El expresidente del Estado boliviano observó que “al filo de cumplir su mandato”, autoridades judiciales “vuelven a frenar el ya demorado proceso de su renovación”
Eduardo Rodríguez Veltzé y Luis Arce
Fuente: Unitel
Tras la decisión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de enviar a consulta el proyecto de ley de las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una consulta de control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Con esto, paraliza el tratamiento de la norma, según el artículo 113 del Código de Procedimiento Constitucional.
El proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales ya fue aprobado por más de dos tercios de votos en la Cámara de Senadores. Al respecto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé observó que este proceso solo prolonga la “crisis judicial”.
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En su criterio, “no está en agenda” de los magistrados, de los diputados ni del presidente Luis Arce y el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca “el bien mayor democrático”. Consideró que estos actores “callan” ante esta situación.
“Al filo de cumplir su mandato, autoridades judiciales vuelven a frenar el ya demorado proceso de su renovación. El ‘bien mayor’ democrático no está en su agenda, ni en la de los Diputados o la del Presidente y vicepresidente del Estado que callan frente a la prolongada crisis Judicial”, escribió Rodríguez Veltzé en sus cuentas de redes sociales.
Actualmente, la norma está a la espera de ser tratada en la Cámara de Diputados; incluso, un grupo de legisladores del ‘ala evista’ realizó durante ocho días una huelga de hambre en puertas del edificio legislativo a la espera de que se haga la convocatoria para la sesión.
Sobre el tema, el diputado oficialista Gualberto Arispe, anunció este miércoles que se enviará una denuncia ante el Tribunal Constitucional por la demora en la sentencia constitucional 060/2023 que exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a tratar de forma inmediata las elecciones judiciales.
Pausa en el tratamiento
Los magistrados que componen la Sala Plena del TSJ se reunieron el 13 de septiembre y, en esa sesión, aprobaron el contenido y la finalidad de la consulta de constitucionalidad, según publica el diario Correo del Sur.
Se añade que la Comisión de Admisión del TCP, compuesta por tres magistrados, tiene un plazo de 10 días para admitir o rechazar la consulta. En el supuesto caso de que sea admitida, la Sala Plena deberá pronunciarse en 45 días, una vez que las partes sean notificadas con la admisión.
“El proyecto de ley carece de legitimidad material debido a la falta de un proceso de preselección de altas autoridades judiciales adecuado. En efecto, este proyecto de ley acorta el proceso de preselección y no valora el mérito de los candidatos, lo que va en contra de los argumentos presentados en la ratio decidendi de la sentencia constitucional 0060/2023”, señala uno de los fundamentos del TSJ.
También observa que, ante el vacío institucional en la administración de justicia, el proyecto de ley “en lugar de garantizar materialmente la designación de altas autoridades judiciales, establece un periodo de transición en el que el personal subalterno asume las competencias de las altas autoridades”.
Sobre la base de esos cuestionamientos, el TSJ le pide en el mismo memorial al TCP “notificar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la suspensión en el tratamiento de cualquier proyecto de ley que tenga por finalidad regular la preselección de altas autoridades”.
En la agenda de la Cámara de Diputados, no está consignada la ley de las elecciones judiciales.