Fuente: ANF
La cantidad de personas privada de libertad pasó de 24.000 en diciembre de 2022 a 28.000 en octubre de este año, según información de la Dirección de Régimen Penitenciario. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos anticipó mayores vulneraciones a los derechos de los internos.
“Una vez más creo que la Administración Penitenciaria está mostrando una respuesta hacia la población, pero sobre todo en su responsabilidad que tiene respecto al cuidado a la integridad física de cada privado de libertad de los 28.000 privados de libertad que tenemos en Bolivia”, señaló Juan Carlos Limpias en el acto de presentación del Plan Centros Penitenciarios Seguros con el programa Entrega voluntaria de objetos peligrosos para una pacífica convivencia.
La cantidad de personas privadas de libertad año a año va en aumento y se agudiza por la aplicación oficiosa de la detención preventiva y la negativa de liberar a internos que han cumplido sus sentencias por la aplicación de la Ley 1443, considerada inconstitucional y vulneradora de los derechos humanos.
“Veo esta situación con bastante preocupación porque el hacinamiento es uno de los factores que genera una multiplicidad de situaciones al interior de los centros penitenciarios, donde tener un espacio se ha convertido en un negocio, ya que lamentablemente el sistema penitenciario no tiene la posibilidad de dar espacios a los detenidos”, dijo a ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
Refirió que se trata de una situación donde los privados de libertad están sometidos a condiciones inhumanas, humillantes y degradantes, “una serie de condiciones que van en contra de todo lo planteado en las directrices a nivel internacional sobre las condiciones que deben de tener los privados de libertad para cumplir sus penas”.
En estas condiciones, agregó, el privado de libertad no solo pierde el derecho a la movilización, sino hay otros derechos conculcados.
La activista indicó que ante esta situación tiene que haber una revisión de la detención preventiva que debería ser excepcional, pero “se ha convertido en la regla y es un manoseo prácticamente de la administración de justicia”.
“Podrían darse otro tipo de medidas que sustituyan a este tema de la detención preventiva y hacer una revisión”, opinó.
Dijo que es necesario ver una nueva posibilidad de amnistía a nivel de los centros penitenciarios para aquellos delitos que no atenten contra algunas normas como ya se ha venido dando en otros procesos similares.
“Es realmente penoso que a nivel de Bolivia y a nivel Latinoamérica estemos llegando a los ratios mínimos de lo que significa el respeto a los derechos humanos”, aseveró.
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