La aplicación de un modelo estatista y discrecional avanza a pazos agigantados en El Torno, en lo que podría ser una especie de laboratorio del MAS para una posterior implementación en otros municipios del país.
Editorial
Fuente: https://estotambiensucede.com
El partido azul llegó al poder local en las elecciones del 2021 y en menos de dos años, mediante presiones municipales y de organizaciones sociales afines, esta fuerza política logró bloquear la actividad de 8 plantas procesadoras de áridos (chancadoras), que daban empleo directo e indirecto en beneficio de unas 1.000 familias de esa ciudad.
Cabe destacar que la actividad de producción de áridos se había convertido en el segundo rubro de la economía local, después de la frutícola.
El móvil detrás de estas presiones parece ser el de eliminar la competencia para los áridos que llegan desde El Chapare a Santa Cruz y que están copando el sector de la construcción en el departamento, mediante una mezcla de controles territoriales coercitivos, preferencias estatales en la obra pública y dumping de precios.
En definitiva, se está dando un golpe mortal a la economía local y regional, en beneficio de ese “Estado dentro del Estado” que es el Trópico de Cochabamba.
En días recientes, la alcaldía torneña ha procurado consolidar la jugada, bloqueando a la última de las chancadoras que estaba en actividad. Esto, a través de una disposición municipal inconstitucional, que “toma posesión” del lugar de esa planta, a la manera del “exprópiese” chavista, a pesar de que la procesadora de áridos funciona allí desde hace más de dos décadas.
Control a “barrios disidentes”
Agravando esta figura, se ha establecido un esquema de movilización vecinal forzosa para acosar a los productores de áridos, a la manera de los Centros de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos.
Con un instructivo emitido el pasado 25 de enero, la unión de juntas vecinales de Limoncito (zona de El Torno) dispuso que cada barrio deberá aportar con dos personas obligatoriamente las 24 horas, para la vigilia contra la última chancadora, bajo la amenaza de que “habrá sanciones para aquellos barrios y comunidades que no cumplan con la asistencia, de manera que perderán 1.000 Bs. por las 24 horas en el POA”.
La amenaza de recortar fondos en el Plan Operativo Anual es claramente ilegal y constituye una flagrante violación a los derechos de los vecinos.