una inversión de 4.006 millones de dólares de los cuales un 42% (1.671 millones de dólares) prometen ser empleados en sector productivo: agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía. Otro 26% (1.024 millones de dólares) para el sector social como salud, educación, deportes y otros; un 24% (959 millones de dólares) a infraestructura; y finalmente un 9% (352 millones de dólares) a la administración central, defensa y justicia.
Para Dunn, por la forma en que se implementa, la inversión pública tendrá una repercusión en el PIB pero advirtió que “no necesariamente” será positiva. “Cada vez tiene un impacto menor en el crecimiento, cada vez le cuesta más al país crecer con la inversión pública. Por cada boliviano que se destina a ello tenemos 25 a 30 centavos de efecto real de crecimiento”.
Además, aseguró que estos recursos provienen del “endeudamiento del país” en especial de la deuda interna y externa. Por ejemplo, el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) da cuenta que la inversión pública ascenderá a 27.480 millones de bolivianos (4.006 millones de dólares) de los cuales 8.837 millones de bolivianos (32%) provendrán de recursos externos.
La baja ejecución -agregó Dunn- “ayuda a que el déficit fiscal sea menor porque tiene un componente muy grande, producto de la inversión pública que se hace. Por ejemplo, para este 2023 es menor a la de 2022 y por tanto el Gobierno prevé un déficit fiscal menor”.
El diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana, consideró que la reducción del monto de inversión pública entre 2022 y el previsto para 2023 se debe a que el financiamiento externo no ésta llegando a Bolivia. “Producto de ello, el Gobierno tiene previsto, en el proyecto de ley 2023, autorizar a prestarse o emitir bonos por 2.000 millones de dólares. Recordemos que este año, estaba prevista la emisión de 2.000 millones de dólares y sólo se consiguieron 850 millones. Si la condición se va deteriorando, no creo que lleguemos al año ni siquiera a esa cifra”.
Financiamiento
Por tanto, el legislador dijo que al Gobierno no le queda más que pedir prestado dinero del Banco Central de Bolivia (BCB). “Este 2023 va a ser el noveno año consecutivo con déficit fiscal. Eso implica que los ingresos no llegan a cubrir los egresos del Estado. Esa diferencia se llega a financiar con deuda externa, deuda interna o usando las reservas internacionales. De esto no habla el Gobierno y este déficit nos llama la atención”.
Ahí se presenta un nuevo problema porque las Reservas Internacionales Netas (RIN) registraron una caída de 15.000 millones de dólares con los que se contaba en 2014 a menos de 4.000 millones para este año. Incluso, esa cifra no es de entera disponibilidad por parte del Gobierno porque sólo 900 millones están en dinero y “son de libre disponibilidad” precisó Porcel y el resto está en oro. Para su empleo, se necesita autorización de la Asamblea.
“Pocos recursos”
Para Chávez, los “pocos” recursos es el principal problema que enfrenta el Gobierno para elevar la ejecución de la inversión pública. “El Gobierno ya no tiene dinero fresco que antes llegaba de los sectores de hidrocarburos por los precios elevados y porque vendíamos mucho gas. Tampoco tiene suficiente financiamiento porque se perdieron muchas reservas internacionales”.
Chávez consideró que para fomentar la inversión pública se incrementó la deuda interna y externa del país.
“El Gobierno, además, tiene una forma curiosa de controlar la inversión pública. Mete a las gobernaciones departamentales y municipios en laberintos burocráticos, les pone trabas y no les permite invertir. A nivel local se vuelve neoliberal, pero a nivel nacional es más gastador”, expresó el experto.
Los plazos
Demoras. El Gobierno señaló que entregó el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado el 31 de octubre, de acuerdo con los plazos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, el diputado José Luis Porcel de Comunidad Ciudadana (CC) denunció que “hasta ahora no llegó o la Comisión de Planificación no nos convocó. Nos quedan 15 a 20 días más hábiles de diciembre antes del receso”.
Proceso. El PGE debe ser debatido en la Comisión de Planificación y aprobado en grande y en detalle para luego pasar a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores. El diputado Porcel se pregunta si alcanzará el tiempo para este trámite. “O el MAS usará su rodillo para decir aprobarlo tal como se presentó levantando la mano tal como lo hizo el año pasado y anteriores”.
Gobierno redujo el monto de inversión en un 20% para 2023
El Gobierno redujo el monto programado para la inversión pública de 5.015 millones de dólares para 2022 a 4.006 millones de dólares para 2023, según el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE). Esta reducción representa cerca de un 20%.
“Vemos una reducción del 20,1% en la meta de inversión pública para 2023. Ello también demuestra una reducción del déficit fiscal. Al tener una menor inversión pública, tendremos un menor gasto público y por ende un menor déficit en el país”, explicó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
Sin embargo, el experto advirtió que el déficit fiscal también dependerá de que no se incremente el gasto en otros ítems como sucedió este año con el incremento en la subvención a carburantes.
El Gobierno también tiene previsto financiar el 32% de la inversión pública con recursos externos. Por ello, el proyecto de Ley del PGE 2023 también contempla la emisión de bonos de deuda en el extranjero hasta por 2.000 millones de dólares.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta 2.000 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos”, detalla el artículo 6 del proyecto de ley.
El diputado de oposición José Luis Porcel advirtió que se recurre a otras fuentes de financiamiento por la reducción de ingresos de los hidrocarburos. “Las regalías bajan cada vez más, el año pasado estaban alrededor de 160 millones de dólares y subieron muy poco. Esto es preocupante porque sucede en un momento en que el precio del petróleo subió. Con ese incremento se suponía que deberíamos tener mayores ingresos. Sin embargo, éstos se mantienen casi igual debido a que la producción de gas está disminuyendo”.
Por tanto, para Porcel “de nada nos sirven” precios más altos de los hidrocarburos cuando la producción está disminuyendo. “Casi no llega a compensar la coyuntura favorable de incremento del precio del petróleo a nuestro país”.