Queda en evidencia los últimos meses que, el modelo político y económico impuesto desde el 2006 está agotado. No sólo porque esta afirmación sea dicha por políticos o analistas económicos, sino porque la ciudadanía se ha dado cuenta que no les alcanza para comer, porque saben que no hay empleo, y, sobre todo, porque no esperan nada bueno del futuro inmediato. Esta realidad fue descrita en mis anteriores artículos, donde se dieron a conocer algunas propuestas dirigidas a que el Estado facilite la actividad económica, garantice la propiedad privada y las libertades económicas, y no confisque la riqueza que limita la capacidad de los agentes privados para generar valor y empleo.
La triste conclusión de lo dicho, es que Bolivia tiene problemas estructurales para enfrentar el crecimiento, especialmente por la escasez de recursos, ya que su crecimiento desde hace muchos años, estaba basado en el gasto y no en la inversión. A propósito de esto, el Banco Mundial, hace unos días, bajó por cuarta vez este año las proyecciones de crecimiento del país para el 2023 y los próximos dos años. Este organismo, en enero proyectó un crecimiento de 3,1%, en abril lo bajó a 2,7% y en junio lo redujo a 2,5%. En este octubre, su informe reportó 1,9% para 2023. Lo grave es que para 2024 y 2025, la previsión es de 1,5% de crecimiento del PIB.
En mi anterior artículo se mencionó que el principal problema de Bolivia en cuanto a lo económico, es que el gigantesco tamaño del Estado (gobierno) ha confiscado la riqueza de los bolivianos y ha limitado nuestras capacidades de generar valor. El efecto de esta política contrajo la economía ante la evidente escasez de recursos, expulsó a los bolivianos del mercado laboral y deterioró aceleradamente el tejido empresarial, confiscando ahora los dólares y extrayendo los excedentes de la economía y de los ciudadanos. Todos estos son factores que limitaron y limitan de manera estructural la generación de riqueza y empleo en el país y lamentablemente no tienen una solución en un futuro próximo.
En este orden de ideas, uno de los principales retos en el país es la reducción de la burocracia estatal y el tamaño del Estado, propiciando un cambio estructural en el modelo económico, que por un lado devuelva la capacidad de generar valor y empleo a los ciudadanos, y luego facilite la actividad económica de los privados. Basta de un Estado gigantesco con poder exagerado que coacciona ilegítimamente a los bolivianos.
Para reducir el Estado y facilitar la actividad económica, en anteriores artículos sugerí que todas las instituciones relacionadas a servicios para la producción y para el ciudadano deben independizarse de la política y los políticos, y su administración debe ser delegada a los privados (la Aduana, el SENASAG, SENARECOM, Derechos Reales y otras). El mercado, la competencia y la independencia en cuanto a sus decisiones y acciones, permitirán mayor eficiencia en estos servicios, reducir los gastos del Estado, y transformar el mismo en pro de la defensa de todos los bolivianos y no sólo de sus amigos de turno. ¿Pero esta propuesta bastará para el despegue económico?
En realidad, parece que los efectos del modelo provocaron una enfermedad crónica en la economía y muy difícilmente el tejido empresarial tan pequeño y con una productividad tan baja podrá enfrentar el desarrollo. Por estas razones a continuación presentamos una propuesta que fue desarrollada y detallada en mi libro titulado “Diagnóstico y Acciones en el Ámbito Productivo – Comercial para la Recuperación Económica. Bolivia 2030” que podrá obtenerlo libremente en el siguiente link: https://bibliotecavirtual.del.org.bo/nuevo/. Quiero hacer mención, además, que una propuesta parecida; aunque con otras connotaciones y detalles, es el Programa Social Libertario de Walter Reynaga.
Dos premisas son importantes y guían a la propuesta: 1) El Estado (gobierno) se apropia de la riqueza y es un mal administrador de las empresas públicas, por lo que su accionar se debe limitar, sólo a regular, controlar e incentivar la actividad económica en el país; y, 2) El pueblo boliviano, específicamente las familias bolivianas, son los dueños de toda la riqueza del país (factores productivos), y, por lo tanto, también de los recursos naturales que administra el Estado coyunturalmente.
En ese sentido, para reducir la burocracia estatal y el tamaño del Estado, debemos nacionalizar las empresas públicas. Recordemos que, durante todos estos años, se invirtió más de 15 mil millones de dólares en estas empresas, que como sabemos, son deficitarias e ineficientes. De hecho, el déficit acumulado de las empresas, desde el 2007 supera los 10 mil millones de dólares. Recordemos también que, los recursos que fueron destinados a estas inversiones tuvieron su origen en la explotación de gas natural, recurso que pertenece a todos los bolivianos, según la Constitución Política del Estado. Por lo que esa riqueza debe volver a manos de los bolivianos. Por lo tanto, lo que debe quedar claro para todos, es que se dio un mal uso de estos recursos.
Por lo tanto, en la primera fase del programa propuesto, se realizará el saneamiento técnico, jurídico y financiero de las empresas públicas. La idea es valorar las empresas, detectando deficiencias en cuanto al proceso de producción, sus proyecciones futuras, mercado y necesidades de inversión. En esta fase, se seleccionará una lista de empresas que tengan la posibilidad cierta de ser eficientes sin ningún tipo de intervención estatal, con salarios acordes al mercado y posibilidades de sostenibilidad en el tiempo. Complementariamente, se espera contar con una lista de empresas públicas saneadas que alcancen, por lo menos, a un valor de 6 mil millones de dólares. Estas empresas serán transferidas en fracciones (acciones) a la población boliviana en su conjunto de manera gratuita (mayores de 18 años).
Bajo esta premisa, las empresas deben ser transferidas en propiedad y administración a los “privados”, o sea, a todos los bolivianos, esperando que la nueva administración privada pueda llevar adelante una gestión eficiente de las empresas.
La propuesta tiene como objetivo distribuir el valor de las empresas públicas a la población en propiedad, creando, además, un programa que inyecte capital adicional vía créditos dirigidos por una institución estatal, para financiar actividades productivas viables que inicialmente tengan como meta la conformación de “clusters” en torno a las empresas públicas transferidas.
Joshua Bellott Sáenz