El proceso de fiscalización que realizan los parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Bolivia no tiene incidencia o fuerza para cambiar las políticas observadas del Ejecutivo y todo queda en letra muerta y ratificación de las autoridades observadas.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un acto de fiscalización a las autoridades del Ejecutivo. | AFP
El proceso de fiscalización que realizan los asambleístas nacionales no tiene incidencia o fuerza para cambiar las políticas observadas del Ejecutivo que van contra beneficios de la sociedad, todo queda en letra muerta y ratificación de las autoridades observadas. Además, ahora buscan aprobar una ley que garantice las interpelaciones, aspecto innecesario porque está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), lo que muestra una Asamblea Legislativa débil y extraviada, sostienen legisladores y analistas.
De acuerdo con la normativa legal, los legisladores tienen tres instrumentos para indagar las acciones de entidades del Estado que son: las Peticiones de Informe Escrito (PIE), Peticiones de Informe Oral (PIO) e Interpelaciones.
En este contexto, en las gestiones 2020-2021 y 2021-2022, los asambleístas nacionales utilizaron más las PIE, seguidas de las PIO y por último las Interpelaciones.
En las dos gestiones pasadas, senadores y diputados plantearon 5.571 Peticiones de Informe Escrito a diferentes instancias del Ejecutivo, al Judicial, al Electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otras.
En lo que se refiere a las Peticiones de Informe Oral se realizaron 148. En tanto las Interpelaciones se realizaron a siete autoridades gubernamentales.
Obstáculos
Legisladores de oposición y oficialismo cuestionaron la falta de voluntad de algunas instancias, particularmente del Ejecutivo, de brindar información sobre distintos temas consultados, que incluso envían a los asambleístas nacionales a revisar la página web de la institución o el SICOES (Sistema de Contrataciones del Estado).
Incluso observaron en la falta de diligencia de esferas legislativas para remitir las peticiones, programar los informes orales e interpelaciones.
Al respecto, el senador por Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, cuestionó las trabas que se ponen al proceso de fiscalización en diferentes áreas, pero que en todo caso pese los tropiezos se logra obtener valiosa información que les permite a los legisladores realizar otras acciones.
“Es muy importante la documentación que recibimos, con todo el legajo que obtenemos podemos solicitar complementación de informes y tomar otras acciones”, aseguró.
A su vez, el diputado por CC, Marcelo Pedrazas, afirmó que los legisladores tienen atribuciones fundamentales, entre ellas la fiscalización, que de un tiempo a esta parte se ha vulnerado la facultad de los asambleístas.
“Un país que no tenga un parlamento con atribuciones como la interpelación deja de ser democracia y deja de ser un equilibrio de poder al Órgano Ejecutivo”, sostuvo.
Interpelaciones
En las dos gestiones mencionadas, en la Asamblea Legislativa se realizaron ocho interpelaciones, promovidos por senadores y diputados.
En la Legislatura 2020-2021 se interpelaron a los ministros de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Salud, Jeyson Auza.
Las interpelaciones efectuadas a estas autoridades concluyeron con el voto de confianza de la mayoría masista de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En la gestión 2022, se interpelaron a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.
Al igual que las anteriores concluyeron con el voto de confianza de la mayoría azul.
Senado
En la gestión 2020-2021, desde la Cámara de Senadores se planteó una interpelación, que al final concluyó con el apoyo a la autoridad del Ejecutivo.
En tanto, en la Legislatura 2021-2022 se llevaron adelante dos interpelaciones.
Al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, referente a la calidad de servicio que presta el transporte aéreo hacia la población, el estado de los aeropuertos y la protección de los derechos de los usuarios.
Asimismo, promovió la comparecencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, respecto a la situación económica del país, políticas públicas y la reactivación de la economía boliviana.
Como en las anteriores oportunidades, los ministros se libraron de la censura.
Debilidad
Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero expresó que hay un divorcio entre la representación parlamentaria y el sentir de la población.
“No encuentro que exista esa representación que uno espera y eso torna en frágil las actividades y las tareas que desarrolla el Legislativo, donde el Gobierno hace las leyes que quiere y no el pueblo, además que las fiscalizaciones terminan siendo frágiles porque se apegan a elementos coyunturales que no determinan ningún giro estratégico de las políticas de Gobierno debieran ser corregidas”, aseveró.
60 Peticiones
de Informe Oral se gestionaron desde la Cámara de Diputados a diferentes autoridades de las instituciones públicas del Estado.
OPINIONES
Nos sirve la documentación para hacer acciones de carácter técnica-administrativas o judiciales, pero como autoridades tenemos que agotar instancias”.
Santiago Ticona, Senador de Comunidad Ciudadana.
“Un páis que no tenga las atribuciones de fiscalizar, es decir, le cercenan estas facultades, significa que es una nación sin democracia rumbo a la autocracia”.
Marcelo Pedrazas, Diputado por Comunidad Ciudadana.