La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por el “elevado número” de investigaciones que se reportan sin avances.
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Pablo Peralta M. / La Paz
El reciente informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI Bolivia (MESEG Bolivia) detectó que hay investigaciones sin avances sobre los hechos de la crisis de fines de 2019. Además, identificó que aún no se implementó una política de reparación integral para las víctimas.
“A partir del seguimiento de las recomendaciones realizadas en este informe, continúa siendo de especial preocupación para la Comisión el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances. Al respecto, la CIDH recuerda que es fundamental la coordinación y compromiso de las Fiscalías para trabajar con todas las instituciones en el marco de sus competencias, y lograr impulsar los procesos y garantizar el acceso a la justicia”, se lee en las conclusiones del informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado firmaron un acuerdo el 12 de diciembre de 2019 para indagar los hechos de violencia ocurridos en la crisis de ese año en Bolivia. A través de ese convenio se dio se dio paso a la constitución del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia), que en agosto de 2021 presentó su informe final y una serie de recomendaciones.
En marzo de 2022, la CIDH y el Estado acordaron la constitución de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (MESEG), que emitió su primer informe en los últimos días.
En ese reporte se da cuenta que “no se ha avanzado significativamente” en la individualización de las responsabilidades, ni en la determinación de los hechos. También se concluye que los “retrasos (en las pesquisas) generan una situación de indefensión para los familiares de las víctimas y pone en una situación de mayor vulnerabilidad a aquellas personas que están en situaciones de detención preventiva o con restricciones a su libre circulación”.
En el documento también se “identifica que persisten desafíos en la implementación de una Política Nacional de Reparaciones” a las víctimas de la crisis de 2019, y que si bien se aprobó la denominada “Política Plurinacional de Reparación Integral para Victimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales”, la misma “no habría sido implementada”.
La CIDH, en el reporte, expresa su “preocupación” frente a los cuestionamientos presentados por las víctimas y asociaciones de víctimas en torno al proceso de discusión y socialización de la Política de Reparación.
“Al respecto, considera pertinente señalar que convocar a espacios participativos con la debida anticipación, que ofrezcan la información de manera oportuna, y que prevean un tiempo mayor para el análisis y la recepción de los comentarios por parte de las víctimas y sus asociaciones, es fundamental para garantizar su derecho a la participación efectiva”, se lee en el documento.