Otto Ritter asegura que, si Bolivia no cumple con lo dispuesto por la CIDH, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Boris Bueno Camacho / La Paz
El abogado Otto Ritter, defensa legal de algunos implicados en el caso Terrorismo, aseguró que, si el Ministerio Público no investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas ocurridas el 16 de abril de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sí lo hará con el riesgo posterior de sancionar al Estado boliviano, que tendrá la obligación de procesar a los fiscales que se negaron a indagar esos sucesos.
En las pasadas horas, Los fiscales Marioly Torrez Jurado y Daniel Ortuño García, encargados de procesar la denuncia de Mario Tadic y Előd Tóásó por las supuestas torturas y vejaciones en el hotel Las Américas en abril del 2009, decidieron rechazar la denuncia porque “no hay suficientes indicios para llegar a la verdad histórica de los hechos” y los denunciantes no declararon para dar datos sobre los presuntos autores.
“Declaración más curiosa de los fiscales que lo han cerrado porque las víctimas no han venido a declarar, si estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, ¿van a venir a declarar los muertos? Contrataremos a una médium para espiritar, es una barrabasada lo que han hecho los fiscales y el problema no es para ellos ni para las víctimas solamente; el problema es para el Estado boliviano”, aseguró.
El legista recordó que si el caso es abierto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH), el Estado boliviano se arriesga a una sanción penal en el tribunal internacional y los fiscales van a tener que responder por encubrimiento al haberse negado a investigar los sucesos ya que el país no podrá demostrar que cumplió con las recomendaciones de la CIDH.
“Si no cumple, va a un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Ministerio Público es parte del Estado boliviano que asume la responsabilidad por todos los órganos, por todas las instituciones públicas, incluso cuando los privados vulneran derechos y el Estado no asume la responsabilidad de sancionar, se sanciona al Estado”, recordó.
Foto: captura pantalla
La parte final de la resolución señala que la determinación puede ser objetada en un plazo de cinco días, que corre desde que se haga la notificación correspondiente y que la denuncia podrá ser reabierta en el término de un año, pero en caso de no hacerlo la acción se extinguirá. Al respecto, Ritter aseguró que lo que corresponde es que el Fiscal de Distrito debe revocar la decisión y ordenar que continúen las investigaciones.
“Si es muy sencillo, pida la lista de los policías de la UTARC; segundo, quiénes participaron en el operativo, que declaren quién dio la orden, sabemos que fue Evo Morales a García Linera, esta a quien dio la orden y cómo fue la orden, (…) declaren los fiscales de La Paz por qué no mandaron a los detenidos al médico forense; el juez cautelar que explique por qué no veló por los derechos humanos y vio que fueron ilegalmente detenidos, no había fiscales en el operativo, y ahí se establece quiénes fueron los culpables”, enfatizó.