En cualquier sociedad democrática, la existencia de un poder judicial independiente y transparente es fundamental para garantizar la igualdad ante la ley y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, en nuestro país fundamentalmente, nos encontramos con un sistema judicial sometido a influencias del poder ejecutivo, políticas y marcados por la corrupción, lo que socava gravemente la confianza de la población en la justicia y debilita nuestro estado de derecho.
Casos como el interventor muerto, donde una carta póstuma del dizque suicida, aparece en manos del ministro de Gobierno y este la hace conocer a los medios de prensa, cuando lo correcto hubiera sido que la Policía a cargo de la investigación en forma conjunta con la Fiscalía hubiera seguido el curso legal que correspondía. Este detalle de la injerencia del ministro contaminó toda la investigación y generó dudas por doquier en la población; La incautación de media tonelada de cocaína en España procedente de Bolivia, transportada en la línea aérea bandera de nuestro país, es también un claro ejemplo de injerencia del poder del ejecutivo y de políticos afines al gobierno para que la investigación se dilate, los responsables sigan trabajando en Viru Viru y la justicia se ponga de acuerdo para operar según conveniencia de la Presidencia de Arce Catacora, presentando a dos simples trabajadores del aeropuerto como los principales responsables de este hecho.
Así también tenemos el sobreseimiento de todos los culpables del caso de corrupción de la ABC de parte de la justicia, haciendo aparecer como culpables a quienes revelaron el hecho que le costó el asesinato a uno de ellos, quien estaba siendo protegido por la misma justicia que luego lo culpó, inaudito; O también, el fiscal que rechazó la denuncia de los maestros en contra del ministro de Educación por plagio, cuando todos los bolivianos vimos la prueba contundente de que este hecho delictivo existió en los nuevos libros de la malla curricular que quieren implementar.
Pero lo más aberrante de esta justicia sometida al poder gubernamental político, es haber privado de libertad a quien le dio la espalda a una bandera que no lo representa, para los juzgadores un emblema nacional, dejando pasar un hecho similar en El Alto con la bandera cruceña, la cual fue quemada, cagada y escupida haciendo notar el odio que esta gente le tiene al oriente boliviano; También un caso sorprendente, es el caso de quien mató a tres policías en el Urubó y que recientemente se conoció que las familias de los muertos retiraron la denuncia, solo Dios sabe porqué y por cuánto, dejando a la justicia vía libre para dejarlo en libertad.
El poder judicial tiene que tener la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes de manera imparcial y justa. Su independencia de los otros poderes del Estado, como el ejecutivo y el legislativo, es crucial para asegurar que las decisiones judiciales se tomen únicamente en la ley y la evidencia presentada, sin influencias externas o presiones políticas. Esto garantiza que todos los ciudadanos sean tratados por igual ante la justicia, independientemente de su estatus social, político o económico. Pero esto jamás va suceder si aún se persiste en las elecciones judiciales en el formato masista, donde los jueces son elegidos no por su sapiencia sino por su puño izquierdo levantado y la mano derecha protegiendo el bolsillo que va recibir el dinero de las coimas. Sin olvidarnos que los fiscales son elegidos también, a gusto y conveniencia del gobierno.
La transparencia es otro pilar fundamental de un poder judicial sólido, que los bolivianos extrañamos. Los procedimientos judiciales y las decisiones deben estar abiertos al escrutinio público, lo que permitiría a la sociedad evaluar la imparcialidad y la integridad de los jueces. Además, los jueces deberían estar sujetos a un riguroso sistema de rendición de cuentas para prevenir y castigar cualquier conducta indebida. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la confianza de la sociedad en el sistema judicial y para prevenir la corrupción, al contrario de lo que se ve ahora, donde lo único transparente son sus vehículos de alto lujo, las casas millonarias y la vida de lujos que los jueces y fiscales se dan de manera pública.
Cuando el poder judicial no es independiente y transparente, las consecuencias para la sociedad son graves. La falta de independencia judicial puede llevar a cabo decisiones sesgadas, donde los intereses políticos o económicos prevalecen sobre la justicia y los derechos fundamentales de las personas. Esto puede generar un sentimiento de impunidad, donde aquellos con poder o influencia pueden escapar de la responsabilidad por sus acciones, los ejemplos sobran en nuestro país, ahí tienen a una Achacollo o a una Zapata que entre las dos se llevaron millones de dólares perteneciente a los bolivianos.
Además, la corrupción en el sistema judicial mina la confianza de la población en la justicia y el estado de derecho. Cuando los jueces son sobornados o coaccionados, la integridad del sistema judicial se ve comprometida, y las personas se sienten desamparadas y desprotegidas. Esto socava la estabilidad social, debilita la democracia y puede conducir a la violación sistemática de los derechos humanos.
