La Paz. – El memorial de denuncia interpuesta por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), dos informes técnicos, un contrato de compra de geomembranas, un acta de inspección y la declaración en calidad de testigo de Willy E. M., funcionario de la empresa estatal, son parte de los ocho elementos que usó el Ministerio Publico para fundamentar la imputación contra el exgerente nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), Luis Alberto Echazú.
La ANF accedió a la imputación que emitieron los fiscales Remberto Roca y José Rodríguez el martes, por tres tipos penales. Ambos funcionarios judiciales afirman que esa resolución fue realizada con base en una adecuada valoración de los documentos que fueron obtenidos durante la etapa preliminar de investigación.
“Cabe dejar constancia que la presente resolución de imputación formal es realizada con base en una adecuada y objetiva valoración de los elementos que han sido colectados en el transcurso de las investigaciones en la etapa preliminar, valoración que es realizada en el ejercicio de las facultades y funciones que posee el Ministerio Público”, señala el documento.
Los indicios
El primer elemento que toman en cuenta es la denuncia que presentó la empresa estatal el 19 de abril. Segundo componente, el informe de la Unidad de Auditoría Interna de YLB del 27 de marzo del año en curso que ratifica el estudio técnico del 16 de marzo, donde señala que se encontraron irregularidades en la prueba de aire que fue ejecutada con parámetros diferentes a los establecidos en la Norma ASTM D7177 05.
A la vez, señala que el informe técnico YLB-GIP-0035-INF/24 del 16 de febrero de 2024 establece tres factores para que las 18 piscinas industriales no estén en funcionamiento debido al deterioro de las geomembranas de PVC (cloruro de polivinilo). El material para recubrir los estanques tenía un espesor de 0.50 milímetros (mm) y no el requerido de 0.75 mm.
El deterioro de la geomembrana fue por la inadecuada prueba de aire y, finalmente, atribuyen a una supuesta mala administración y dirección técnica porque el material quedó expuesto a los rayos solares.
Como cuarto elemento se encuentra en contrato que suscribió la GNRE con la empresa Maccaferri el 17 de julio de 2015, para la adquisición de 8.075.140 metros cuadrados (m2) de geomembrana PVC con un espesor de 0.50 mm por Bs 141.629.880,46, que sirvió para la impermeabilización de las 18 piscinas que se encuentran fuera de operaciones.
“Con cuyo material se impermeabilizó 18 piscinas que no operaron (17 impermeabilizadas y 1 reimpermeabilizada) A6, B3, B4, C5, A7, C2, B6, B7, C6, A9, 89, C8, C9, A12, B10, B11, B12 y C12”, precisa.
Sobre ese punto, se añade que luego de que se realizó el recubrimiento no fueron puestas en operación de forma inmediata por la falta del sistema de bombeo y las bombas de trasvase. Según el documento, esos mecanismos fueron entregados años después, aunque no precisa el tiempo exacto de la demora.
“No habiéndose efectuado ninguna acción orientada a la protección de los geosintéticos; por tal motivo, la exposición a los rayos solares, se constituye en un factor adicional que generó piscinas no operables, más aún cuando pesaban de manera antelada los dos factores que, analizados como una prosecución vinculada de hechos, provocaron serio perjuicio por traducirse en la adquisición injustificada técnicamente de Geomembrana PVC de menor espesor, que al no ser adecuada para su uso industrial en el Salar de Uyuni, ante la realización de pruebas de aire realizadas de manera inadecuada provocaron el deterioro de las mismas, reduciendo su utilidad y resistencia, en cuyas condiciones fue expuesta a la radiación solar sin ninguna medida técnica de protección”, indica.
Asimismo, se toma en cuenta la Nota Interna OP-GNRE No. 304/2015 que da inicio al proceso de adjudicación del material donde se observa la falta del informe técnico que justifique el cambio del espesor de la geomembrana.
El 27 de septiembre de 2021, se realizó una inspección ocular del estado de los estanques donde se verificó que estaban inactivas, ese actuado se realizó bajo la presencia de un notario de fe pública a solicitud de la jefe de departamento de Administración de la Planta Llipi, Shirley Castro.
El lunes, el Ministerio Público realizó un registro a las instalaciones de YLB, en la ciudad de La Paz, donde se colectaron seis expedientes y dos formularios de control de calidad. Aunque no explica que contiene esos legajos.
Finalmente, el lunes se tomó las declaraciones de Willy Fernando E. M. en calidad de testigo que es funcionario de la gerencia de investigación, ingeniería y proyectos de YLB, bajo el cargo de ingeniero de diseño, montaje y construcción junior.
De acuerdo al portal de la Contraloría General del Estado, el funcionario realizó su declaración jurada el 16 de enero del año en curso y trabaja en la empresa estatal. Cuenta con una propiedad, bienes activos por Bs 75.000 y las rentas recibidas ascienden a Bs 146.312
“Entrevista informativa policial en calidad de testigo de Willy Fernando E. M. ingeniero de diseño, montaje y construcción junior dependiente del departamento de ingeniería de la gerencia de investigación, ingeniería y proyectos YLB, recepcionada en fecha 22 de abril de 2024, mismo que de manera clara y concreta da detalles del estado de las piscinas afectadas, así como de los hechos que dieron lugar a tal consecuencia”, precisa.
Hasta el momento existen cuatro personas cauteladas de las 11 que son investigadas por la Fiscalía. El exministro Luis Alberto Echazú tiene detención domiciliaria, otros dos exfuncionarios también fueron beneficiados con medidas sustitutivas. Mientras que un técnico fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.
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