En la reunión con la CIDH, las autoridades cruceñas también rechazaron el acto del Gobierno en el que participó el relator Joel Hernández y pidieron a los comisionados emitir un informe “independiente” de su visita a Bolivia.
Edwin Condori
En el tercer día de su visita a Bolivia, un grupo de comisionados de la CIDH visitó la Casa de Gobierno de Santa Cruz para reunirse con distintas autoridades departamentales.
Tras el encuentro, Suárez, acompañado de otras autoridades, dijo que la reunión fue “muy concisa, puntual y provechosa”.
“En esta reunión, como Gobernación de Santa Cruz, hicimos un relato de los antecedentes que han venido ocurriendo con relación a la vulneración de la democracia en nuestro país y en nuestro departamento”, afirmó.
Según Suárez, el relato arrancó con un recordatorio de la vulneración del derecho al voto.
Es decir, “hicimos saber o recordamos que el 21 de febrero de 2016 se realizó en Bolivia un referendo para definir si el entonces presidente Evo Morales se presentaba a una nueva reelección (y que esa consulta) estableció que Morales no podía presentarse”, señaló.
Sin embargo, Morales se volvió a postular a la presidencia sin respetar el voto popular a través de una cuestionada resolución del Tribunal Constitucional.
“A partir de ese momento comenzó una lucha desenfrenada por la restitución de la democracia (…) y esta lucha tuvo un punto de inflexión importante, que también se lo relatamos a la Comisión y que es el 20 de octubre de 2019, cuando se cometió un fraude electoral que pretendía imponer por la vía de la ilegalidad a Evo Morales como presidente del Estado”, sostuvo.
Recordó que a raíz de ese presunto fraude inició un paro indefinido, que luego tuvo resultados fatales con varios muertos.
“También mencionamos a la Comisión que en octubre de 2020 se realizó una nueva elección y se eligió al presidente Luis Arce encomendándole un mandato específico, que es la restitución del orden democrático en el país (tras) el fraude electoral para zanjar de una vez por todas el conflicto”, indicó.
No obstante, según Suárez, Arce no recogió ese mandato y optó por la preferencia solo en beneficio de los seguidores del partido oficialista.
Y este hecho tuvo “un momento culmine con el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre de 2022, por lo cual, le manifestamos a la comisión de la CIDH que el presidente Luis Arce marcó una posición de su gobierno con un tinte dictatorial porque secuestra autoridades electas, como el gobernador Luis Fernando Camacho (…) vulnerando sus derechos constitucionales y, principalmente, sus derechos políticos”, enfatizó.
Por otro lado, según Suárez, las autoridades cruceñas hicieron conocer a la misión internacional su “total rechazo al acto de provocación generado por el Gobierno nacional, desagraviando (a los presuntos responsables) del fraude electoral”, es decir, a los ahora exvocales del Tribunal Supremo Electoral.
“Hicimos saber al comisionado Joel Hernández, que participó en ese evento, que su figura había sido utilizada para convalidar una posición del Gobierno en contra del pueblo boliviano y del pueblo cruceño”, señaló.
El lunes, el relator Joel Hernández dijo que fue invitado al acto de desagravio a los exvocales electorales porque él también forma parte de la mesa de seguimiento del GIEI.
“Me han invitado a tener esta participación de manera paralela al programa que tenemos y esto viene a partir de otro rol que juega la Comisión Interamericana en este país, que es la mesa de seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mejor conocido como GIEI”, afirmó el delegado internacional.
“Y como punto final (del encuentro) solicitamos a la CIDH que emita un informe objetivo e independiente”, apuntó Suárez.
Una delegación de la CIDH cumple desde el lunes una serie de reuniones en Bolivia para verificar la situación de los derechos humanos y tiene previsto concluir su trabajo el viernes con la presentación de un informe preliminar.