A la vez, explicó que en caso de que el Estado llegue a una conciliación con las víctimas y se ejecute el resarcimiento económico, no significa que la investigación penal se cierre, sino que debe continuar hasta obtener una sentencia.
Fuente: ANF
Tras conocer que el Estado boliviano abrió una investigación por las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, el experto en derechos humanos Franco Albarracín afirmó que el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales debe ser incluido en ese proceso porque fue uno de los autores intelectuales, además de sus exministros.
“Significa que la investigación debe ser contra autores materiales y contra autores intelectuales, el Estado tiene la obligación de convocar, investigar y procesar absolutamente a todos los que han participado en estas ejecuciones incluidas las exaltas autoridades. En ese sentido, tienen que convocar y citar al expresidente Evo Morales, al exministro Juan Ramón Quintana”, explicó el abogado a la ANF.
A través de un comunicado, Elod Tóásó y Mario Tadic informaron que el gobierno de Bolivia abrió un proceso penal en contra de los responsables por las ejecuciones extrajudiciales, tortura y vulneración de derechos humanos en el operativo del Hotel Las Américas, en abril de 2009. El caso radica en el juzgado Sexto de Instrucción Penal de Santa Cruz y está a cargo de la fiscal Marioly Torrez.
Albarracín dijo que el inicio de esa investigación forma parte de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 contra el Estado boliviano, tomando en cuenta que dispuso una reparación integral a las víctimas para evitar un juicio internacional.
“El Estado boliviano se ha tardado en iniciar este proceso penal, ya sea por razones políticas o de otras características, pero ahora que existe una resolución obligatoria de una entidad internacional debe cumplir, no tiene otra opción que iniciar este proceso, de lo contrario el proceso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, puntualizó.
En su resolución, la CIDH concluyó que el Gobierno boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
También recomienda reparar las violaciones y tomar medidas de compensación económica y satisfacción, disponer las medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas. Asimismo, recomendó que se inicie una investigación diligente para sancionar y tomar las medidas para que en el futuro estos hechos no se repitan.
“Iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos de forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer sanciones que correspondan respecto las graves violaciones de derechos humanos reconocida en el presente informe”, señala el punto tres de las recomendaciones de la CIDH.
Asimismo, señala que, al tratarse de vulneración a los derechos humanos, el Estado no puede oponerse, declarar la prescripción del caso o eximir de responsabilidad a los implicados en esos hechos.
La denuncia contra el Estado boliviano por la intervención al Hotel Las Américas fue activada por la madre de Michel Dwyer, que falleció durante el operativo policial. La demanda fue admitida recién el 2018.
Por otra parte, el experto explicó que en caso de que el Estado llegue a una conciliación con las familias de las víctimas y se ejecute el resarcimiento económico, no significa que la investigación penal se cierre, sino que debe continuar hasta obtener una sentencia en contra de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.
“Si se llega a una conciliación por la reparación de daños y las victimas están conformes, no significa que se cierre el caso. Estamos hablando de una reparación integral, el proceso recién se va a cerrar cuando se investigue, se procese y se sancione a los autores directos como a los autores intelectuales”, precisó
Orden
Por otra parte, Albarracín recordó que existe un video donde Morales admite que ordenó que se lleve a cabo el operativo policial para aprehender a los ciudadanos extranjeros, consideró que esa es una prueba irrefutable de la culpabilidad del exmandatario.
En un video de 2009, se puede ver al entonces presidente Morales informar que dio “instrucciones” al vicepresidente, Álvaro García Linera y por su intermedio al comandante de la Policía para hacer un “operativo (para) a detener a estos mercenarios”, en relación a los sindicados de «Terrorismo y Separatismo».
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