El rector de la Uagrm calificó el proceso como «una persecución política» contra el liderazgo cruceño. Santistevan opinó que desde el Gobierno buscan «criminalizar las protestas»
Diego Seas
Fuente: El Deber
Este miércoles, a las 09:00 de la mañana, cinco personas que conformaron el Comité Interinstitucional estarán en una audiencia virtual de medidas cautelares, en un proceso que se aperturó en La Paz por el paro que duró 36 días en Santa Cruz, en demanda por la realización del Censo de Población y Vivienda.
Los acusados son el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas, el expresidente del Comité Cívico Rómulo Calvo y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.
El proceso fue iniciado por Juan Marcelo Mayta, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, denuncia que se admitió el 11 de noviembre de 2022 en la Fiscalía de La Paz, según confirmó en aquella oportunidad el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Las cinco personas son acusadas por terrorismo y otros presuntos delitos que pudieron haberse cometido en Santa Cruz, tales como el de discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos y uso indebido de influencias, entre otros.
Cuéllar informó que fue notificado y espera que durante la audiencia los administradores de justicia puedan actuar respetando los derechos fundamentales de los procesados y que se tutelen las garantías.
“Es una barbaridad que nosotros seamos procesados por jueces que están a mil kilómetros de distancia y que hayan asumido competencia solamente porque así lo dispone un Decreto Supremo, el 138, y ese Decreto Supremo está por debajo de la ley”, afirmó.
Calificó el proceso como un “abuso de poder y persecución política a los que piensan diferente”.
Por su parte, el constitucionalista Santistevan explicó que la Sala Penal debe resolver un incidente que presentó la defensa de Camacho, en el que observa la falta competencia del juez paceño para llevar adelante la audiencia.
Consideró que este proceso busca sentar un precedente para “criminalizar las protestas”, sentar un escarmiento y que de esta manera la ciudadanía no reclame ante el Gobierno.
“Esa acusación no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.