Vanos son los intentos de allanar el proceso de preselección de candidatos para los altos cargos judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque ni la sanción de la Ley 363 para garantizar el proceso, destrabó el proceso y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se toma su tiempo para emitir la resolución de una acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por el diputado Fabián Ayala, contra la convocatoria y reglamento que se aplicaba este proceso. El documento sancionado no será promulgado por el Ejecutivo hasta que el TCP de una definición.
Fuente: lostiempos.com
“La ALP ha precipitado una ley conociendo que existe un recurso de inconstitucionalidad en el TCP. Debió esperar una decisión para proseguir el proceso de preselección. Esto ha generado un problema para el Ejecutivo, que, al haber vencido los 10 días para promulgarla, deberá ser entendido como rechazo”, explicó el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.
Aclaró que, al no haber una resolución del TCP, no puede promulgar el presidente Luis Arce, por lo que la ALP deberá considerar nuevamente el proyecto y, si persiste, “deberá promulgarla”.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón había adelantado que no se promulgaría y que el documento sancionado “era sólo un elemento de simulación”.
Solicitud rechazada
Tras la admisión del recurso que paralizó el proceso de preselección, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, cuestionó la decisión de la comisión de admisión del TCP y solicitó levantar la medida cautelar que frenó el proceso de preselección de postulantes.
“La Comisión de Admisión del TCP (…) resuelve: no ha lugar a la solicitud realizada por David Choquehuanca, vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional y presidente de la ALP, a través de su representante legal”, señala la parte resolutiva del auto constitucional 068/2023
Trámite
De acuerdo con el Código Procesal Constitucional, una vez admitida la acción y puesta en conocimiento de la autoridad u órgano emisor de la norma impugnada, el TCP tiene 45 días para emitir una resolución.
“Cumplido el plazo, con o sin la formulación de los alegatos, la Comisión de Admisión, por orden, procederá al sorteo del asunto en trámite para asignar la Magistrada o Magistrado Relator. El Tribunal deberá emitir la resolución correspondiente en el plazo de cuarenta y cinco días a partir del sorteo”, sostiene la normativa constitucional.
En espera del TCP
El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo que el Legislativo espera que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) apruebe una resolución “lo más pronto posible” para que se viabilicen las elecciones judiciales.
“Estamos a la espera de esa sentencia del TCP, esperemos que no tomen mucho tiempo y se pueda evacuar de una vez una resolución al respecto, que viabilice y que dé luz verde a algo que el pueblo boliviano pide, nuevos administradores de justicia”, manifestó Mercado, ante la consulta sobre continuidad del proceso de selección.
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