Elecciones judiciales, ¿más de lo mismo?

 

Recientemente se hizo pública la convocatoria a postulantes para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, sin importarles siquiera al órgano político, los esfuerzos que viene realizando la iniciativa popular, quienes esperanzados buscan una reforma judicial, y que con estos actos intolerantes, corre el riesgo de verse instrumentalizado, acabando en algo políticamente simbólico, una especie de reality show a manera de simple apariencia de que el pueblo protesta, pero que en la práctica, no se les interesa oír ni gobernar escuchando al pueblo.



Entre los requisitos comunes en dicha convocatoria, por ejemplo, se encuentra el no postularse al mismo cargo, por lo tanto, deja expresamente sentada y abierta a todas luces, la posibilidad de la insana práctica de las puertas giratorias en la función pública, esto es, cambiar de trabajo pasando de un alto Tribunal a otro.

Del mismo modo, tampoco se prohíbe, que quienes ocupan actualmente cargos gubernativos no electos se transformen en pasillisitas. Es decir, se sigue permitiendo el libre movimiento de altos cargos (no electivos) entre el propio sector público.

Con todo ello, si realmente se deseara al menos en algo cambiar, mucho más sentido tendría empezar restringiendo las puertas giratorias desde Órganos que deberían ser independientes del gobierno.

Cabe recordar las palabras de James Madison: “la acumulación de todos los poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) en unas mismas manos (…), constituye con rigor, la definición misma de tiranía”. Es decir, Madison, ya advertía, que, si el Ejecutivo controla al Legislativo, puede transformar sus caprichos en leyes (mandatos generales para todos los individuos). Y una vez que el Poder Judicial es desarmado como contrapeso frente a los caprichos del Ejecutivo, o estos son canalizados a través del Legislativo, ni siquiera los tribunales son ni serán capaces de tutelar la vulneración de los derechos individuales materializada en ese capricho del Ejecutivo, transformado en ley. Fusionar todos los poderes en uno, es exactamente la definición de poder estatal arbitrario, sin ningún tipo de limitación. Eso es tiranía.

Estas puertas giratorias en el sector público no deberían existir, así como, tampoco debiera existir puertas giratorias del sector público al privado concerniente a grandes compañías o entes privados por el nivel de soborno e influencia que estas atraen a sí mismas para mutuo beneficio bajo contubernio disoluto.

Por otro lado, entre las condiciones específicas al cargo, se encuentra el contar con conocimientos especializados, lo cual, obviamente es debido; sin embargo, eso no debe confundirse con el síndrome de la “titulitis” (que consiste, en llenarse de títulos o cartones, sin que el conocimiento llegue a tener un verdadero impacto objetivo que mejore la calidad de vida de las personas) para apantallar y automáticamente asumir, la existencia de aquel vasto conocimiento, por la simple cantidad de cartones, pues no debemos olvidar que en realidad es la preparación la que trasciende a la formación, por ende, aquí deberá primar más la forma de evaluación, quienes serán los evaluadores y la verdadera independencia e integridad de quienes conforman dicho grupo de evaluadores.

Además de la evaluación práctica (por ejemplo, entrega de un caso, para que el postulante resuelva el mismo de forma fundamentada, creativa y oportuna, como mecanismo para analizar su razonamiento y determinar la calidad y claridad de su resolución, no la simple rutina, siendo, por lo tanto, importante: la creatividad con pensamiento crítico, analítico y reflexivo del aspirante) también se debiera introducir la prueba psicológica sobre personalidad y aptitud para el desarrollo de las funciones judiciales. Exámenes que sirven de guía para conocer a la persona, pues para ser autoridad se debe contar necesariamente con ciertas cualidades de la personalidad, las cuales se encuentran basadas en la escala de valores que cada persona decide tener y sobre inteligencia emocional.

Para dicha prueba se debe contar con la contratación de un equipo técnico profesional altamente especializado y de trayectoria (obviamente sin participación de la política partidaria), que no se degenere ni se corrompa, convirtiéndose en un nido de beneficios mutuos para fines personales o de grupo, evitando que quienes lo conforman puedan a futuro obtener influencias de corruptela o capacidad de lobby, a manera de acceso y/o padrinazgo sobre quienes resulten seleccionados y más adelante elegidos; o, a cambio de prestarse a dicha responsabilidad simplemente decorativa o figurativa, obtengan múltiples formas de beneficios venales, como por ejemplo, mantener las “pegas” de sus familiares en la función pública.

Ahora bien, dentro de los requisitos específicos, también se menciona el contar supuestamente con probada honestidad personal, ética profesional y destacada trayectoria profesional con responsabilidad eficiencia y eficacia; para ello, no basta la cantidad de certificados o documentos que digan que es persona sin antecedentes de ningún tipo, sino más debe primar la credibilidad, la integridad y la autenticidad del postulante.

En este tema en específico, el vector más importante, es la vida de la persona no sus palabras verbales o escritas (sus libros, obras publicadas, sentencias, etc.), pues en base a la experiencia, ya hemos visto que existe gente que puede escribir con la mano y luego borrarlo con el codo, tampoco, en este tema en específico, gravita su razonamiento ni lo que un papel (certificados) puedan decir o acreditar de dicha persona. Es la vida (su trayectoria transparente, el testimonio vivo) de dicho postulante la que debe tomarse en cuenta, es decir, es su vida la que debe respaldar sus palabras.

Una autoridad no debe demostrar simplemente de fachada su autenticidad, integridad y credibilidad, sino que debe realmente serlo, en los hechos, porque lo que digan, como autoridad judicial, si bien, es importante, pero éste debe ser contundente para bien, es decir, que hagan verdaderamente una diferencia positiva en las personas (los administrados). No ser simples legalistas ciegos por puro interés o conveniencia personal que socapen, permitan o viabilicen impunidad y vulneración de derechos humanos.

Entiéndase que en las elecciones judiciales existe un propósito de mayor, el cual es tener calidad institucional y no ser más de lo mismo, donde lamentablemente el modelo que se repite constantemente es aquella mentada falta de confianza en la administración pública por culpa de sus actores o exponentes, que viven de crisis en crisis judicial constantemente, carente de sentido común.

Evitemos ser más de lo mismo, pues hacer lo mismo de siempre traerá consigo igual y/o peores resultados, como ser: la tiranía, el autoritarismo, la pobreza, la miseria, el estatismo atroz y la opresión al extremo de aplicarse inclusive ideas y prácticas foráneas muy dañinas, las cuales podrían ser incentivas por grandes megacorporaciones corruptas, destruyendo totalmente la soberanía nacional.

 

Ciro Añez Núñez.