El representante afín al MAS Edgar Salazar dijo que hay documentos que mostrarían un supuesto lavado dinero en la APDHB, pero no mostró ninguna prueba de su acusación
Fuente: ANF
La Paz .- Edgar Salazar, de la directiva paralela de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), negó que la toma de ese recinto haya sido violenta y no explicó el porqué se realizó el “allanamiento” sin orden de autoridad competente.
“Esta recuperación de nuestros ambientes es gracias al apoyo de organizaciones afines en la defensa de los derechos humanos, movimientos populares, familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba, ante el silencio del orden constitucional han venido a recuperar estos ambientes”, señaló Salazar.
Asimismo, negó que la “recuperación” del bien inmueble haya sido de forma violenta, y que se resguardó a los activistas para que desalojen el recinto. El viernes pasado, un grupo de afines al MAS con engaños ingresaron a la APDHB, donde ahora todavía permanecen.
Consultado sobre la orden fiscal o judicial para el “allanamiento”, no supo mostrar ninguna documentación, pero dijo que asumirán defensa por las denuncias de la presidenta de la entidad defensora derechos humanos, Amparo Carvajal.
“Se nos ha denunciado por haber allanado, supuestamente, el inmueble de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, aspecto totalmente falso. Nosotros vamos a defendernos ante las instancias correspondientes”, sostuvo Salazar.
Pese a la insistencia, el representante justificó la toma porque tendrían el “acta de elección, de posesión, tenemos la personería jurídica, tenemos la resolución ante Impuestos Nacionales que reconoce la representación a Edgar Salazar”, sostuvo, al señalar que también inscribieron el bien inmueble en Derechos Reales.
Alegaron que Carvajal «usurpó» el cargo como presidenta de la APDHB, sin embargo, en el mes de marzo la activista fue reelegida en un congreso. Mientras que Salazar señala que fue elegido en 2021.
Este lunes, esa directiva paralela convocó a una conferencia de prensa, el ingreso fue por la parte trasera del edificio, al interior había mucha gente que se decían ser miembros de las organizaciones sociales, se pudo observar gente de las Bartolinas, la federación de mineros y fabriles.
Salazar negó tener una filiación con el Movimiento al Socialismo (MAS), en cambio acusó a la directiva de Carvajal de haber usado esa entidad para fines políticos, porque se encontraron afiches, por ejemplo, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Asimismo, señaló que se encontraron documentos con los que se puede presumir que la institución fue utilizada para el “lavado dinero”, pero no mostró ningún papel para probar sus acusaciones, excepto talonarios de una chequera.
“Se ha encontrado documentación que hace pensar que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia con la señora Amparo Carvajal se ha convertido en una institución donde se lavaba dinero. Se ha descubierto grandes sumas de dinero que manejaba Carvajal para pagar a su abogado como es Jorge Valda”, sostuvo Salazar.
Acotó que para investigar el manejo de recursos económicos se conformará el “tribunal popular” con las organizaciones sociales que presuntamente fundaron la APDHB para llevar adelante una auditoría sobre el manejo económico que hizo Carvajal al frente de esa entidad.
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