Este pecado mortal en el mundo de la política boliviana casi siempre fue castigado con el juicio, la expulsión, la confiscación de bienes, la cárcel. Muchos de los sediciosos fueron asesinados o simplemente desaparecieron.
El sedicioso del día Evo Morales ha causado más de 500 millones de dólares a la economía nacional, aunque hasta ahora no se le ha incoado legalmente juicio alguno.
Los empresarios están sufriendo cuantiosas pérdidas, 200 mil pollitos muertos, miles de toneladas de productos perecibles arrojados a los ríos, cientos de cisternas cargados de combustible llevan su inflamable carga por carreteras asediadas por evistas-masistas que quieren reponer a EMA como su candidato.
La legislación mundial, marca penalidades muy severas para aquellos «agitadores» de la población que incitan a la rebelión, desobediencia, resistencia, a cumplir la Ley y llaman al desorden, al levantamiento, a oponerse al mandato de la autoridad.
En la legislación boliviana la pena va entre 8 y 10 años de cárcel, además de la confiscación de los bienes del sedicioso, el remate y liquidación de sus bienes, los de sus allegados, hasta la tercera generación.
Por lo tanto, razón tienen los líderes cívicos y políticos que están pidiendo el pronto enjuiciamiento de Morales para que no siga causando tanto daño a la economía boliviana, a los empresarios, a las entidades estatales que ya no soportan tanta maldad, tanto daño generado por un individuo irresponsable, autor de masacres en el pasado y actualmente sin contar otros de orden moral que tienen que ver con la dignidad boliviana.