El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debe ser trasladado para el inicio del juicio por el caso Decreto 373, insistió el abogado Martín Camacho. El inicio del juicio está fijado para el 11 de abril
[Captura de pantalla] / Camacho cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, La Paz
Fuente: Unitel
El inicio del juicio por el caso decreto 373 está fijado para el 11 de abril en Santa Cruz. Este acto judicial debía iniciar en marzo; sin embargo, fue postergado debido a la ausencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien es el principal acusado.
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Al respecto, Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña, indicó que el martes 26 de marzo ya se realizó la notificación a las autoridades correspondiente para el traslado, entre estas el director de la cárcel de Chonchocoro, donde el gobernador cumple detención preventiva.
Agregó que la Justicia establece que la notificación se debe realizar 24 horas antes; sin embargo, en este caso se realizó casi dos semanas antes, por lo que espera que esta vez se pueda cumplir el traslado.
“Vemos que es un plazo de notificación demasiado amplio y el director de la Chonchocoro ya debería estar cumpliendo con la obligación de verificar cuáles son los requisitos y además cuál va a ser el mecanismo para cumplir con la Ley, con el traslado de Camacho”, sostuvo.
Agregó que la obligación del director de Chonchocoro es trasladar a Camacho de La Paz a Santa Cruz, como lo debería hacer en caso de cualquier reo, cuando la Justicia lo determine.
El inicio del juicio está fijado para el 11 de abril a las 8:15. En la anterior fecha, en marzo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que no existían las condiciones de seguridad necesarias para proceder a ejecutar el operativo.
Anuncian que apelarán por el caso del paro de 36 días
El lunes, la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz resolvió que los actuados dentro de la investigación por el paro de los 36 días por el Censo, continúen teniendo como sede la ciudad de La Paz y no así la capital cruceña, como lo solicitaron los investigados.
Al respecto, el abogado indicó que agotarán las instancias legales para insistir en el traslado a Santa Cruz y en caso de no ser escuchados recurrirán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).