Dicho convenio internacional hizo estallar la tensión con Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas a manos de la organización chií libanesa Hizbollá en directa vinculación con el Gobierno iraní tal como lo demostraron las investigaciones de la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992 (22 muertos y 242 heridos) y el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 (85 muertos y 300 heridos).
“A cualquier país vecino le va a incomodar dichos acuerdos militares, especialmente, por la falta de transparencia”, indicó Montero en Asuntos Centrales luego de explicar que la petición de informe escrito demanda conocer el contenido en detalle sobre el convenio firmado con Teherán.
En explosivas declaraciones, la ministra de Gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, denunció la presencia de 700 efectivos del Quds iraní (el brazo militar en las operaciones extranjeras de la Guardia Revolucionaria iraní), que se les habría entregado pasaportes bolivianos y que su presencia apunta a la entrega de drones iraníes con fines militares.
“Presentamos en febrero una petición de informe a la Canciller Celinda Sosa sobre los acuerdos con irán”, señaló Montero.
En este sentido, “pedimos que la cancillería nos informe cuántos convenios fueron firmados con irán, qué alcance tuvieron y qué resultados”.
“El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora no es claro sobre los alcances de estos acuerdos con Teherán”, alertó.
“Irán busca convertir a Bolivia en un punto clave de sus intereses geopolíticos en la región”, manifestó.
Por ello, “queremos ver los convenios establecidos con Irán, que los muestren”.
“Nos preocupa la seguridad interna por la presencia de súbditos iraníes en Bolivia”, afirmó.