La bancada del Movimiento Al Socialismo en la Cámara de Senadores oficializó este viernes en el Ministerio Público la denuncia penal contra los vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz.

La denuncia fue presentada por intermedio de los senadores Simona Quispe, Félix Ajpi y Pedro Benjamín Vargas por el delito de prevaricato.

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En contacto con los medios de prensa, la senadora Quispe indicó que los actuados de dicha Sala Constitucional vulneran el artículo 158, numeral 18, de la Constitución Política del Estado, que señala sobre las atribuciones de fiscalización.

“Hemos venido a nombre de los senadores que han firmado esta denuncia formal ante los dos vocales que han emitido el fallo a la acción de amparo constitucional presentada por el ministro de Economía. Al fiscal, a quien sea remitida nuestra demanda presentada, esperamos que sea respondida y que caiga contra los actores que han vulnerado nuestros derechos con la máxima de justicia, eso pedimos”, sostuvo.

El senador Ajpi señaló que ninguna autoridad electa o nominada puede atentar lo que determina la Constitución Política del Estado (CPE). Enfatizó que se formalizó esta denuncia en la Fiscalía General del Estado ante la vulneración a sus prerrogativas constitucionales de los parlamentarios (Senadores y Diputados).

“Esperemos que el Ministerio (Público) en aras de la justicia sea responsable en la investigación y dé la razón, para que pueda subsanarse y (se responsabilice) a los que han atentado contra la CPEl”, puntualizó.

La semana pasada, la Sala Constitucional Primera de La Paz aceptó una acción constitucional, promovida por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y determinó suspender las interpelaciones contra ocho ministros, entre tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelva el amparo interpuesto.

Amparo

Montenegro inició el amparo constitucional ante una inasistencia a una Petición de Informe Oral convocada por la Comisión de Política Social, el pasado 27 de abril, con el fin de explicar el desempeño de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Por la falta, se derivó al ministro de Economía a una interpelación, que debía efectuarse el 16 de agosto.

Sin embargo, otros siete ministros se sumaron al Amparo en calidad de terceros interesados, adhiriéndose a los argumentos de Montenegro y alegando también que se vulneraban los derechos en interpelaciones que se convocaban sin reglas claras.

Los otros ministros a los que se les suspendió de manera temporal sus interpelaciones, según Erbol, son los ministros de Presidencia, María Nela Prada; De Hidrocarburos y Energía Franklin Molina; De Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez; De Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Obras Públicas y Servicios y Vivienda, Édgar Montaño; de Justicia y Transparencia Intencional, Iván Lima, y Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana.