Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, urge a la comunidad internacional a actuar contra el régimen de Daniel Ortega
.Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en Madrid el 29 de mayo. ÁLVARO GARCÍA
Fuente: El País
La lucha contra la impunidad de los canallas ha ocupado buena parte de la vida de Jan-Michael Simon (Aachen, 56 años). Tras participar en las comisiones contra la corrupción y la impunidad en Honduras y Guatemala, este jurista e investigador sénior en el Instituto Max Planck, que habla un perfecto español, preside ahora el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (Ghren, por sus siglas en inglés), cuyo mandato se ha renovado por dos años. Acaba de visitar Madrid, donde se ha reunido con miembros del Gobierno español, tras el demoledor informe que el Ghren publicó en marzo en el que acusaba al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a otros altos cargos del Estado de crímenes de lesa humanidad – ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación de la nacionalidad- desde 2018. Simon no puede pronunciarse en virtud de su cargo – “somos independientes, ni siquiera somos funcionarios de la ONU”- sobre ciertos aspectos del caso ni sobre la región, pero insiste en que hay vías para proceder contra un régimen que utiliza tácticas como las que dieron lugar a los juicios de Núremberg.
Pregunta. ¿Cuáles son las principales recomendaciones del informe?
Respuesta. La primera es que se inicien acciones legales contra los presuntos responsables de los crímenes. La segunda, que se amplíen las sanciones a estas personas y que sean individuales, no sectoriales. Y por último, que en la cooperación internacional al desarrollo y los proyectos de inversión (incluidos los préstamos internacionales) se incluyan garantías de respeto a los derechos humanos. Esta última es la que más ha llamado la atención. En el caso del FMI, su Directorio Ejecutivo emitió el 27 de enero una opinión en la cual constató que Managua había adoptado medidas para mejorar los marcos de gobernanza y anticorrupción y, en particular, acogía con satisfacción las mejoras en el control de lavado de activos y la transparencia fiscal. Nuestro informe dice que el marco legal del lavado de activos y la instrumentalización de la justicia han sido utilizados por el régimen para la persecución política de organizaciones civiles e individuos, por lo que concluimos que han sido parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población y computan como crímenes de lesa humanidad de persecución política. Hay 50 países que han promovido la renovación de nuestro mandato y que representan más del 50% del poder de voto directo en el Directorio Ejecutivo del FMI. ¿Cómo es posible que por un lado aprueben esa opinión favorable y por otro un informe como el nuestro que defiende lo contrario? Es una contradicción clara, obvia.
P. Hay un doble rasero…
R. Algún diplomático europeo importante me explicó que esa contradicción se traslada también a las relaciones entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Finanzas porque, en su caso, habló con Finanzas para que tuvieran en cuenta la situación de los derechos humanos en Nicaragua y le contestaron que eso no les interesaba. Solo les interesaba el desempeño macroeconómico. Puedo decir que la mayor recaudación neta sobre el PIB en América central la tiene Nicaragua de lejos. Es un 27%, según el informe de la OCDE de mayo. Sin embargo, todos los indicadores de derechos y desarrollo humano la sitúan en uno de los peores puestos de América Latina, junto a El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Adónde va el dinero? Y aquí llegamos a la corrupción. La corrupción tiene una dimensión en el campo de los derechos humanos que se manifiesta no solo en defender el status quo político para poder robar más. Si hay un país en el que es evidente el desajuste entre recaudación y derechos humanos, es Nicaragua. Tenemos el mandato de ir a las raíces del conflicto y éstas no están solo en el simple desmantelamiento del sistema de separación de poderes, sino que hay un plan de negocios detrás. Detrás de una violación de derechos humanos de tal magnitud, hay un business plan. Siempre.
