El sector de salud ya se manifestó en otras oportunidades en contra de esa disposición, pero las autoridades aún mantienen firme la intención de modificar la ley.
Fuente: ANF
El Consejo Nacional de Salud (Conasa) determinó un paro de 48 horas para la próxima semana en contra de la “jubilación forzosa” que pretende implementar el Gobierno mediante la modificación a la Ley de Pensiones. Los servicios de emergencia serán reforzados para todas las especialidades.
La jornada pasada, representantes del Conasa se reunió en el Colegio Médico de La Paz para definir la medida de presión que se desarrollará el 3 y 4 de abril en todo el país.
“Después de un análisis realizado con los trámites que se gestionaron ante las autoridades, donde no hemos tenido el eco necesario, se ha determinado proseguir con las medidas de presión; esta vez, realizar un paro de 48 horas a nivel nacional en todas las entidades de atención médica, en las cajas y en el sistema público. Obviamente, este paro médico excluye la atención de emergencia que será reforzada”, informó el presidente del colegio médico de La Paz, Edgar Villegas, en Fides.
El proyecto de Ley 035/2023-2024 de modificación a la Ley 065 de Pensiones estipula que los trabajadores mayores de 65 años sean sometidos a un examen físico y mental que certifique que aún puede desarrollar sus funciones laborales. La disposición excluye a los políticos y a autoridades.
“Hoy estamos luchando por nuestros derechos vulnerados por este Gobierno, a través de disposiciones totalmente ajenas a la Constitución Política del Estado, con el único fin de molestar y con el único fin de mentirle a la población boliviana. Cuando dice que la jubilación de los profesionales mayores a 65 años permitirá tener fuentes de trabajo para generaciones jóvenes, es una falacia, porque la nueva generación tiene que ser beneficiada con la creación de nuevos ítems de parte del Gobierno para darles un trabajo estable”, indicó Villegas.
El sector de salud ya se manifestó en otras oportunidades en contra de esa disposición, pero las autoridades aún mantienen firme la intención de modificar la ley.
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