Un poder judicial independiente y transparente es esencial para garantizar la justicia, proteger los derechos y libertades fundamentales y fortalecer la democracia. La falta de independencia judicial y la corrupción en el sistema judicial tienen consecuencias perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Por tanto, es necesario promover y defender la independencia y transparencia del poder judicial como pilares fundamentales de una sociedad justa y democrática y para nada promover un poder judicial como brazo operativo del poder ejecutivo, para amedrentar, apresar de manera preventiva a todo aquel que se oponga a un gobierno corrupto.
En muchas ocasiones, los ciudadanos sentimos vergüenza de nuestro país debido a la percepción de que está lleno de corrupción. Sabemos que la corrupción es un problema grave que afecta a diversas naciones en todo el mundo y que el nuestro no podría estar exento de este mal y no es sorprendente que aquellos que anhelan un entorno más justo y transparente se sientan desanimados y avergonzados. Sin embargo, en lugar de permitir que la vergüenza nos paralice, es esencial convertirla en una fuerza impulsora para el cambio. Y en esta parte, tenemos que ser férreos defensores de nuestra nacionalidad y no dejar que nada ni nadie nos ponga como narcotraficantes a todos los bolivianos a nivel mundial.
En el más vergonzoso decomiso de droga boliviana realizado en Madrid, “agentes antinarcóticos revelaron que es casi imposible que de Viru Viru se embarque un cargamento de cocaína a un avión porque hay controles estrictos. Sospechan de una orden y visto bueno de muy arriba” Así nomás es, orden y licencia para embarque desde arriba del gobierno, un claro hecho que demuestra la vinculación de este gobierno como el de Evo con el narcotráfico.
Para que se entienda el problema, Bolivia integra junto con Colombia y Perú, el reducido grupo de países en los cuales se produce la cocaína que se consume en todo el planeta. La elaboración local de ese estupefaciente se sustenta básicamente en las plantaciones de coca situadas en las regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de origen peruano.
Sin embargo, la clave de la importancia boliviana en esta actividad criminal radica más en la ubicación del país y las crecientes dificultades para controlar de manera efectiva las fronteras, que exhiben un alto grado de ligereza en su control. Estos elementos interactúan para constituir al país en una pieza clave en el traslado de cocaína a las naciones vecinas, sea para abastecer a la demanda doméstica o para su reenvío a mercados de consumo en ultramar. Las modalidades de tráfico son múltiples y complejas, e involucran a organizaciones criminales exógenas que interactúan con grupos autóctonos o mejor dicho con los carteles de droga nacionales, donde el ex presidente Morales es su máxima expresión y el gobierno protege.
la postura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fomenta la producción de cocaína desde el momento en que la demanda legal doméstica de coca podría satisfacerse plenamente con aproximadamente 14.000 hectáreas cultivadas. En esta línea, se ha alegado con cierta frecuencia que el Gobierno se encuentra permeado por la criminalidad, e incluso que ésta lo maneja a su antojo. Un ejemplo de estos embates tuvo lugar en octubre del año 2017 a raíz de la detención en Brasil del traficante boliviano Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, hijo de una importante dirigente del MAS de la región de Beni, con media tonelada de cocaína en su poder, tal cual como la decomisada ahora en España. En aquel entonces, se sostenía que el gobierno de Evo Morales resultaba a esa altura de la historia prisionero del narcotráfico, siendo la fuerza protectora de los cocaleros del Chapare, proveedores principales del narcotráfico. Se había logrado digitar el horizonte estratégico del gobierno de Evo y de los futuros gobiernos en nuestro país, entre ellos el de Añez.
A modo de reflexión, Bolivia capitaliza su posición geográfica y la permeabilidad de sus fronteras, que no quiere ser subsanada a pesar de contar en el país con radares empaquetados hace más de 8 años, si no nos equivocamos, en esa tarea. Así, el país se viene consolidando como un nódulo clave desde donde fluyen grandes cantidades de este estupefaciente hacia Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y últimamente experimentando vuelos de ultra mar desde Santa Cruz a Europa. Aunque estas cuatro naciones mencionadas constituyen importantes eslabones en las cadenas de tráfico a destinos de ultramar, las dos primeras –y en especial Brasil– cuentan además con vastos y lucrativos mercados de consumo domésticos.
Lo obvio no tiene por qué ser necesariamente sorprendente al descubrirse que el gobierno de Arce Catacora no se apoyará jamás en aquello que por lógica se debe hacer: cumplir la ley, respetar los procesos, restablecer la independencia de los poderes, gobernar para todos los bolivianos, dejar los resentimientos, rodearse de personal probo, luchar contra la corrupción y principalmente dejar de ser un gobierno pro-narcotráfico… Mientras tanto, dejemos que la corrupción la paguen los pobres.