Empleadores enfrentan retos relacionados con la crisis logística y alimentaria externa, además de los elevados costos laborales, el contrabando y los efectos del paro cruceño de 36 días en el ámbito nacional.
Fuente: El Deber
La solicitud al Gobierno de que excepcionalmente este 2022 no se pague el aguinaldo, obtener créditos bancarios y realizar negociaciones unilaterales con los trabajadores, son algunas de las opciones que contemplan empresas que por la coyuntura nacional y externa afirman no estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones salariales este fin de año.
“De antemano, para nosotros, pagar un aguinaldo es imposible. No hay las condiciones necesarias”, afirmó Agustín Mamani, responsable de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype).
Ampliar el plazo para el pago de aguinaldos o establecer un plan de pagos “es solamente prolongar la agonía. Para que no haya más cierres de unidades productivas, sería bueno que con una ley corta el Gobierno pueda colaborar al sector productor, hacer una excepción este año y no pagar los aguinaldos”, sostuvo Mamani.
“Eso sería algo saludable, ya que estamos en etapa de subsistencia”, agregó el dirigente, que es parte de un sector que aglutina a más de 650.000 unidades productivas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Este tema, junto a otros como el contrabando, que “sigue ganando espacio dentro del territorio nacional”; y el paro de 36 días en Santa Cruz, que habría dejado a la mype sin posibilidades de cumplir con sus obligaciones crediticias; entre otros, fueron abordados el jueves por dirigentes de la Conamype y autoridades de los viceministerios de Política Tributaria, de Lucha Contra el Contrabando y de la Micro y Pequeña Empresa.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, informó que “el sector está atravesando por una grave situación de iliquidez, originada sobre todo en la crisis de producción y transporte en el mundo, y por los conflictos que vivió el país a lo largo del año”.
“La economía, que estaba ralentizada a principios de año, hoy está en cámara lenta. Además, la recuperación es desigual e incierta, por sectores y regiones. En los dos últimos años, muchas empresas tuvieron que conseguir créditos, vender activos o renunciar a las utilidades para cubrir el aguinaldo”, aseveró.
Otras instituciones patronales también hicieron conocer su posición. “El sector empresarial formal, dentro de su planificación anual, siempre programa el cumplimiento de las obligaciones laborales, como el pago de aguinaldo, sueldos y salarios. Por supuesto, en algunos casos, esta planificación requiere de financiamiento, que también estaría programado”, dijo el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui.
“Bolivia atraviesa una situación compleja por efecto del paro que ha quitado el dinamismo a la economía”, pero “de cierta manera, los sectores económicos estaban preparados para fin de año. Una mayoría de los formales que entregan el aguinaldo no van a tener esa dificultad”, consideró Luis Pablo Cuba, presidente del Colegio de Economistas de Cochabamba.
“Las expectativas económicas han estado elevadas hasta un mes antes del paro. Entonces, si bien la suspensión de actividades ha afectado, esta afectación no ha llegado a tener la magnitud como para desbaratar otras empresas en el mercado interno o fuera del país (…). Ha sido una situación que era necesaria que ocurra en algún momento, para ajustar algo que estaba pendiente en la parte política del país: el problema del censo”, reflexionó.
Recuperación desigual
Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), aseguró, a su vez, que la industria boliviana ha cumplido y siempre va a cumplir todas las leyes vigentes. “Ese siempre ha sido un principio para nosotros, así que se va a tener que pagar sueldos y aguinaldos como corresponde”, remarcó.
Agregó que se cubrirá estas obligaciones salariales pese a que este “es un momento muy complicado para el mundo y para Bolivia”, porque a la desaceleración económica causada por la pandemia, que no termina de superarse, se sumaron los problemas en la cadena logística internacional y el encarecimiento de costos de transporte desatados por la emergencia sanitaria y la guerra entre Rusia y Ucrania, que también causó una crisis alimentaria y el aumento de la inflación, además del paro en Santa Cruz.
“Cada una hará los esfuerzos necesarios para cumplir la normativa. La forma es decisión de cada empresa”, aseveró.
No obstante, otros empresarios -que prefieren mantener su nombre en reserva- afirman a título personal que tendrán que negociar con sus trabajadores el cumplimiento de aguinaldos.
“Una cosa es lo que dice el Gobierno, otra la que vivimos todos los días. Los trabajadores saben que no estamos en condiciones de realizar esos pagos. Es eso o que cerremos”, dijo uno de ellos.
En los últimos años, los costos laborales se han convertido en una carga pesada para el sector empresarial, que en diferentes ocasiones ha pedido al Gobierno tomar en cuenta esta situación en sus políticas salariales.
El salario mínimo nacional, por ejemplo, se cuatriplicó entre 2006 y 2022, de Bs 440 en 2.250, una cifra que lo posiciona como el más alto de Sudamérica, según la CNI, que observa también que Bolivia ocupa el último puesto en productividad laboral.
Antes de que se defina el alza salarial de este año, la CEPB observó que “si se sigue ejerciendo presión salarial sobre los empleadores, con incrementos imposibles, se va a forzar el cierre de las unidades productivas que hoy generan y sostienen más del 70% del empleo digno en el país”.
“En general, las cargas sociales son negativas. Eso ha generado un 82% de informalidad laboral y desempleo, porque las empresas y emprendedores no se animan a contratar”, sostuvo Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.
“Esta inflexibilidad laboral está ocasionando problemas graves en
el país en esta situación en la que estamos, de paro, conflictos sociales y una economía que no está en los niveles de 2014 y 2015”, agregó.
“Los problemas de la pospandemia persisten. Seguimos trabajando en la reactivación, en un mercado abarrotado por productos de importación y de contrabando, lo que empeoró con la caída de la moneda de los países vecinos”, dijo el dirigente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
Barbery detalló que, en el ámbito formal, hay un cumplimiento histórico del pago de aguinaldo cercano al 98%, por la obligatoriedad y las sanciones en caso de incumplimiento, “pero en todos los casos, las empresas tienen dificultades para pagar. Este año, los problemas serán mayores”.
“Las dificultades de las empresas vienen del lado de la demanda, en la que estamos viendo una disminución, que se atribuye a la incertidumbre y cautela sobre la economía en 2023. Del lado de la oferta, el problema viene desde el aumento de costos de insumos de importación, reposición de equipos y repuestos; es decir, temas de logística internacional y, sobre todo, del incremento del contrabando”, evaluó.
Suárez explicó que, en general, la mayor o menor afectación a una empresa por los pagos de fin de año dependerá también de su estructura de costos y de cuán intensiva sea en mano de obra.
Por ello, “hay empresas grandes que están con problemas y para la gran mayoría de las pymes, que no tienen una economía de escala, es complicado y muy difícil hacerse cargo de un sueldo más un aguinaldo después de estar un mes con actividades paralizadas”, manifestó el economista.
Fuente: El Deber