Giovanni Ortuño: “La escasez de divisas complica en gran medida la operatividad empresarial”

Lleva dos meses en el cargo de presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pero hasta ahora no se lo había visto en una entrevista a profundidad en los medios de comunicación. Giovanni Ortuño es un empresario de bajo perfil, pero no es nuevo en el gremio. Por muchos años presidió la comisión económica de la confederación y en las dos últimas gestiones fue su vicepresidente.

Ortuño es potosino de nacimiento, estudió ingeniería electrónica y en telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico de Monterrey, luego hizo una maestría en Santa Cruz y otra en La Paz, donde finalmente “se nacionalizó” como chukuta. De eso ya pasaron 30 años, en los cuales se convirtió en un empresario del sector de las telecomunicaciones. Actualmente es presidente de AXS Bolivia.

En esta entrevista con Página Siete explica los impactos negativos del incremento salarial y de la escasez de dólares, pero tiene una posición moderada respecto a las políticas del Gobierno. Por ejemplo, prefiere no opinar sobre el modelo económico del Gobierno porque el Presidente y su modelo fueron elegidos por voto popular.

Ha llegado al cargo y ha salido el aumento salarial decidido entre el Gobierno y la COB. ¿Cómo recibe usted esta noticia?

El incremento salarial tiene una repercusión económica importante. Estimamos que el 3% de incremento al haber básico tiene una incidencia en la empresa privada de 160 millones de dólares y en la empresa pública de 140 millones de dólares, son cifras altas que, sumadas a la situación económica que vivimos después de la pandemia y por factores externos e internos, no es positivo porque no ayuda a la generación de más empleo, precariza el empleo existente, fomenta la informalidad. Y, cuando sumamos la productividad que, según estimaciones del Inesad, entre 2017 y el 2022 ha bajado en un 16%, es un tema que complica muchísimo a la empresa privada. No todos los crecimientos son iguales, no todas las empresas han reaccionado de igual forma a la pospandemia y las realidades son diversas en todo tipo de empresas.

Los empresarios no han sido convocados para esta negociación.

El Gobierno, en cumplimiento de la Ley 2120, tiene la obligación de convocar al sector empleador a un diálogo exhaustivo, que ratifica los convenios internacionales. Es importante resaltar que la ley debe cumplirse por todos los bolivianos y en este caso más aún por el Gobierno.

¿Pero no la cumplió o sí?

Lastimosamente no hemos sido convocados al diálogo esta vez, lo cual genera problemas, porque, al final, los empleadores, que manejamos alrededor de 75% del PIB, somos los afectados por una normativa de este tipo y nuestra opinión no es considerada. Entonces, nos genera cierto grado de frustración el no haber sido convocados a plantear nuestras posiciones.

¿Qué implica para las empresas este impacto millonario del incremento salarial?

Cada empresa es un mundo. Poner presión sobre las empresas, en un contexto económico como el que estamos viviendo, significa un desafío importante para las empresas, más aún si la normativa es generalizada y no considera las realidades diversas de las empresas.

Durante el gobierno del MAS se han emitido una serie de normas a favor de los trabajadores ¿Cómo repercute eso en la economía del país?

Mientras las normas sean razonables y mejoren las condiciones laborales, nosotros no podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, cada primero de mayo hay una tradición de derivar leyes (al Legislativo) para contentar al sector laboral, que son atentatorias contra la generación de empleo, la estabilidad de las empresas, como por ejemplo la Ley de Empresas Sociales. Podemos citar varias de esas leyes que generan un clima de incertidumbre hacia la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo.

¿Cuál es la situación actual del empleo en Bolivia?

El sector laboral boliviano está precarizado. Hoy en día Bolivia tiene 85% de informalidad, la más alta tasa en el mundo. Esa informalidad, sumada a que tenemos uno de los índices más bajos de productividad de la región y una política salarial complicada, precarizan el empleo, cada vez tenemos más gente pasando de lo formal a lo informal y desde el 2014 vemos que la cifra va en aumento en Bolivia. Por eso, creemos que Gobierno, empresarios y todos tenemos que entablar un diálogo para buscar nuevas formas de asegurar los derechos del trabajador, pero a la vez también asegurar derechos del empleador.

