“La carga fue aumentada a un contenedor de BoA y se rompieron protocolos establecidos”, manifestó el gerente general de Boliviana de Aviación.
Fuente: Red Uno
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Este martes 6 de junio el gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso y el director general de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, se pronunciaron sobre el cargamento de 478 kilos de cocaína que salió el 11 de febrero desde el aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra y que llegó hasta el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. La noticia fue dada a conocer por la Agencia Tributaria el pasado martes 30 de mayo.
La noticia fue revelada el pasado martes 30 de mayo por la Agencia Tributaria, quienes informaron sobre una carga fuera de manifiesto, técnicamente conocida como “carga sobrevolada”. Desde ese momento, BoA inició una investigación interna de seguridad en la aviación (AvSec) para rastrear la documentación de la carga en cuestión. Sin embargo, tras agotar todos los recursos internos, se notificó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) debido a la naturaleza ilícita de la carga.
Según Casso, se llevaron a cabo auditorías en la DGAC y se implementaron varias acciones de control interno. No obstante, el 30 de mayo se descubrió que la carga tenía un contenido distinto al esperado, lo que cambió su clasificación a un delito. En ese momento, se buscó obtener imágenes del aeropuerto para entender lo sucedido y determinar las responsabilidades.
Mediante una imagen proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia, se logró identificar el momento en que se rompieron los precintos de la carga. Aunque no se pudo determinar qué ocurrió después de la ruptura, este incidente se considera una infracción a la seguridad de la aviación debido al incumplimiento de los protocolos establecidos. Dos funcionarios de BoA fueron identificados en el video y se presentó una denuncia contra ellos. Casso solicitó a la Fiscalía que investigue esta irregularidad.
En respuesta a esta grave situación, el ministro de Obras Públicas ordenó la disponibilidad de todo el personal necesario para ser interrogado e investigado por la Fiscalía. Además, se decidió separar al jefe regional de BoA, Carlos Moreno Méndez, con el fin de no obstaculizar la investigación en curso, explicó Casso.
El director general de Naabol, Elmer Pozo, explicó que se enteraron del incidente el 30 de mayo y, en coordinación con BoA y la DGAC, se llevó a cabo una reunión para iniciar la investigación pertinente. El 31 de mayo, Pozo se trasladó a La Paz para revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, ya que el sistema de Naabol tiene una capacidad de almacenamiento de 30 días.
Pozo también mencionó que no tienen control sobre el sistema de monitoreo o circuito cerrado de televisión (CCTV), y se enteró a través de redes sociales de que las imágenes habían sido borradas, según lo indicado por el administrador de Aduana del aeropuerto.