Vicente Cuéllar: La bota militar ha sido remplazada por operadores de justicia

Fuente: https://elpais.bo

Tarija fue sede del Congreso Nacional de Universidades, evento que reunió a los rectores y vicerrectores de las universidades públicas de Bolivia. El País conversó con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, Vicente Cuellar, personalidad que cobró notoriedad a nivel nacional durante el paro de 36 días que realizó el departamento cruceño, demandando el Censo de Población y Vivienda.

Cuellar no oculta su descontento hacia el Gobierno nacional, y le carga responsabilidad sobre esa medida de presión, que, consideró, se pudo evitar si el presidente Luis Arce atendía oportunamente el pedido del pueblo cruceño. También apuntó al nivel central del Estado por la situación del gobernador Luis Fernando Camacho.

El País (EP).- Han pasado seis meses del paro de 36 días que ha realizado Santa Cruz, ahora, con cabeza más fría, ¿considera que han sido acertadas estas movilizaciones? El Gobierno ha intentado mostrar que esto solo ha perjudicado a la economía cruceña.

Vicente Cuellar (VC).- En primer lugar, hay que partir de que vivimos en democracia y el derecho al disenso está permitido, que el derecho a la crítica y el reclamo de nuestros derechos está permitido y nadie puede ser perseguido por exigir lo que por ley nos corresponde.

Ahora ¿Por qué la UAGRM lidera el tema del Censo? Porque esta universidad cruceña es la que recibe menos recursos económicos per cápita, es decir, recibimos menos recursos por estudiante que otras universidades, pero, además, esta universidad ha crecido aceleradamente en estos últimos años.

El año 2012, cuando se realizó el Censo de Población y Vivienda, esta universidad tenía 60.000 estudiantes, es decir, que el Gobierno en este momento nos está asignando desde el año 2012 a la fecha, recursos para atender a 60.000 estudiantes, cuando ahora nosotros sobrepasamos los 115.000 estudiantes. Por lo tanto, reclamamos un derecho.

Como Rector no podría ser cómplice para que esta universidad cierre sus puertas a los futuros bachilleres, entonces, por eso exigimos que se haga el Censo de Población y Vivienda de manera oportuna y transparente.

Debemos recordar que en el Gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga se abrogó el parágrafo tercero del artículo 24 de la Ley 1551, donde ya no se pueden hacer encuestas demográficas intercensales que permitan actualizar los datos. Entonces lo que nos queda es esperar los resultados del próximo Censo para recién recibir los recursos que nos corresponden. Lo que me parece una barbaridad.

Otro dato, es que en Santa Cruz del 100% de estudiantes bachilleres, solo el 40% tiene la posibilidad de abrazar una carrera universitaria, 30% aproximadamente ingresa a la universidad pública y el restante 10% se reparte entre todas las universidades privadas. Hay un 60% que no tiene ninguna posibilidad de hacer una carrera universitaria, entonces no podemos ser cómplices y que esta universidad siga así.

Ahora, si me consultan que si ha sido acertada la movilización de los 36 días, pues el único responsable de este paro es el Gobierno. Porque antes de ingresar en esta medida de presión hemos enviado N cartas, oficios exigiendo información al INE y Ministerio de Economía, donde además nos poníamos a disposición para ayudarles en este operativo censal, pero el Gobierno nos cerró las puertas y dijo no, a su estilo casi dictatorial.

Por eso salimos a protestar, y junto con el Comité Cívico se llevó adelante un cabildo, y el cabildo definió ir a movilizaciones hasta que el Gobierno garantice el Censo. Pero el Gobierno esperó 36 días de paro para garantizar a los bolivianos que iba a haber Censo. Si el Gobierno garantizaba desde un principio el Censo, no había necesidad de ninguna medida.

Lamentablemente la bota militar ha sido remplazada por administradores de justicia. El gobernador Camacho no pudo haber sido secuestrado de la forma en que se lo llevaron de Santa Cruz

EP.- Por este paro de los 36 días ¿cuántos procesos pesan sobre su persona? y ¿cómo ve el tratamiento que hace la justicia a estos procesos?