¿Por qué ocurre la caída de la productividad?

Por el número de días feriados y todas estas políticas que van en beneficio del trabajador, pero que van en contra de la continuidad laboral y que afectan negativamente a la productividad de las empresas. Me refiero específicamente a lo que el trabajador aporta en horas/hombre a la productividad de la empresa.

¿Cuál es la situación de las empresas en esta coyuntura? Hay seguridad para seguir invirtiendo o se están contrayendo.

El país vive desafíos importantes, de índole nacional e internacional. La conflictividad en los últimos años ha crecido bastante, especialmente en el último año, eso genera climas de incertidumbre, el clima en general de inversiones no ha sido promovido como desearíamos. Hay políticas salariales, hay más complejidad en los trámites ante el Estado, hay una serie de elementos que creemos que pueden mejorarse para buscar un mejor clima de inversión y atraer más inversión tanto nacional como inversión extranjera directa.

¿La raíz del problema puede estar en el modelo económico boliviano? ¿Cómo evalúa usted ese modelo?

De acuerdo a la Constitución existe un modelo donde hay diferentes actores en el mercado, que van desde empresas públicas hasta empresas privadas. Tener empresas públicas no está mal en tanto sean administradas transparentemente y eficientemente. El hecho de que existan empresas privadas bajo un modelo correcto, donde no se generen monopolios, donde haya competencia leal, funciona tan bien como funcionan las empresas públicas, creo que deben coexistir ambas.

¿Usted atribuiría la responsabilidad de esta situación de precrisis y el elevado déficit a los gastos de este modelo estatal?

Creo que contribuye en parte a la generación de déficit un manejo ineficiente del gasto público, sin embargo, yo no tengo las cifras ni la constatación para determinar si es que es una realidad que el Gobierno tenga un aparato improductivo o que no genere los mecanismos de control que debe tener la empresa pública.

Esta situación ha llevado a la caída de las reservas internacionales. ¿Cómo ha impactado eso en la situación de la empresa privada y de la economía del país?

El problema de la caída de las reservas definitivamente ha contribuido a una escasez de dólares, de divisas, esa escasez de divisas complica la operatividad de las empresas grandemente, porque la mayor parte de las empresas tenemos insumos que pagamos fuera y al momento de no poder enviar dólares o que se encarezca el envío de dólares nos genera problemas operativos serios. En cuanto a la estabilidad también, un clima de incertidumbre genera siempre problemas para atraer inversiones. El proceso de toma de decisiones para invertir en el país se complica cuando hay este ambiente de inseguridad y escasez, perjudica el desenvolvimiento de las empresas.

¿Cuánto ha afectado a la operatividad de las empresas esta escasez de dólares?

No tenemos cifras todavía, estamos muy cercanos al problema.

Esto ha generado una especie de mercado negro del dólar. ¿Cómo ve usted el surgimiento de ese mercado?

Esperemos que sea una situación simplemente transitoria. Entiendo que una forma de iniciar la reversión de este proceso ha sido la aprobación de la Ley del Oro, que conjuntamente a medidas estructurales para voltear esa tendencia de baja en las reservas internacionales deberían contribuir a generar un clima de estabilidad y, por ende, de solidez en la moneda.

Sin embargo, los analistas afirman que la Ley del Oro es una solución coyuntural y que esto podría continuar.

La Ley del Oro ha sido una medida necesaria, oportuna, pero no es la solución a todos los problemas. El Gobierno necesita implementar políticas estructurales para atacar la causa del problema, que es la caída en las reservas.

¿Cuáles serían esas políticas?

A mí no me gusta dar recetas al respecto porque es una responsabilidad del Gobierno tomar estas políticas.

En su discurso de medio término, el Presidente ha hablado del yuan como una alternativa. ¿Usted lo ve factible?

