MANDATARIOS, MINISTROS, DIRECTORES DE ENTIDADES ESTATALES TAMBIÉN FUERON RECIBIDOS
Los comisionados tuvieron menos tiempo que en 2006 y se reunieron con al menos 16 principales actores. La visita fue marcada por las críticas que recibió Hernández.
En 2006, una comisión de la CIDH monitoreó los derechos humanos durante seis días en Bolivia. Este 2023, la “visita in loco” duró cuatro jornadas en las que los juristas recibieron al menos a 16 principales actores entre oficialistas y opositores además de activistas, un periplo que sin embargo “se empañó” por la participación del comisionado Joel Hernández en un acto de desagravio a vocales acusados del fraude electoral en 2019.
El lunes 27 de marzo, el mexicano Hernández prometió “escuchar a todas las voces”, pero horas después fue criticado por participar en un acto de desagravio organizado por el Gobierno a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acusados del fraude electoral en 2019. El Relator para Bolivia fue declarado “persona no grata, por siempre” por la Asociación de Familias de Víctimas Perseguidos y Presos Políticos (Afavim).
El jurista internacional se defendió este viernes al afirmar que su participación fue en el marco de las acciones de reparación integral a todas las víctimas, no obstante fue cuestionado porque su accionar fue en contra de lo que concluyó la Organización de Estados Americanos (OEA) que en 2019 reveló la “manipulación dolosa” de las elecciones por parte de los vocales electorales.
“Reiterar que mi participación de buena fe y acorde al mandato de la CIDH para velar por la reparación integral a las víctimas, la naturaleza de la participación fue de reparación y la imparcialidad de la CIDH no está y no estuvo comprometida”, afirmó Hernández en la rueda de prensa del informe preliminar de la Comisión.
Pese al incidente del lunes, las audiencias contra reloj se iniciaron escuchando en muchos casos por tres minutos por víctima y en otros hasta una hora, según se supo. Así pasaron uno a uno, el vicepresidente David Choquehuanca, el canciller Rogelio Mayta, los ministros de Justicia y de Gobierno, Iván Lima y Eduardo Del Castillo, la ministra de Presidencia, María Nela Prada, y los senadores además del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Mientras que el líder de la oposición Carlos Mesa también fue recibido junto a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, además del cocalero César Apaza en el penal de Chonchocoro. La expresidenta Jeanine Añez y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, también fueron escuchados.
No obstante, tres días después, la justicia amplió las detenciones preventivas de Apaza y Añez, al punto que la hermana del primero, Miriam Apaza, se sintió desilusionada este viernes, porque según ella, “poco sirvió” que los comisionados evidencien las precarias condiciones y el estado de salud de César que sufrió una embolia.
Así como los comisionados se reunieron con los ministros también lo hicieron con representantes de entidades públicas, uno de ellos fue Alpacino Mojica, representante del Servicio General de Identificación Personal en Santa Cruz, que según admitió, relató los “atropellos que sufrí el 2019 en el ‘golpe’”.
Contrariamente, la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Roxana Graz denunció la poca voluntad de la CIDH de escuchar a los perseguidos políticos en Potosí, entre ellos a Marco Pumari, el excívico que sigue detenido en el penal de Cantumarca desde 2021.
El miércoles en Santa Cruz, cuando los comisionados escuchaban a los periodistas de esa región que denunciaron agresiones a los comunicadores, un reportero fue atacado durante la cobertura a un conflicto por tierras. Este viernes, en la conferencia de prensa de la CIDH, el relator para la “Libertad de expresión”, Pedro Vaca no dijo ni una palabra.
Empero, la vicepresidente de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que “observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa”, pero que también “preocupa la escalada de agresiones periodistas en los últimos años particularmente en Santa Cruz”.
La Comisión de la CIDH preparará un informe sobre Bolivia, un reporte que tendrá 36 recomendaciones para después instalar una mesa de seguimiento al informe.