VC.- Creo que todos los que hemos encabezado esta lucha por el Censo de Población y Vivienda estamos siendo en este momento procesados. A mí me sindican por haber cometido 10 o 12 delitos, entre los que me acuerdo, está el atentado contra el Presidente, atentado contra dignatarios de Estado, resoluciones contrarias a la CPE, terrorismo, racismo, delitos que son característicos en las denuncias del Gobierno.

Y quien denuncia es una persona cercana al Presidente, que vive en El Alto de La Paz, es miembro de la Central Obrera de El Alto, una persona que no estuvo en Santa Cruz durante los 36 días, entonces, es fácil deducir que esa persona está siendo utilizada como un instrumento para perseguir jurídicamente a quienes nos atrevimos en su momento a cuestionar la administración del Gobierno.

Lamentablemente es a veces el precio que hay que pagar solo por reclamar los derechos que nos corresponden. El Gobierno no podría haber cerrado las puertas ante un reclamo, porque nosotros sí teníamos la razón y ellos decidieron esperar 36 días de paro para promulgar una ley.

En cuanto a la justicia, creo que no es la justicia que reclamamos los bolivianos, porque nosotros queremos una justicia independiente, que actúe con idoneidad, de manera transparente, pero todos sabemos que la justicia está comprada por el poder ejecutivo, altamente politizada.

Como UAGRM hemos hecho una propuesta al Gobierno, en la que le decimos que los futuros candidatos administradores de justicia, deben ser valorados por las universidades, y es un razonamiento lógico, racional, que sean las universidades las que evalúen méritos y conocimientos de los licenciados, máster, doctores, y que no se haga en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y con mucho respeto, seguramente muchos no son ni bachilleres. Entonces, es lógico que la universidad se haga cargo. Pero este proyecto de ley fue rechazado por el Gobierno.

EP.- ¿Cómo ha quedado la relación de la institucionalidad cruceña después del paro de los 36 días? Se rumora una división en Santa Cruz.

VC.- Lo que han tratado siempre, es minimizar la fuerza que tenía el Comité Interinstitucional y después trataron de mostrar una supuesta división de las instituciones después del paro de los 36 días, nada de eso ha ocurrido.

Nosotros convocamos a una reunión del Comité Interinstitucional para renovar a los portavoces, yo era portavoz el anterior año, este año correspondía que se nombre a otro coordinador, ahí surgieron algunos inconvenientes porque algunos políticos asistieron a esa reunión, que no correspondía, porque los políticos tienen un escenario propio en la Asamblea Plurinacional.

Esta era una reunión de instituciones, es por eso que el Comité Cívico decide hacerse a un lado, pero yo sostengo siempre, que más allá de los representantes de las instituciones, Comité Cívico, gobernador, o el Rector de la Universidad, hay una base social que reclama unidad del pueblo boliviano.

Más allá que tengamos pequeñas diferencias, estamos seguros que va a primar siempre el interés colectivo por encima de algunas posturas individuales que puedan tener algunas instituciones.

EP.- Tarija y Santa Cruz comparten una situación similar ocurrida con sus gobernadores, en 2009 Mario Cossío era exiliado al Paraguay, y el año pasado Luis Fernando Camacho fue encarcelado ¿Qué opinión tiene usted al respecto?

VC.- En realidad, en democracia no podrían darse estos hechos. Lamentablemente la bota militar ha sido remplazada por administradores de justicia, el gobernador Camacho no pudo haber sido secuestrado de la forma que se lo llevaron de Santa Cruz.

El hecho que se cumpla un mandamiento de aprehensión es un tema que cualquier ciudadano está obligado a coadyuvar en cualquier investigación de hechos que se les sindica, pero la forma que se lo detuvo al Gobernador, creo que no se ve en democracia.

Lo que pasó con el señor Mario Cossío igual llamó la atención, porque en ese momento, producto de un decreto supremo, a sola imputación que tenía una persona tenía que ser destituida, algo totalmente inconstitucional.

La Constitución establece con claridad que se presume la inocencia, mientras no se le demuestre lo contrario. Aquí pareciera que se presume la culpabilidad y no la inocencia.

