Cinco escándalos de corrupción y narcotráfico golpean la gestión del gobierno de Luis Arce

El Gobierno afectado por las denuncias de corrupción, este lunes presentó un proyecto de ley para reforzar la lucha contra el ilícito
Foto: ilustrativa
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Fuente: ANF

El gobierno de Luis Arce enfrenta los embates de cinco escándalos de corrupción y narcotráfico que empañan su gestión. La intervención al Banco Fassil, las denuncias de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el Viceministerio de Coca, el “sobreprecio” en la importación de combustibles, y el caso “narcovuelo”.

La crisis del Banco Fassil, el caso “coimas” en el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, el “narcovuelo” con el transporte de 478 kilos de droga desde Bolivia a España, las recientes denuncias de corrupción en el Viceministerio de Coca y la denuncia contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por la “sobredemanda y sobreprecio” de carburantes golpean al gobierno de Arce.



 

Los escándalos estallaron uno tras otro o sobrepuestos, lo que demuestra que el Gobierno “ha entrado en decadencia. Los fundamentos primigenios de la revolución ya no existen, y hoy por hoy, el MAS es una fuerza contrarrevolucionaria”, dice el analista Franklin Pareja a la ANF.

Pero las críticas nacen del propio partido gobernante, “Los escándalos de corrupción muestran que no hay Justicia ni tampoco Transparencia Institucional. Lamento mucho que no se actúe oportunamente para prevenir y luchar contra un mal que hace mucho daño. No entendemos cómo y porqué perjudican al hermano presidente @LuchoXBolivia en vez de ayudarlo”, dijo en mayo el expresidente Evo Morales.

Las organizaciones políticas de oposición y el bloque “evista” en el Legislativo sostienen que es escandaloso que el Gobierno enfrente tantos casos de irregularidades en el manejo de los recursos estatales, pero también en la adjudicación de proyectos y obras.

Manejos irregulares, intervención y un muerto en el escándalo del Banco Fassil

El 26 de abril de este año, la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi) intervino el Banco Fassil, al haber incurrido en la causal establecida en el inciso a) artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros.

Esa entidad financiera empezó a presentar problemas cuando restringió el retiro de depósitos a sus ahorristas, los “rumores” corrieron respecto a una supuesta quiebra, cosa que fue negado por el banco y la Asfi dijo que cumplía un plan de regularización y no había riesgo en los ahorros.

Una serie de irregularidades se detectaron tras la intervención, las críticas salpicaron al Gobierno por no haber asumido -a través de la Asfi- medidas mucho antes, toda vez que el presidente Luis Arce admitió que conocía de los problemas desde 2019.

Además, se develó créditos millonarios aparentemente de manera irregular, según un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al que accedió canal DTV, al menos 50 empresarios recibieron préstamos millonarios y desviaron estos recursos a Santa Cruz Financial Group, entre 2018 y 2021.

Personas de no más de 20 años habían adquirido préstamos millonarios sin tener la solvencia para responder por los créditos adquiridos. No obstante, el sistema financiero es estricto cuando califica a un cliente para acceder a un préstamo, lo que no ocurrió en el Banco Fassil. Ejecutivos de esa entidad están detenidos en la cárcel.

La muerte del interventor Carlos Alberto Colodro, abrió un frente de desconfianza sobre el manejo de este tema. El 27 de mayo, su cuerpo fue encontrado en el piso fuera del edificio Ambassador, en cuatro días el Gobierno concluyó que fue un “suicidio”, en medio de cuestionamientos a la investigación que debería realizar la fiscalía. Su fallecimiento ha conmovido al país.

 

 

Entre 4.500 a 5.000 trabajadores estaban en las calles por su situación laboral que hasta este fin de semana era incierta, mucho más después de un audio filtrado presuntamente del actual interventor Gonzalo Araoz., con quien llegaron a un acuerdo este fin de semana.

Un ministro y un viceministro a la cárcel por coimas millonarias

El 7 de mayo de 2023 estalló el presunto cobro de “coimas” que el exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos instruyó a su excolaboradora, quien también era la recaudadora. De acuerdo a la denuncia, la exautoridad recibió por los cobros al menos 19 millones de bolivianos.

“Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de ‘negociar’ las obras. Desde aquella fecha, hasta enero de 2023, calculo que recaudé alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el ministro. Por ahora, no diré mi identidad, por miedo a represalias contra mi persona y mi familia, pero diré todo lo que hice y vi”, denunció  la testigo al portal de noticias Rimay Pampa.

Santos negó las acusaciones y anunció que asumiría acciones legales. No obstante, las investigaciones condujeron hacia su sobrino quien habría adquirido cinco bienes inmuebles en un solo día. También registró movimientos inusuales en sus cuentas de 1,2 millones de bolivianos.

Otra exfuncionaria compró seis inmuebles en tres meses y se reportó un “movimiento inusual” en su cuenta de hasta Bs 1,5 millones. En total, Bs 2,7 millones entre ambos. Santos renunció a su cargo, cuando fue a prestar su declaración la fiscalía ordenó su aprehensión y la justicia lo envió con detención preventiva a la cárcel. Similar destino corrió su sobrino y la exservidora pública.

El caso ha salpicado al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, quien fue requerido, este viernes, por la fiscalía para declarar en este caso de corrupción. También fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

Millones en importación de combustible ¿con sobreprecio?

Los exministros de Evo Morales, Carlos Romero y Teresa Morales, denunciaron al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Denunciaron la compra de diésel con un supuesto sobreprecio de $us 723,4 millones por parte de YPFB a una empresa chilena mediada por Trafigura. Morales, explicó que recabó información de la Aduana en la que se evidencia que el precio del kilo de diésel adquirido por YPFB es mayor en 30% respecto al mismo combustible comprado por empresas mineras en el país.

Detalló que la empresa chilena Cope, mediante Trafigura, comercializó el diésel a YPFB en $us 2,10 el kilo precio FOB, mientras que a la empresa minera San Cristóbal se le vendió en $us 1,48. “La diferencia es de 0,62 dólares por kilo, es 29%, casi 30% de sobreprecio”.

“¿A santo de qué compra a semejante diferencia (el diésel) el mismo día, por la misma frontera?  Pueblo de Bolivia, nos están robando, se están embolsillando 700 millones de dólares que le hacen falta a este país”, denunció la exautoridad.

Las denuncias se lanzaron mucho antes, desde marzo Romero dijo que la estatal petrolera se “desangra” por el contrabando de combustible subvencionado, el monopolio de la empresa Trafigura y el incremento de los trader o comisiones en la importación de diésel y gasolina.

La exautoridad presentó sus indagaciones en torno a la empresa, que en su criterio está siendo “desangrada” y “apuñalada” por las “irregularidades” en la gestión de la compañía lo que generaba una “profunda preocupación”.

Alertó en ese tiempo que hay “una presunta y gigantesca red de corrupción en YPFB”, desde que en la empresa se ha impuesto la modalidad de contrataciones directas y sin licitaciones.

En mayo, ambas exautoridades formalizaron su denuncia ante la fiscalía, la anterior semana fueron notificados con la admisión de la misma, sin embargo, el fiscal William Alave dijo que en abril ya se había iniciado las indagaciones y que incluso el titular de YPFB ya declaró. Morales dijo que el fiscal, miente.

Este domingo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó a través de Dorgathen que disminuyó en 40% el precio de la importación de gasolina y diésel oíl porque se habría implementado cambios en la logística de internación al país, situación que ha repercutido en el costo por litro de ambos combustibles.

Campesinos denuncian presunta red de corrupción en Viceministerio de Coca

Los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Omar Ramírez y Humberto Claros denunciaron, el pasado 12 de junio, que, en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, dirigido por Arlen Lovera, opera una red de corrupción en las donaciones de coca.

Ramírez explicó que mensualmente esa presunta red generaría, para su propio beneficio, alrededor de Bs 150.000 por la venta de 100 taques de coca, aproximadamente. Los principales implicados serían: el mismo viceministro; el ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), Ernesto M.; y la señora Naftha L. Otmar G., quien presuntamente sería funcionaria pública del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA).

Los dirigentes señalaron que en esa supuesta red no aparece directamente el representante de Cofecay que operaría con el viceministro, sino a través de otras personas quienes solicitan coca a nombre de diferentes organizaciones sociales, pero que no les llega el producto.

Tras la denuncia de presuntas irregularidades en el manejo de donaciones de la hoja de coca en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, pidió investigar este caso a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

De Bolivia a España, 478 kilos de droga. Los peces gordos no son detenidos

Hasta la fecha no hay ni un “pez gordo” ni los autores y dueños de la millonaria mercancía en cocaína que salió desde el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz y que, el cargamento fue intervenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, en el mes de febrero.

En el aeropuerto español, los funcionarios observaron la presencia de doce bultos que no habían sido declarados en el momento de embarque y salida de la aeronave en origen, conteniendo todos ellos unas tabletas cuadrangulares envueltas en plástico film. Tras una prueba dio positivo a cocaína.

La droga no solo tenía procedencia de Bolivia, sino que el transporte fue en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), es decir la empresa estatal quedó vinculada al tema. Según expertos o había cómplices o los narcotraficantes “burlaron” los sistemas de seguridad en Viru Viru.

La facción evista del MAS y la oposición sostienen que existió “complicidad” y “encubrimiento” del Gobierno por esa razón los únicos detenidos son trabajadores de bajo rango tanto de BoA, Naabol, además de un efectivo, sin embargo, todos responden a una cadena de mando. Los directores regionales solo fueron desvinculados.

¿Quiénes eran los dueños de la mercancía? ¿Quiénes despacharon 478 kilos de droga y nadie se dio cuenta? ¿Realmente una niña era la receptora en España, o es parte de la estrategia que usan los narcotraficantes? Estas preguntas aún no tienen respuesta.

Otros casos irregulares también se detectaron, por ejemplo, el presidente Arce regaló al Conamaq un vehículo, pero el motorizado había sido robado en Chile; una legisladora opositora develó otro caso similar, un vehículo robado en ese país era usado por el Legislativo.

Afectado por las denuncias, este lunes el gobierno de Arce presentó un proyecto de ley para reforzar la lucha contra la corrupción. Aunque los opositores y los “evistas” señalaron que es una medida tardía, además que el problema no se encuentra en promulgar más leyes, sino de la actitud de las personas.