En el comercio exterior se manejan distintos tipos de monedas, eso no es extraño. Cuánto del comercio exterior se podrá hacer mediante yuanes, la verdad desconozco, pero el yuan es tan viable como cualquier otra moneda en el intercambio económico.

Pero si buscamos yuanes en La Paz no vamos a encontrar.

Seguramente no, por eso no sé cuál es el impacto inmediato que podamos tener. Entiendo que diferentes administraciones o gobiernos han empezado a hacer swaps con la China con sus monedas y yuanes, es un tema que habría que analizarlo a mayor profundidad.

¿No cree que este tema y el modelo obedecen a una ideologización de la economía?

Nosotros como institución somos muy proclives a impulsar los valores democráticos en el país y a mantener nuestros roles como empresarios privados, que es la generación de empleo, la generación de riqueza, tener responsabilidad y fomentar la iniciativa privada. El sistema democrático ha elegido un Presidente con un modelo económico y tiene que ser la población mediante el voto que decida cambiar o no ese modelo económico. Creo que no es nuestro rol hacer eso.

¿Los cruceños estarán de acuerdo con esa posición tan tolerante y comprensiva con el Gobierno?

No puedo opinar sobre mis colegas en Santa Cruz, pero entiendo que ellos han tenido más que posiciones encontradas con el Gobierno, factores de comunicación y coordinación que se pueden mejorar.

Las calificadoras han subido el riesgo país de Bolivia, lo que ha repercutido en la caída de los bonos soberanos. ¿Cómo afecta eso a la situación de estabilidad económica del país?

Las calificadoras de riesgo son empresas que son utilizadas por los inversores, tanto para evaluar inversiones privadas o inversiones en gobiernos o Estados y, más allá de la opinión que pueda tener una calificadora, creo que debemos concentrarnos en revertir esta situación.

El MAS desde hace varios años ha establecido cupos de exportación. ¿Cómo afecta eso al sector?

Hoy en día tenemos alrededor de 41 productos con cupos de exportación. En un ambiente donde debemos generar más divisas, creo que deberíamos fomentar la exportación, obviamente asegurando la seguridad alimentaria local. En lo personal no estoy de acuerdo con cupos, creo que hay otras formas de asegurar el abastecimiento interno y a la vez fomentar la exportación sin restricciones.

¿Cómo han visto ustedes la lucha contra el contrabando de parte del Gobierno?

El contrabando existe y afecta grandemente a la industria nacional porque no se compite en igualdad de condiciones y eso hace que el sector industrial se vea totalmente afectado. Hemos tenido algunos eventos con la anterior administración para incidir un poco más en el control del contrabando, que han sido efectivos, creo que debemos hacer lo mismo y apoyar cualquier medida que el Gobierno tome para que este flagelo que es el contrabando.

Los exportadores consideran que el tipo de cambio fijo les resta competitividad. ¿Cuál es su posición al respecto?

Entendemos que la bolivianización ha sido un evento importante para tener una moneda fuerte y estable durante muchos años y creo que la política monetaria que el Gobierno sigue, y esto coincide con la posición de algunos asociados de la confederación, es tendente a mantener el tipo de cambio como está actualmente, sin embargo, cualquier cosa es perfectible, no nos cerramos a ninguna situación. Creemos que, en este momento, cambiar el tipo de cambio podría tener más impactos negativos que positivos.

¿Son buenas las subvenciones estatales y deberían ser eternas?

Es un tema complicado. Eso depende de la estrategia de Gobierno.

Ustedes han tenido una reunión con el Gobierno antes del 1 de mayo. ¿Se va a dar continuidad al diálogo?

Los resultados de esa primera han sido muy buenos, muy positivos. Hemos dejado abiertos varios caminos de coordinación con el Gobierno para hablar de temas que podemos hacer en conjunto, obviamente priorizando la reactivación económica. Estamos coordinando con los diferentes ministerios para volvernos a reunir y definir cuál es la temática que vamos a trabajar.