Durante una semana, cinco miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos, realizaron una visita a Bolivia para conocer directamente la situación en la que se encuentra el ejercicio y protección de los derechos humanos, además de escuchar los testimonios y denuncias de los casos que se procesan en su sede. La CIDH realiza estas visitas con poca frecuencia, está sujeta a la aprobación del Estado anfitrión y concluye con un informe que no tiene carácter vinculante.
En su estadía, la Comisión recibió más de 500 solicitudes de reunión, tantas que debió juntar a varias delegaciones en encuentros que duraban poco más de 30 minutos, y dividirse en dos grupos para poder atender a los esperanzados peticionantes de los cuatro departamentos visitados. Fue lamentable presenciar la competencia de políticos, organizaciones sociales y ONGs para ser escuchados por una entidad internacional que carece de competencia y capacidad para resolver denuncias que, en los hechos, nos corresponde solucionar a los bolivianos.
Curiosamente, mientras se realizaba la visita de los Magistrados, un nuevo episodio de avasallamiento de tierras en la provincia Guarayos de Santa Cruz, ocasionó la muerte violenta de dos personas; los maestros iniciaron un paro nacional con bloqueos de carreteras; la COB y el gobierno inauguraron las reuniones para debatir el aumento salarial, excluyendo a los empleadores y violando el Acuerdo 131 de la OIT; y la escasa oferta de dólares ya generaba especulación y agio en detrimento de un número cada vez mayor de ciudadanos. Pese a la cobertura noticiosa, ninguno de estos hechos mereció una mención en el informe preliminar que presentó la Comisión el pasado viernes.
En todo caso, y más allá de sus omisiones y controversias, la visita de la CIDH nos recordó una vez más que en Bolivia hay una brecha insalvable entre la sociedad y un Estado que ha perdido la voluntad y la capacidad de diálogo y, al debilitar su propia institucionalidad, destruyó los canales de comunicación que le permitían mantener un margen adecuado de gobernabilidad y gobernanza. Así se entiende que los ciudadanos busquen cada vez más acudir al espejismo de la intervención multilateral para reemplazar la ineficiencia de sus instituciones y la poca transparencia de sus funcionarios públicos.
Lo preocupante es el alto riesgo que implica para la paz y la estabilidad, la ausencia de interlocución legítima entre la ciudadanía y sus gobernantes, para resolver las tensiones existentes, y la masa crítica de descontento y frustración que –incluso por temas menores– puede activar una escalada de conflictos sin control.
Esta amenaza latente apareció en el actual conflicto del Magisterio que demanda ajustes en el currículo escolar, un problema que no se soluciona por la tozudez del gobierno y de los dirigentes, y que ha generado el bloqueo de siete carreteras nacionales durante dos días, con un costo enorme para la producción, el comercio y el transporte, y una afectación no menor para la confianza, la inversión y la imagen del país. Pero también la vimos en el conflicto de Santagro donde un grupo de interculturales afines al partido de gobierno, animados por la promesa de impunidad, no dudaron en tomar predios ajenos para culpar luego a los propietarios por la violencia.
La cantidad de reclamos que recibió la CIDH sobre el tema de la justicia, mostró también que los efectos perniciosos de un sistema judicial colapsado, ineficiente y corrupto, alcanzan a todos los ámbitos del derecho y la ciudadanía. Los conflictos medioambientales, laborales, sociales, políticos e incluso económicos, podrían resolverse si existiera una justicia oportuna, universal, igualitaria, transparente e independiente, administrado por personas idóneas y honestas.
A la luz de los resultados obtenidos por los organismos internacionales en materia de DDHH, es poco probable que la visita de la CIDH y su informe tengan algún efecto relevante en el futuro inmediato de nuestro país, sin embargo, resultó útil para recordarnos qué dimensión tiene la crisis en la que nos encontramos y cuánta falta nos hace una reforma estructural del sistema judicial.
De todo el informe que presentó la CIDH al concluir su visita, es rescatable el último párrafo que señala “Solo mediante un amplio diálogo nacional con respeto al rol esencial que juegan el gobierno legítimamente electo, los partidos políticos en una democracia, y la amplia participación ciudadana organizada, se alcanzará la anhelada convivencia armónica de esta pluralidad de naciones y culturas que hace de Bolivia un referente regional”.
Ronald Nostas Ardaya
Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia