Pese a haber sido aprobada la Ley de Elecciones Judiciales, la incertidumbre continúa

El pasado viernes, diputados del ala renovadora del MAS, la oposición y los radicales ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en el orden del día. No hay fecha para la nueva convocatoria.

Diputados no aprobaron ni las leyes económicas ni las de la «autoprórroga», pero sí ch’allaron. Foto: Red Uno

 



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Boris Bueno Camacho/La Paz

 

La convocatoria a las elecciones judiciales continúa en el limbo, porque la oposición y el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) exigen tratar en primera instancia las leyes 073 y 075, que permitan el cese de la prórroga de mandato de los magistrados de los altos tribunales de justicia, como condición para que inicie la etapa de preselección de candidatos.

Por su parte el ala que responde al presidente Luis Arce acusa a opositores y radicales de atentar contra la economía del país al negarse a tratar de manera prioritaria las leyes económicas, por intentar anteponer los dos proyectos que califican de inconstitucionales y asegurar que en el acuerdo del pasado 2 de febrero el compromiso fue “tratar” y no “aprobar” esas dos normas.

Comunidad Ciudadana pone como condición para el proceso de preselección de los candidatos la aprobación de los proyectos de ley de cesación de los magistrados. “La condición para que esto avance es que se saque a los autoprorrogados porque es un atentado contra la justicia y la democracia en el país”, aseguró.

Es más, el diputado de esa tienda política, Carlos Alarcón, sostuvo que el acuerdo que permitió suspender los bloqueos debe cumplirse totalmente y no por partes; es decir, ya promulgada las elecciones judiciales, ahora corresponde cesar en sus funciones a los magistrados y recién después aprobar los créditos internacionales.

El diputado de Creemos Erwin Bazán es aún más lapidario, considera que el Gobierno del presidente Luis Arce y los magistrados prorrogados tienen un pacto para protegerse mutuamente y evitar que las elecciones judiciales se lleven a cabo. Por ello -dice-, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) encontrará alguna argucia que permita ese objetivo, así como “anular” al Órgano Legislativo, donde los renovadores son minoría.

Aseveración compartida por la línea dura del Movimiento al Socialismo, cuyo máximo líder, Evo Morales, denunció en su programa dominical que el presidente Luis Arce se comprometió con los magistrados del TCP y del Órgano Judicial prorrogar su mandato hasta el 2027 a cambio de inhabilitarlo para las elecciones del 2025. “El Lucho, en persona, había comprometido garantizar la prórroga hasta el 2027 a cambio de la inhabilitación de Evo”, dijo.

En esa línea, el senador de la línea radical del MAS y presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Ángel Rejas, afirmó que debe cumplirse el acuerdo; sin embargo, entre tanto dará cumplimiento al lanzamiento de la convocatoria para las elecciones judiciales. Por ello, ya convocó a una sesión de esa instancia este miércoles 14 de febrero, a las 15 horas, para aprobar la convocatoria de preselección de candidatos.

Anticipó que también pondrá a consideración en la Comisión Mixta los proyectos de ley de cese de funciones de los magistrados, aunque el tema esté en el Pleno de Diputados.

La ALP tiene 80 días calendario para la convocatoria a elecciones judiciales y la preselección de los candidatos. Posteriormente, la responsabilidad pasa al Órgano Electoral que tiene 150 días para la organización y realización de la votación.