A partir del martes la justicia determinará si Google debe el éxito de su motor de búsqueda a su rendimiento o a prácticas ilegales. Esta es la demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico desde que el Departamento de Justicia se enfrentó a Microsoft hace más de 20 años por Windows.
Fuente: Rfi
Según el Departamento de Justicia estadounidense, la compañía tecnológica cimentó su posición dominante en la red con contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox para que estas instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios.
Un centenar de testigos van a declarar ante un juez federal durante las diez semanas de audiencias previstas.
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«Nuestro éxito es merecido», afirmó Kent Walker, director jurídico de Alphabet, la empresa matriz de Google, en un comunicado.
«La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM», añadió.
Lanzada en 1998, la demanda del Gobierno de Estados Unidos contra Microsoft terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.
‘Retrógrado’
La demanda se centrará en los contratos que el gigante tecnológico firmó con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil (como T-Mobile o AT&T) y otras compañías, con los que, según el Gobierno, deja pocas posibilidades de competir a sus rivales, como Bing (Microsoft) y DuckDuckGo.
Google, cuyo nombre se volvió incluso un verbo para describir la acción de buscar en Internet, controla el 90% de este mercado en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes, especialmente en los iPhone (Apple) y aquellos que funcionan con el sistema operativo Android, propiedad de Google.
El grupo californiano, fundado en 1998 por Sergey Brin y Larry Page, asegura que la popularidad de su motor de búsqueda se debe a la calidad de su servicio.
Google se juega mucho en este proceso. Si el juez Amit Mehta falla a favor del Gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o a cambiar su modo de funcionamiento.
La compañía ya ha sido multada con más de 8.200 millones de euros (8.800 millones de dólares) por varias infracciones de la ley anti-competencia en Europa, aunque algunas de estas decisiones están bajo apelación.