Estos son hechos que debilitan la democracia en el país, son hechos cuestionados por la sociedad, el hecho de ser gobernantes de un país, no significa que tienen un cheque en blanco donde pueden pisotear las leyes y la Constitución. Eso puede ser peligroso para mantener la democracia. Lo sucedido en Tarija y Santa Cruz son hechos cuestionables y esperamos que no se vuelvan a repetir.

EP.- La semana pasada el gobernador Camacho advertía de un plan que tiene el Gobierno para culpar al modelo productivo cruceño por la quiebra del Banco Fassil ¿Qué lectura hace usted sobre la situación que atraviesa esta entidad financiera?

Lo escuché al Presidente decir que desde el año 2019 el Banco Fassil estaba con problemas ¿Entonces, por qué no se tomaron medidas correctivas? ¿Por qué la ASFI todavía avala promociones como la Cuenta Fabulosa?

VC.- Un hecho puntual, de ninguna manera puede desvirtuar un modelo de desarrollo de una región o de un país. Lo que pasa es que a veces se habla hasta de memoria, y uno no mide la profundidad de sus palabras.

Yo lo escucho con mucha pena al Presidente hablar en este momento de que están industrializando, con sustitución de importaciones, como si quisiera inventar algo nuevo. El tema de la sustitución de importaciones fue un concepto que enarboló la CEPAL en 1960 y que obedecía a una lógica y a un modelo que estaban implementando todos los países bajo el manto del sistema keynesiano.

Hoy en día se quiere cuestionar el modelo económico cruceño, o a la forma de trabajo que tiene esta región del país, solamente por un hecho puntual como ha sido el tema del Banco Fassil. Pero nosotros tenemos nuestra postura, y creemos que más allá de las personas que sean responsables de estos hechos ilícitos, aquí hay un actor y un responsable principal y es el Gobierno.

¿Por qué el Gobierno? Porque la Ley 393, que es la normativa que da origen a la ASFI, también le concede competencia y atribuciones, y es la ASFI la única institución en este país, encargada justamente de la fiscalización. Pero, además, también tenemos instituciones como el Fondo de Protección al Ahorrista, tenemos UIF (Unidad de Investigación Financiera). ¿Dónde estuvieron ellos? ¿Por qué no fiscalizaron?

Lo escuché al Presidente decir que desde el año 2019 el Banco Fassil estaba con problemas ¿Entonces, por qué no se tomaron medidas correctivas? ¿Por qué la ASFI todavía avala promociones como la Cuenta Fabulosa? Yo no trato de defender a ninguna persona, pero aquí hay un incumplimiento de deberes, hay una fiscalización discrecional de la ASFI, que obviamente como en este país no se respeta la institucionalidad, todos los cargos son nombrados políticamente, porque el representante de la ASFI es nombrado políticamente.

EP.- La UAGRM realizó un análisis sobre la Gestora Pública ¿Cuáles son las observaciones que se ha planteado al respecto?

VC.- Lamentablemente el tema de la Gestora ha pasado a segundo plano, y el Gobierno se está tratando de apoderar de los casi 24.000 millones de dólares que va a manejar la Gestora.

En este momento la Gestora está funcionando ilegalmente, y todos los actos que en estos momentos están llevando adelante son ilegales. ¿Por qué?, porque la Ley 065 que crea la Gestora, establece con meridiana claridad que debe conformarse un Directorio de cinco personas, donde debe haber una MAE, que es el presidente. Pero en este momento el Director General está usurpando funciones, porque está haciendo de MAE.

Además, a partir de la Ley 211, que es la Ley Financial del 2011, que aprueba el presupuesto del año 2012, maliciosamente el Gobierno sacó una cláusula transitoria, donde dice con claridad, que hasta que se nombre el directorio, prácticamente la Gestora pasa a ser un apéndice del Ministerio de Economía.

Los casi 24.000 millones de dólares no es propiedad del Gobierno, no es propiedad del Estado, es plata de los bolivianos. Yo tengo derecho propietario de mis aportes, por lo tanto, el Gobierno no puede manejarlo de la forma que lo está haciendo en este momento con los recursos de los trabajadores.