En medio de la agitación política, la desinstitucionalización rampante, junto con la persistente pobreza, que caracterizan a Bolivia, el reciente censo de 2024 ha surgido como una oportunidad crucial para comprender la verdadera magnitud de los desafíos del país y la urgencia de abordarlos. Sin embargo, al contemplar los resultados de este ejercicio demográfico, surgen interrogantes inevitables sobre los riesgos que enfrenta y los resultados que se pueden esperar en un contexto tan complejo.
La institucionalidad y competencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) son elementos clave para garantizar la calidad y credibilidad del Censo de Población y Vivienda 2024. Sin embargo, en junio de 2022, el INE aseguraba que el Censo de Población se llevaría a cabo en noviembre de ese mismo año, 2022, afirmando que todas las condiciones técnicas y financieras estaban garantizadas. Se había propuesto una metodología, se habían elaborado los materiales de capacitación y se había desarrollado el software necesario para la actualización cartográfica.
No obstante, poco después, el director del INE presentó su renuncia por motivos de salud. A pesar de ello, permaneció en su cargo y será el encargado del Censo 2024. Además, se recibieron denuncias de ex autoridades del INE que señalaban que la cartografía estaba desactualizada, situación que fue confirmada cuando miembros de la entidad comenzaron a realizar el estudio cartográfico. En resumen, el plan original era utilizar la información del Censo 2001 debido a la falta de actualización cartográfica durante el Censo 2012.
El riesgo de subestimar la magnitud de la pobreza y la exclusión social es una preocupación latente. El censo 2024 debe capturar la verdadera realidad de un país sumido en la desigualdad económica, enfrentando desafíos como el boicot político, la mala logística y capacitación, así como la voluntad de respuesta de la ciudadanía.
La politización en la ejecución del censo representa un riesgo significativo, con la posibilidad de boicoteo en ciertas zonas del país y manipulación de resultados. La posibilidad intervención del Poder Ejecutivo y el temor a la distorsión de datos con agendas partidistas son preocupaciones legítimas que deben abordarse para garantizar la transparencia y la objetividad del proceso.
La calidad de la capacitación de los censistas es fundamental para asegurar la precisión de los datos recopilados, así como la veracidad de las respuestas brindadas por los entrevistados, pero esto no se está garantizando porque no hay muchos censistas voluntarios. También existe el riesgo de la voluntad de responder y la veracidad de las respuestas brindadas por los entrevistados también representan un factor de incertidumbre, fuera del control del INE.
En caso de que los resultados censales perjudiquen de alguna manera al departamento de Santa Cruz, podría generarse malestar, dado que este cuenta con un censo departamental de población propio. Es fundamental que el valor del Censo Nacional refleje adecuadamente la estimación estadística establecida, evitando conflictos en la distribución de recursos y representación política.
Es probable que los comités cívicos, autoridades y legisladores de los departamentos del Sur y otras regiones, cuya población podría verse subestimada, expresen preocupaciones sobre una posible reducción en transferencia económicas en la coparticipación tributaria y representación política. Sin embargo, históricamente, estas manifestaciones suelen disiparse con el tiempo, como ocurrió en censos anteriores.
El Censo 2024 en Bolivia enfrenta desafíos críticos como la desinstitucionalización y la politización del proceso. La calidad del Instituto Nacional de Estadística es vital para la fiabilidad de los datos. La subestimación de la pobreza y la influencia política son riesgos reales. La capacitación de los censistas y la transparencia son fundamentales. El censo debe reflejar la realidad del país para una distribución equitativa de recursos y representación política. A pesar de los desafíos, ofrece una oportunidad crucial para abordar los problemas del país.
Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Analista Socioeconómico