Los militares estarían prohibidos de firmar los libros de la iniciativa ciudadana para la reforma judicial promovido por el grupo de Juristas Independientes debido a una orden expresa del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, según denunciaron los afectados de manera anónima.
Brújula Digital |04|03|2023|
«Habiéndose comprobado con mucha extrañeza que personal militar y empleados civiles firmaron los libros de recolección de firmas que son promovidos por grupos de juristas independientes a la cabeza del Sr. Juan Del Granado jefe del partido Movimiento Sin Miedo, quienes buscan cambiar el sistema de justicia provocando inestabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, se recuerda al personal OO Grales., OO Sup., OO Sofs, Sgtos y EECC que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 245: ‘La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina, es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares, como organismo institucional no realiza acción política» se lee en la orden DGJURE. SEC. PERS. N° 076/23.
Depsués se indica que: «En tal sentido se prohíbe que el personal del Ejército firme estos libros y el personal que omita esta orden será sancionado de acuerdo a la Ley Orgánica de las FFAA con el retiro obligatorio, esta disposición deberá ser leída e interpretada en reunión de personal».
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La orden está firmada por el comandante general del Ejército, general de brigada Juan José Zúñiga, comandante general del Ejército, según una publicación del periodista John Arandia.
Los juristas desarrollan una iniciativa popular con el objetivo de realizar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado en el ámbito de la justicia y para ese operativo se requiere firmas y huellas dactilares de al menos el 20% del padrón electoral o 1,5 millones de rúbricas para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de luz verde al proceso electoral.
Juristas Independientes plantea como ejes de la reforma un nuevo sistema de selección y elección de magistrados mediante voto popular, inscripción en la Constitución de un presupuesto de al menos 3% para el órgano Judicial y la revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la «justicia de paz» en barrios.
Sin embargo este proceso fue descalificado por el ministerio de Justicia porque se trataría de un movimiento político.
BD/JCV