P. Hay quienes se niegan a llamar dictadura al régimen de Ortega…
R. Lo es.
P. ¿Confía en que la comunidad internacional haga algo?
R. Hay varias vías. Se olvida que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero sí la Convención de la ONU contra la Tortura y hemos detectado en nuestro informe torturas a varios niveles. Cualquier país firmante del tratado puede, según el articulo 30, demandar por responsabilidad internacional a Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia y eso políticamente tiene un mensaje importantísimo. Hay precedentes. ¿Quién podría tomar esa iniciativa? EE UU no porque introdujo una reserva a la jurisdicción del tribunal en materia de la Convención contra la Tortura, pero España podría, por ejemplo. El riesgo político es que daría un buen argumento a Ortega para presentarse como víctima de los países del Norte. Por eso sería importante que fuese algún país latinoamericano. Lo mismo se aplica a iniciativas similares en el marco de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Otra posibilidad es la jurisdicción penal extraterritorial, no universal, porque hay víctimas que tienen doble nacionalidad y ese simple hecho daría jurisdicción sobre el caso, por ejemplo a España, Francia, Brasil, EE UU o Alemania. Nuestro informe tiene un valor probatorio para cualquier país que abra una investigación e incluso en algunos países el valor probatorio es suficiente para emitir una orden de captura. La otra vía es la jurisdicción universal, es decir, los países podrían, independientemente de la nacionalidad de la víctima, emprender acciones como en el caso de España y Alemania. Ortega no viaja, pero hay mandos intermedios que sí lo hacen. Además, no hay que olvidar que muchos tienen bienes fuera del país y existe la posibilidad de actuar contra su patrimonio, lo que no debe confundirse con sanciones.
P. Nicolás Maduro está siendo blanqueado por algunos países democráticos. ¿De verdad se va a hacer algo?
R. Espero que sí, estamos intentando persuadir a los países. Les decimos que tienen que ser coherentes, que no pueden reunirse en la ONU a invocar el compromiso político global de la responsabilidad de proteger para prevenir crímenes de lesa humanidad y al mismo tiempo no actuar o peor a llegar a decisiones como en el FMI u otras instituciones financieras. Esta contradicción hace que conviertan su discurso en retórica. O peor, se podría llegar a la conclusión de que Nicaragua es un país chiquito, no muy importante, mientras que en Ucrania sí se hacen todos los esfuerzos. El peor mensaje para la justicia es siempre el mensaje de la desigualdad. La comunidad europea tendrá que ser coherente. Ha sancionado a Vladímir Putin, pero no al señor Ortega. ¿Por qué en el caso del presidente de Rusia sí y en el de Nicaragua no?
P. La oferta del Gobierno español de acoger y ofrecer la nacionalidad a los expulsados nicaragüenses, ¿qué le pareció?
R. Eso sí es un acto humanitario, al igual que Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Me hubiera gustado que otros países europeos hubieran adoptado la misma decisión.
P. En cambio, la actitud diplomática de América Latina no parece ayudar mucho.
R. Hay una cierta complejidad por ciertas razones. Los Gobiernos de Gabriel Boric y de Gustavo Petro lo han condenado, pero hay mucho discurso y poca acción concreta. Brasilia se opuso a elevar el caso de Nicaragua a la agenda ITEM 4 del Consejo de Derechos Humanos con el argumento de que no habría que cerrar la puerta a un diálogo con Managua, aunque la verdad es que Nicaragua no ha querido dialogar con nadie ni cumplir con los mínimos requisitos de los tratados que firmó con Naciones Unidas. Todavía estamos esperando la iniciativa de diálogo del Gobierno de Lula.
P. Si hubiera una gradación de los delitos de Ortega, ¿cuál sería el peor?
R. En este tipo de crímenes no existe tal gradación. Lo que distingue a su régimen de otras violaciones de derechos en la región es que el Estado se ha convertido en una trampa para su propia población.
P. ¿Veremos alguna vez a Ortega ante un tribunal como el de Núremberg?
R. Lo dudo. Pero hay muchas vías para la justicia si se tienen voluntad y coherencia. Tenemos motivos razonables para concluir que el régimen está perpetrando crímenes de lesa humanidad de persecución política, lo que es considerado en el derecho penal internacional el “pequeño hermano” del genocidio. La gente siempre piensa en el Holocausto, los campos de la muerte de los jemeres rojos, Ruanda o las matanzas en los Balcanes, pero no necesitas matar millones para que la comunidad internacional actúe.
Fuente: El País